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Opinión

  • | 2003/06/09 00:00

    Justicia o Paz: Un dilema por resolver en Colombia

    Germán Ortiz Leyva, profesor de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario, escribe sobre las diferentes medidas tomadas por el gobierno Uribe para solucionar los problemas de orden público y su incidencia sobre los derechos humanos.

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Un periodista francés escribía en julio del año 2001 luego de una visita a Colombia y sobre su conflicto lo siguiente: "No puedo dejar de pensar que jamás se había visto una guerra reducida a este enfrentamiento de mangantes y de monigotes, de clones y de payasos. El grado cero de la política. Es el estadio supremo de la bufonería y el estadio elemental de la violencia descarnada, sin disfraz, reducida al hueso de su verdad sangrienta. Incluso los monstruos se desinflan cuando se terminan las épocas teológicas".

Sus palabras, no hacían otra cosa que describir el crudo y paradójico escenario que encontraba, luego de entrevistarse con líderes del gobierno de entonces, de la guerrilla y de los paramilitares. Escenario que se ha caracterizado por años - algo más de cincuenta ? de contar con una guerra civil no declarada, cruel y despiadada. Cada día más harapienta por la pobreza y las necesidades personales de sus actores, no importa si son "hombres de acero", soldados regulares, guerrilleros, paramilitares ó en últimas humildes campesinos, quienes ven en ella la guerra, una manera de sobrevivir, de emplearse por el momento, esperando una mejor oportunidad aunque por el momento cuenten con impensables cantidades de dinero en aletas enterradas en la selva tan sólo para financiarla como una de sus mayores contradicciones.

Una guerra, que ha desafío las exigencias de un sistema de posguerra fría, no sólo por las implicaciones que tiene para la estabilidad democrática regional sino sobre todo, por el descalabro de un tema bien delicado como es el de los derechos humanos de combatientes y no combatientes, de escenarios en caos en los que es urgente pensar en la humanización del conflicto, porque sus soluciones políticas o militares, son asuntos que tardarán años, aunque algunos digan lo contrario.

En ese mismo entorno es que se dio la singular decisión del gobierno colombiano de aceptar su adhesión oficial al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, pero con una salvedad que le permitiría mantener en salvaguarda oficial por siete años, a los posibles autores de cualquiera de los 4 tipos de crímenes que el Estatuto reconoce como tales y por cuya causa se espera y aspira a llevar a un juicio de rango mundial a sus responsables. O ahora, de la excarcelación para crímenes atroces en medio de una virulencia tal del conflicto, en el que se vislumbra aún un largo camino por recorrer para su humanización.

Resulta entonces no menos que patético que sea el propio gobierno de Colombia, el que haya tomado semejantes decisiones sólo, para evidenciar de nuevo los viejos términos de un irresuelto dilema que suele darse entre las decisiones políticas de un Estado y las consecuencias morales que ellas conllevan.

Y aunque se intente resolver dentro de discusiones jurídicas y políticas o propuestas académicas al explicarse que, la toma de decisiones de un estado es finalmente un asunto de poder y por tanto no lleva connotación moral alguna sino sólo la defensa de los propios intereses nacionales, llámense altruistas, convenientes, pertinentes, oportunos, allanadores para la paz, legales, etc, nada justifica que tengamos hasta hoy en el país uno de los mayores índices de desplazamiento forzado del planeta, ? un crimen de lesa humanidad ? producto precisamente de dirigir ataques de manera indiscriminada a sectores inermes de la población civil dentro de la escalada - un crimen de guerra ?, y no haya responsable directo alguno.

O un margen de impunidad frente a masacres y desaparición forzada que ubica a Colombia en el ranking de los países que más viola derechos humanos, en tanto su clase política, dirige sus mayores intereses a no cerrarse la posibilidad en una "hipotética negociación" con los actores armados, y de contar por ahora, con un capital político para eventualmente negociar, aunque eso signifique sacrificar a su población, que padece los efectos directos de la degradación de su conflicto.

Este dilema pone en entredicho las consecuencias frente a la idea de proteger de manera simultánea dos valores esenciales del hombre para su propia preservación, aunque en ocasiones resulten contradictorios en las endebles decisiones humanas: La Paz y la justicia. Todo indica que en muchos casos los cálculos morales y políticos toman el camino de sacrificar lo uno por lo otro, la justicia en la consecución de la paz o al contrario, su consolidación con la sensación de que se alentará lo opuesto a la paz, es decir la guerra misma.

Lo cierto es que este tipo de decisiones en una nación como Colombia, podrán con el tiempo resultar nefastas. Es querer justificar al futuro lo injustificable en el presente; de aspirar en el tiempo a una ausencia absoluta de conflicto olvidando muchas de sus razones históricas, políticas y sobre todo morales, de la violencia que lo envuelve y las causas que lo alimentan, no hay que olvidar que la impunidad es una de ellas, 55%, 87%, 97%, nadie lo dice a ciencia cierta.

Ó al contrario, la de mantener y preservar un cierto grado de violencia legítima, la del Estado por supuesto, para evitar otra mucho mayor e incontrolable.

Para el gobierno las opciones parecen no ser muchas. De lo contrario todo indicaría que el militarismo creciente en el que se encuentra plantearía entonces, una especie de dosis extra de bestialidad, aún más de la que tenemos, que podría agilizar con el tiempo, aún está por verse, la victoria de uno de los bandos o la salida negociada según discurran los hechos y se recompongan las fuerzas enfrentadas en el escenario.

Aunque la sociedad tampoco debe olvidar, que la violencia se justifica a sí misma sobre todo, cuando quienes arriesgan sus vidas deciden si en realidad vale la pena hacerlo en aras del triunfo de sus propios ideales, los de la nación entera y por lo que se ha visto en las últimas semanas, esto parece no estar ocurriendo en Colombia.

Gobierno, actores armados y algunos sectores de la sociedad civil que apoyan estas iniciativas por ahora, no necesitan más razones para cambiar, puesto que quizás sus propias emociones y decisiones morales reflejan de por sí una cierta racionalidad interna ante el conflicto. Por lo que vale la pena recordar una observación de un profesor norteamericano hecha en medio de la cruenta escalada durante la guerra del Vietnam a fines de la década de los años sesenta y frente al dolor humano que esto representaba: "Es tanto como repartir escalpelos a un grupo impaciente, integrado a partes iguales por cirujanos y carniceros. He ahí, precisamente, el problema constante del hombre: cómo liberar a la verdad, sin acabar devorado por ella".

* Profesor de la Escuela de Ciencias Humanas en la Universidad del Rosario

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