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Columna de opinión Marc Eichmann
Columna de opinión Marc Eichmann - Foto: Cortesía

La asonada a los servicios públicos

La evidencia dicta que, presentar a quienes abogan por la prestación eficiente de los servicios públicos como mercaderes, es abogar por altas tarifas de los servicios públicos.

Por: Marc Eichmann

Se ha abierto en Colombia una discusión infértil en la cual, desde las bases del derecho administrativo, políticos con traje de abogado intentan definir la naturaleza de las empresas de servicios públicos con el fin de controlar su prestación desde el Estado.

Lo más importante en los servicios públicos es que se presten a los usuarios a tarifas accesibles y de manera confiable. Lógicamente el agua debe tener una pureza mínima que la haga consumible, la electricidad no debe quemar los electrodomésticos y el gas no debe ser contaminante. Pero por encima de todo, lo que el cliente necesita es que no le salgan caros y que estén disponibles.

Hay dos maneras para hacer que las tarifas a los usuarios sean atractivas. La primera es que la prestación del servicio se haga de forma eficiente. Eso quiere decir que la ingeniería debe funcionar bien al desplegar las obras de infraestructura y que los procesos de compras, mantenimiento, operación, facturación y cartera deben hacerse apropiadamente y con eficiencia.

Aquí se vuelve importante entender los incentivos que tienen las empresas privadas, es decir, las utilidades, y los que tienen las empresas públicas, que siendo controladas por la clase política, buscan finalmente votos. La experiencia de más de treinta años en Colombia demuestra que el control público de las empresas de servicios públicos ha sido altamente inconveniente así:

  • Apagón de 1991, cuando todas las empresas de generación de energía eran públicas,
  • Intervención por parte de la Superintendencia de Servicios de EMCALI, al ser saqueada y llevada a la insolvencia por los problemas para pagar sus obligaciones con el sistema financiero y más de $70.000 millones al sistema eléctrico nacional, deuda que iba a llevar a Cali a sufrir un racionamiento de energía,
  • Escándalo del Guavio: la Empresa de Energía de Bogotá, de naturaleza pública, tuvo altísimos sobrecostos y demoras en la ejecución de la obra debido a la corrupción liderada por su gerente Fabio Puyo,
  • Liquidación de Telecom, empresa pública que después de tener el monopolio de las comunicaciones en Colombia llegó a la insolvencia dejando un hueco de 4 billones de pesos de ese entonces en pasivo pensional,
  • Múltiples escándalos en EPM bajo la alcaldía de Daniel Quintero, desde el cambio de los contratistas de Hidroituango hasta la contratación de directivos sin el cumplimiento de requisitos, pasando por el incumplimiento de los compromisos en Afinia, donde fue nombrado de presidente un excongresista condenado por corrupción, entre muchos otros.

Todos estos ejemplos tuvieron un impacto significativo en los costos de los servicios a los usuarios, siendo increíble que aun existan colectivos buscando beneficio propio por medio de este esquema.

La segunda, que fue el camino que escogió Colombia para las telecomunicaciones, es abrir el mercado a la competencia. Miremos un poco cual ha sido el resultado de esa estrategia:

  • Colombia tiene cuatro operadores de telefonía móvil que ofrecen por sus planes una de las mejores tarifas del mundo e invierten alrededor de 3 billones de pesos al año
  • Colombia salió de tener 8 líneas por cada cien hogares a tener más de una línea por habitante
  • Las operadoras Claro, Telefónica y Tigo manejan hoy de manera profesional activos que eran propiedad del Estado. Sin estos operadores los activos se hubieran depreciado significativamente, generando mayores tarifas para los usuarios.
  • Las operadoras ETB y EMCALI han tenido un comportamiento financiero paupérrimo, destruyendo valor público significativo.

Bajo estas circunstancias, presentar a quienes hemos pugnado porque los servicios públicos tengan un enfoque empresarial hacia la eficiencia, con el fin de lograr mejores precios para los colombianos y mayor inversión extranjera, es sencillamente pujar para que la clase política que ha estado inmiscuida en los escándalos mencionados tome el control de los sectores de telecomunicaciones, energía, agua y gas del país. Como consecuencia, todos terminaríamos pagando este error en la factura no necesariamente por la corrupción sino por el manejo ineficaz de la prestación del servicio bajo administradores públicos. No lo dice esta columna, lo dicen décadas de evidencia incontrovertible.