¿Quién responde por malas notas en la Cámara de Representantes?

Las calificaciones a la gestión administrativa de la Cámara de Representantes otorgadas por entidades públicas y privadas son tan mediocres que en un país responsable las personas a cargo de esas labores deberían renunciar, pues es obvio que no están cumpliendo a cabalidad sus tareas, pero el tema parece no importarle a nadie con la suficiente influencia para impulsar correctivos.

En los últimos meses se han conocido dos informes con notas negativas que involucran a la Dirección Administrativa de la Cámara de Representantes, bajo la responsabilidad de Gloria Inés Raigoza Pinzón, quien está en ese cargo desde 2012 y al que llegó recomendada por el Partido de la U.
La primera entidad en calificar con notas bajas a esa dependencia fue Transparencia por Colombia, organización no gubernamental que, desde 1998, propende por una gestión pública transparente y sin corrupción. Los resultados están contenidos en un estudio realizado hace un par de meses en el que se evaluaron las prácticas administrativas de 85 entidades estatales.

Luego de medir un conjunto de variables de gestión sobre los años 2013 y 2014, Transparencia por Colombia le otorgó a la Cámara de Representantes un puntaje de 24,3 sobre 100 y determinó que el riesgo de corrupción era “muy alto”, siendo esa entidad la más destacada negativamente en un listado de diez, sobrepasando al Senado de la República (45,4), al Consejo Superior de la Judicatura (49,8) y al Ejército Nacional (51,2).

Transparencia por Colombia aseveró que los resultados “dan cuenta de lo lento que van” los procesos de modernización en la Cámara de Representantes y la persistencia de “prácticas administrativas tradicionales”, por lo que urgió a que se tomaran las medidas respectivas para superar esas vulnerabilidades.

La Contraloría General de la República (CGR) también evaluó la gestión de la Dirección Administrativa de la Cámara de Representantes para el año 2014, cuyos resultados fueron presentados en un informe de auditoría en julio pasado. En este examen, las notas tampoco fueron favorables: “La CGR como resultado de la auditoría adelantada conceptúa, con fundamento en los principios de eficiencia, eficacia y economía de la función pública, que la gestión de la Dirección Administrativa de la Cámara de Representantes respecto de las actividades evaluadas por la vigencia 2014, es desfavorable, con una calificación de 53,95”.

En su auditoría, la CGR identificó varias debilidades, entre ellas que, en materia contractual, se evidencia “el incumplimiento de los requisitos de la fase precontractual, en las publicaciones en el SECOP; inadecuada supervisión de los contratos, falta de gestión para la liquidación de los contratos y en el ajuste de pólizas de garantía de cumplimiento”.

En este tema contractual, la CGR estableció que la Dirección Administrativa de la Cámara de Representantes suscribió en 2014 916 contratos por un valor de 36.094 millones de pesos. Al tomar una muestra de 38 de esos contratos, por un monto de 20.817 millones de pesos, que equivalen al 4,1% del total y al 57,7% del valor total, se evidenciaron algunas fallas: “falta de publicación en el SECOP de estudios previos de los contratos de prestación de servicios, falta de criterios objetivos para determinar el perfil de los contratistas que pueden satisfacer la necesidad de la Dirección Administrativa de la Cámara de Representantes; debilidades en la supervisión de los contratos y en el requerimiento de cobertura de las pólizas de cumplimiento”.

Lo sorprendente es que esta situación ya había sido evidenciada a finales de 2014 por Samuel Garzón Tenjo, un riguroso funcionario de la Cámara de Representantes, quien se aplicó a revisar, uno a uno, 400 contratos por prestación de servicios, por cerca de 6,300 millones de pesos, firmados por la Dirección Administrativa de la Cámara de Representantes entre el 2 y el 26 enero, fecha límite antes de la entrada de vigencia de la Ley de Garantías, de cara a las elecciones para el Congreso y la Presidencia de la República.

Tuve la oportunidad de conocer a Garzón Tenjo hace unos días en Bogotá y con una disciplina y rigurosidad envidiable me explicó algunas particularidades en esa contratación, buena parte de las cuales se reflejan en los argumentos que soportan las malas notas entregadas por Transparencia por Colombia y la CGR. Por ejemplo, identificó cerca de 200 contratos “que podrían estar enmarcados dentro del concepto de nóminas paralelas como quiera que en sus objetos contractuales se incluyen labores reservadas para el personal de planta bien en carrera administrativa o bien en provisionalidad”.

Adicional a ello, aseveró que muy posiblemente la Cámara de Representantes “podría estar convirtiéndose en una fábrica de necesidades ficticias para contratar servicios no requeridos”, entre otras razones porque encontró evidencias de “posibles pagos por labores no cumplidas y objetos contractuales que no se llevaron a cabo”. Muestra de ello, según Garzón Tenjo, son los cerca de 54 contratos asignados a la Comisión Legal de Cuentas, dependencia que en el primer semestre del año pasado solo tuvo una sesión, el 26 de marzo, y no realizó debates de control político, según se lo certificó Jaime Alberto Sepúlveda Muñetón, en carta fechada el 23 de septiembre de 2014.

Éstos y muchos más hallazgos se los expuso Garzón Tenjo a la Directora Administrativa de la Cámara de Representantes, Gloria Inés Raigoza Pinzón, a través de un derecho de petición fechado el 5 de noviembre de 2014 y radicado ese mismo día en la Unidad de Correspondencia de la célula legislativa. La respuesta de la Dirección, con fecha del 11 de noviembre, fue firmada por el Jefe de la División Jurídica, José Edison García García. Si bien le respondieron las peticiones, se le recordó también que, por ser funcionario de Cámara de Representantes, posiblemente habría incurrido en una “extralimitación de funciones, hecho que será puesto en conocimiento de las autoridades competentes, a efectos de que sean estas instancias las que determinen si su actuación es ilegítima y en caso positivo, se adelanten las investigaciones correspondientes”.

Lo paradójico es que siete meses después de esa respuesta buena parte de lo advertido por Garzón Tenjo fue avalado por Transparencia por Colombia y CGR. Respaldado en esos conceptos, el funcionario le envió una carta el pasado 19 de agosto al Presidente de la República sugiriéndole que, junto al Presidente de la Cámara de Representantes, se presente un proyecto de ley al Congreso a través del cual se constituya un consejo de administración que le imprima mayor transparencia a la Dirección Administrativa de esa célula legislativa para que pueda salir de ese deshonroso primer lugar entre las entidades con mayor riesgo de corrupción.

No obstante, me queda el sinsabor de que ante las malas calificaciones nadie asume las consecuencias ni se les exige que las asuman. Así es la burocracia.

En Twitter: jdrestrepoe