Archivos de la IV Brigada del Ejército de Medellín

Hace un par de semanas estuve exponiendo en una de mis clases en la Universidad de Antioquia los hallazgos documentales en una vieja sede de la extinta Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala por parte de la Procuraduría de Derechos Humanos. Lo que inicialmente era una inspección sobre una desactivación de explosivos se convirtió en el descubrimiento de millones de folios que contienen la historia de las acciones de esa unidad policial entre 1880 y 1997.

Arrumados en bodegas, afectados por la humedad y sin ningún tipo de orden, se encontró el mayor archivo documental del país centroamericano. Su existencia fue negada a finales de la década del noventa por las autoridades de ese país cuando la Comisión de la Verdad quiso conocerlos, una vez finalizada la guerra civil en ese país.

El hallazgo se produjo el 5 de julio de 2005 y desde ese momento se abrió una Caja de Pandora que da cuenta de las atrocidades que cometió la PNC durante los años de la confrontación armada que se prolongó por 36 años (1960-1996). La información contenida en sus documentos ha servido no solo para adelantar sendos procesos judiciales sino para entender el papel de los servicios de inteligencia contra todo aquel que consideraban “enemigo”.

Luego de analizar la trascendencia de lo sucedido en Guatemala, surgió en clase la inquietud sobre el destino de los miles de documentos de inteligencia y reportes de operaciones que durante años han generado las distintas guarniciones militares en el país.

En la discusión se planteó el caso de la IV Brigada del Ejército, una de las más comprometidas en acciones contrainsurgentes irregulares durante buena parte de la década del noventa y comienzos del dos mil, si se tienen en cuenta las distintas sentencias que se han proferido en contra de militares que estuvieron destacados allí y de los señalamientos que han hecho exparamilitares ante los tribunales de Justicia y Paz.

El tema revivió esta semana cuando se divulgó la noticia de una nueva condena contra oficiales y suboficiales de la IV Brigada del Ejército comprometidos en la ejecución extrajudicial de dos campesinos ocurrida el 29 de septiembre de 2004 por tropas del Batallón Contraguerrilla N. 4 en zona rural de Nariño, Antioquia. Ya son varias las sentencias que profiere la justicia contra militares que actuaron criminalmente desde esa unidad. El asunto ya pasa de lo individual a lo sistemático.

Pero hay otros hechos. En la historia de los ataques a defensores de derechos humanos se registran casos como el de la muerte de Jesús María Valle Jaramillo, ocurrida el 27 de febrero de 1998 en Medellín. Semanas antes de su asesinato fue denunciado por un militar de la IV Brigada, quien acusó al activista de atentar contra la buena imagen del Ejército.
 
Desde esa unidad militar también se orquestó, según el exparamilitar Raúl Hasbún Mendoza, una masacre que perpetraron hombres bajo su mando en el suroccidente de Medellín. La acción se presentó la noche del 29 de junio de 1996, cuando cerca de diez paramilitares, portando armas de uso privativo de las fuerzas militares y distintivos (chalecos y brazaletes) del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, llegaron a la terminal de transporte de Belén Altavista asesinaron a 16 personas y le causaron heridas a otras cuatro tras no obtener respuesta sobre el paradero de presuntos milicianos que residirían en esa zona.

Los hechos macabros que rodean la historia de la IV Brigada del Ejército permiten preguntar por la memoria documental que reposa en sus oficinas: ¿qué controles se han dispuesto para evitar que archivos estratégicos sobre la confrontación armada sean desaparecidos de allí? ¿Quién podrá garantizar que ante la conformación de la comisión de la verdad concretada en La Habana con las FARC, que entrará en vigencia una vez se firmen los acuerdos, los archivos militares no sean destruidos? ¿Se puede pensar en un mecanismo de control?

Considero que desde ya debería disponerse de estrategias de preservación de archivos, con personal civil, ajeno a la institución, que impidan su eliminación y, por tanto, se diluyan las responsabilidades militares en aquellas acciones perpetradas por fuera de la ley contra todas aquellas personas que consideraron “enemigas”.

Mucho se habla de la memoria en Colombia, pero hasta el momento el concepto se ha quedado en el testimonio de las víctimas, valioso por cierto, pero insuficiente a la hora de valorar, estructuralmente, lo que ha pasado durante 51 años de confrontación armada. Los documentos que reposan en guarniciones militares, unidades policiales, despachos judiciales y en archivos históricos también “hablan” y tienen su versión de los hechos. Son complementarios a las voces de quienes han padecido la guerra. Por tanto, no pueden subestimarse.

Es clave para el entendimiento ciudadano, del presente y del futuro, que se desarrolle una política pública de rescate, preservación y divulgación de documentos de inteligencia militar y policial de las últimas tres décadas, periodo del mayor escalamiento de la guerra contrainsurgente que comprometió la vida de miles de civiles. Es muy probable que tal iniciativa choque con los intereses de los altos mandos castrenses, pero se requiere su apertura, sin ella la historia que se piensa contar quedará corta.

El caso de los archivos de la Policía Nacional Civil de Guatemala es el claro ejemplo del desgreño intencionado para ocultar las prácticas criminales durante la guerra civil. Me temo, muy desde la intuición, que en nuestro país están desapareciendo silenciosamente archivos claves para entender la guerra y el problema es que no tendremos la oportunidad del país centroamericano de encontrarlos. ¿Qué hacemos?

En Twitter: jdrestrepoe
*Periodista y docente universitario