Juez Garzón: ¿derogamos las amnistías?

La demanda por prevaricato al juez Garzón, de España, y su posible inhabilitación por 20 años, han vuelto a poner sobre el tapete un tema que ha sido recurrente en los últimos años en varios países: la derogación de las amnistías. El tema se ha discutido en España, El Salvador, Chile y Uruguay. Argentina ya derogó la suya. Varios organismos internacionales de derechos humanos lo recomiendan. Cualquiera que sea el desenlace del caso del juez Garzón, el debate nos puede caer encima en algún momento.

El debate español es para nosotros muy interesante por la forma y por el fondo. El mediático juez Garzón decidió un buen día investigar los crímenes del franquismo durante la Guerra Civil y la dictadura, pasando por alto la Ley de Amnistía de 1977 que indultó por igual crímenes franquistas y republicanos. El Tribunal Supremo (equivalente a nuestra La Corte Suprema de Justicia) lo investiga por excederse en sus funciones y pasar por alto esa ley. Las organizaciones de derecha apoyan al Tribunal Supremo contra Garzón, mientras las de izquierda apoyan a Garzón contra el Tribunal Supremo. Pero en la disputa nadie ha pedido investigar los crímenes de los republicanos, que también se cuentan por miles: solo en la cárcel de Paracuello, por ejemplo, el eterno secretario del Partido Comunista español, Santiago Carrillo, resultó involucrado en 2.000 asesinatos. Pero allá, como en otras partes, las víctimas de los crímenes de la izquierda no tienen dolientes ni voceros ruidosos, desafortunadamente, mientras que las víctimas de la derecha tienen sus abanderados y amplio eco en los medios de comunicación, afortunadamente.

El caso es que sectores de la izquierda española quieren zanjar la disputa entre el Tribunal Supremo y el juez Garzón proponiendo la derogación de la Amnistía de 1977, para lo cual se apoyan en el argumento de que los crímenes de lesa humanidad no prescriben. Esta solicitud la respaldan nada menos que dos resoluciones de Naciones Unidas que invitan a España a derogar esa ley para hacer efectivo el cumplimiento de los pactos internacionales firmados por el Estado español, esto es, la Convención contra la Tortura y los Tratos y Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes, y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.

De otro lado, hace pocos días, a raíz del vigésimo aniversario del asesinato de los sacerdotes jesuitas en el curso de la Guerra Civil, el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (Idhuca) solicitó al Congreso salvadoreño derogar la amnistía aprobada en este país en 1993, y que perdonó por igual a guerrilleros y militares. Por los mismos días el gobierno argentino, en una reunión de la ONU en Ginebra, le hizo al gobierno salvadoreño la misma petición. Gran Bretaña se sumó a esta solicitud. No hace mucho el Frente Amplio, de tendencia izquierdista, impulsó en el Congreso una iniciativa para derogar la Ley de Amnistía en Uruguay. La ONU también le solicitó a Chile derogar su amnistía. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también recomienda, en general, dejar sin efecto las leyes de amnistía por violar el derecho internacional.

Esta discusión no ha llegado a Colombia. Tal vez porque el mundo está pendiente de la aplicación de la Ley de Justicia y Paz para castigar a los paramilitares y a sus socios. Pero todos se han olvidado de que comenzando los años 90 aquí hubo leyes de amnistía para cinco grupos guerrilleros: el M-19, el EPL, el PRT, el Quintín Lame y la CRS. Estas leyes a estas organizaciones les perdonaron innumerables crímenes de lesa humanidad como asesinatos y secuestros. Pero para las ONG nacionales e internacionales, cuyas simpatías con la izquierda son reconocidas, esos crímenes son perdonables. Los que son imperdonables son los de los paramilitares.

Tal vez por esta razón ninguna ONG nacional ha expresado su solidaridad con el juez Garzón, puesto que de hacerlo estarían validando la posibilidad de que a un juez colombiano, o español o argentino, le dé un buen día por pasar por alto las amnistías que les dieron a esos grupos guerrilleros, e investigar, juzgar y castigar sus centenares de crímenes de lesa humanidad que quedaron impunes y cuyas víctimas nunca fueron reparadas. Esto al parecer no sería de su agrado. Pero la segura caída de Garzón redoblará los esfuerzos internacionales por derogar las amnistías y será difícil excluirnos del debate. No olvidemos que Colombia también ha firmado los pactos internacionales arriba mencionados y la comunidad internacional nos podría exigir su cumplimiento. Preparémonos.