La artillería verbal

Hace más de cuatro años el presidente Álvaro Uribe llegó al poder y hasta ahora no ha caído un solo miembro del Secretariado de las Farc. Ninguno ha sido capturado, todos siguen vivos. La cúpula de ese grupo guerrillero continúa intacta. Plan Colombia, Plan Patriota, impuestos de guerra, cambios en los mandos militares, partidas secretas, red de informantes, recompensas, reelección, mayorías políticas y amplia popularidad; no han resultado suficientes para tocarlos.

El gobierno puede reclamar a su favor la captura en Ecuador del extraditado Simón Trinidad, que no era parte del Secretariado. La captura en Venezuela de Rodrigo Granda, que tampoco era miembro del Secretariado. La captura de Sonia y de otros jefes guerrilleros medios que desde luego golpean a las Farc, pero que no son miembros de la cúpula de esa organización.

La ausencia de resultados militares contra los máximos cabecillas es reemplazada, de tiempo en tiempo, por una arremetida retórica contra ellos. La última batalla verbal tuvo lugar el viernes pasado, a raíz del carro bomba que explotó en la sede de la Central de Inteligencia del Ejército y otras instalaciones militares.

El presidente Uribe los llamó cobardes, terroristas, fantoches y vedettes. Calificaciones tan encendidas como merecidas, pero que en nada cambian la imborrable circunstancia de que ellos siguen libres.

El discurso presidencial sirve para reforzar las convicciones en sus propias filas, pero no para darle el giro definitivo a una guerra interminable. El Presidente justificó el regreso a sus palabras tradicionales, diciendo que hace unos meses había decidido buscar la paz haciendo uso de un lenguaje moderado, pero que ese lenguaje no ha funcionado.

La verdad es que el problema no es de lenguaje. Mientras los jefes de las Farc no reciban golpes definitivos -que les demuestren que la salida negociada es mejor que la prolongación de la guerra- no será posible un proceso de paz sincero.

Lo demás es una historia conocida. Ellos acuden a los diálogos para fortalecer sus posiciones estratégicas y ganar espacio político e interlocución internacional, pero no para firmar la paz. Su prioridad sigue siendo la toma armada del poder y cada vez que puedan buscarán ganar en la mesa lo que no han podido lograr con las armas.

Por otra parte, el gobierno no puede suponer que el inicio de un proceso de paz, y menos aún la incipiente posibilidad de iniciar un intercambio humanitario, supone la declaración de un cese del fuego unilateral por parte de la guerrilla.

Si las Farc, como dice el gobierno, pusieron el carro bomba que hirió a 23 personas en Bogotá, cometieron un acto de terrorismo tan grave como muchos otros dentro del conflicto, pero no una violación que amerite el fin de las iniciativas para lograr la liberación pacífica de los secuestrados.

Gobierno y Farc jamás habían pactado una tregua.

Por eso el gobierno no puede usar el atentado como justificación para la suspensión del intercambio. Por el contrario, la continuación de la guerra es lo que hace necesaria su humanización.

Como bien tituló Semana.com, el acuerdo humanitario es la primera víctima mortal del atentado. Las vidas de los secuestrados y las esperanzas del país quedaron peor que antes del anuncio del gobierno sobre la posibilidad de un despeje.

Por unas semanas resonarán los aplausos entre los que confunden la retórica con los resultados. Entre los que piensan que hablar duro contra el enemigo es lo mismo que derrotarlo. Entre los que siguen creyendo que el problema es de lenguaje y no de hechos.

El gobierno logrará unos puntos en las encuestas, pero no la liberación pacífica de los secuestrados, ni una victoria significativa sobre las Farc.

De momento, lo único que el presidente Uribe ha podido disparar contra la cúpula guerrillera son adjetivos.