Santos con el sol a sus espaldas

A mediados del mes de mayo se produjo uno de los fallos más polémicos por parte de la Corte Constitucional de Colombia que se haya visto en tiempos recientes. Dicho fallo es relevante puesto que podría tener importantes efectos en la implementación de los acuerdos entre el Gobierno y la guerrilla de las Farc. Todo esto en un momento donde confluyen varios elementos adversos a la administración Santos, como son la percepción negativa que tienen los ciudadanos frente a la implementación de los acuerdos, donde el 65,2 por ciento considera que va por mal camino, frente a un 27 por ciento que considera que va por buen camino.

De igual manera, coincide con los efectos de ser un presidente con muy baja popularidad y ya en etapa de retirada luego de ocho años de Gobierno; lo cual tiene inevitables efectos en términos de gobernabilidad puesto que todas las fuerzas políticas que han hecho parte de su coalición se están reacomodando ad portas de las elecciones legislativas y presidenciales de 2018. Adicionalmente ninguno de los candidatos que hoy ocupan los primeros lugares en intención de voto, hacen parte del Partido de la Unidad Nacional. Ni siquiera su exvicepresidente Vargas Lleras, quien desde hace meses tomó distancia del Gobierno y siempre tuvo una “prudente” voz crítica con respecto al acuerdo de paz, incluso mientras estaba en el gobierno.

El fallo de la corte abre la puerta para que el Congreso pueda deliberar y hacer modificaciones a todos aquellos temas contenidos en el acuerdo que requieran trámite en el Legislativo de ahora en adelante y sin retroactividad. Pero más importante aún, hiere profundamente al Acto Legislativo para la Paz, instrumento que le da vía libre al fast track.

Esto ha generado enormes controversias, puesto que los argumentos de la corte coinciden con los del Centro Democrático bajo el liderazgo del senador Iván Duque. El principal argumento se centra en que evitar la deliberación legislativa viola el Estado de derecho y de no hacer cumplir ese principio se incurriría en la sustitución de la Constitución. Esto por supuesto tiene indignado al Gobierno y a las Farc. Ellos consideran que en procesos de justicia transicional no cabe la tesis de sustitución de la Constitución porque lo que está en juego es un bien mayor, como es la paz.

Sin embargo el acuerdo está basado en obligaciones recíprocas. Quienes lo apoyan consideran que el Estado les está fallando a través del pronunciamiento de la corte, pero yo creería que lo que está haciendo es salvaguardar la Constitución y evitar que se use el fast track para incorporar elementos que nada tienen que ver con lo acordado en La Habana. Las Farc por su parte sí han incumplido sus compromisos, y vale destacar tres: La primera tiene que ver con no aceptar que hayan reclutado a menores de edad y con ello impedir su incorporación a la vida civil. Su resistencia a aceptar esta evidencia tiene que ver con que para el CIDH se trata de un delito de lesa humanidad no amnistiable.

El segundo incumplimiento tiene que ver con la dejación de armas. La fecha límite para dicho acto tuvo que aplazarse en dos ocasiones pero además simultáneamente el Ejército colombiano ha ido encontrando caletas llenas de potentes armas evidentemente no declaradas. Lo cierto es que es prácticamente imposible que entreguen la totalidad de las armas, sobre todo teniendo en cuenta que según la propia guerrilla, aún hay al menos 900 caletas con armamento todavía escondido en “las montañas de Colombia”. Vale la pena señalar que el fallo de la corte también puede afectar la dejación completa de armas, pues según la guerrilla, hasta que no aprueben iniciativas como la que reglamenta la Justicia Especial para la Paz, ellos alegan no tener las suficientes garantías jurídicas para dejar las armas. Excusa que les cae como anillo al dedo.

Y en tercer lugar, hay un importante número de disidentes de las Farc que se han incorporado en las filas de otras agrupaciones guerrilleras como el ELN o a bandas criminales que han tomado el control y el poder de zonas donde antes dominaban las Farc o que son áreas claves para el narcotráfico o cualquier otro tráfico ilícito.

Finalmente, es evidente que el Gobierno tiene ante sí un enorme reto. Tiene que poner a funcionar sus mayorías en el Congreso en un momento donde no hay recursos, ni arraigo popular, ni poder de convicción, pero sobre todo donde la oposición va a aprovechar cualquier oportunidad para evitar la aprobación de lo que a su juicio vaya en contra de la democracia o la institucionalidad.

El presidente ya tiene el sol a sus espaldas y apoyarlo en este momento se constituye cada vez más en un problema político. Y como ya empezó el periodo preelectoral, sin duda la implementación de los acuerdos con la guerrilla será el centro del debate. En ese sentido, los principales temas de discusión serán la puesta en marcha de la JEP y la participación política de las Farc. Sin duda sus más aguerridos adversarios serán los líderes del Centro Democrático quienes utilizarán el argumento del miedo ante la posibilidad de ver a Colombia como una nueva Venezuela.

Ya no es hora de dar patadas de ahogado. Es impresentable que el Gobierno ahora se venga lanza en ristre contra del magistrado Carlos Bernal, pidiendo al Alto Tribunal que anule el fallo de la corte alegando que Bernal estaba impedido para votar por haberlo hecho un día después de asumir el cargo y que por ello se violó el debido proceso. Es decir, puros argumentos de procedimiento y forma infundados y no de fondo. ¿En qué quedan entonces las leyes, las normas y la Constitución? ¿Acaso para pasárselas por el forro? Acordémonos que son 7.000 guerrilleros frente a 45 millones de habitantes.