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Opinión

  • | 2019/09/30 16:33

    La bonanza de los Abogánsters

    La fragilidad ética y normativa que persiste en las relaciones económicas entre abogados y criminales da muchas ventajas (y utilidades) para los abogánsters.

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Hace rato me vengo preguntado en qué radica el éxito económico de algunas celebridades del derecho penal colombiano, en especial de uno de ellos que llegaba a las citas judiciales con sus poderdantes en Santa Fe de Ralito manejando un Renault Clío y que después de la extradición de sus clientes le ha ido lo más de bien y se le ve posando en mansiones caribeñas, despegando en avión privado y presidiendo con fino sombrero una caravana de blindadas negras cuando se pega la rodadita por Bogotá. 

Tras entrevistar decenas de detenidos, abogados penalistas, fiscales y policiales judiciales, la respuesta más cercana a la que he llegado, es que este caso de bonanza económica de los defensores de la élite mafiosa se sustenta en el aprovechamiento de la permisividad, la obsolescencia y la opacidad de nuestro sistemita penal acusatorio. La fragilidad ética y normativa que persiste en las relaciones económicas entre abogados y criminales da muchas ventajas (y utilidades) para los abogánsters.

La más importante de las gabelas es que no hay límite de montos en la defensa judicial de un capo, desde que tenga con qué pagar no hay tope en los honorarios ni en los servicios que le puedan ofrecer sus abogados. Además la ley les permite a los abogados recibir pagos en efectivo, cheques, yates, fincas, ganado, bodegas o apartamentos con paredes en estuco veneciano. Tal vez por eso los abogánsters terminan siendo igual o más lobos que sus clientes.

Los servicios de representación judicial a la mafia se convierten en bienes tipo Giffen (a mayor precio mayor demanda) que generan desde tiempo atrás una inflación en la facturación de los buffets especializados en cabecillas. Por eso no es extraño que se cobren honorarios de defensa judicial de mil millones de pesos por audiencia o procesos penales que se les facturan a los mafiosos con cifras de diez dígitos. 

Lo paradoja es que cuando un arquitecto le hacen una casa a un narco y mete esa plata a un banco, se le forma un lío con los reportes de operación sospechosa y las investigaciones de lavado de activos, lo mismo le pasa a un contador contratado por un traqueto, tampoco se salvan los amigos políticos ni las monjitas de la caridad que le reciban un donativo a un narco-filántropo. El dinero de la mafia sigue siendo sucio así cambie de mano por servicios profesionales y por lo tanto es objeto de extinción del derecho de dominio, excepto cuando se usa para pagar abogados. 

La elongación del derecho a la defensa y la presunción de inocencia, además de todos los demás garantimos judiciales que están repartidos en el código penal, eximen a los acusados de demostrar el origen lícito de los pagos que se les hacen a los abogados. En países con un mayor respeto por la justicia, antes de iniciar el proceso, el juez debe avalar el origen legal de cada dólar que recibe el defensor. Acá no, lo normal es que un narco se defienda lo mejor que puede gastándose a manos llenas la plata que se ganó siendo narco. 

Por eso es que los abogansters se vuelven tan repugnantemente ricos con la plata de la mafia y sin violar la ley. Y por eso mismo es que Colombia se viene rajando en las evaluaciones internacionales de anti-lavado que hace el FMI, con calificación roja en el capítulo de controles a las actividades y profesiones no financieras designadas (APNFD) donde están catalogadas las firmas de abogados.

Como la zona gris es tan amplia y los abogánsters no tienen restricciones reales para mover activos de origen ilícito en el sistema financiero o las notarías, la sobrefacturación de los servicios legales es perfecta para simular transacciones de alto valor y hacer testaferrato. Un ejemplo ficticio, un narco contrata su aboganster de confianza y este le cobra un millón de dólares por el proceso, el buffet del abogado le sobrefactura por diez millones, el jurista hampón se queda con un millón y mientras el narco va a la cárcel le guarda (con excelente apariencia de legalidad) los otros nueve millones. Al salir el cliente de pagar el canazo, el aboganster le devuelve las propiedades cobrando una nueva comisión, aunque también pasa que se las dan de vivos y les tumban las propiedades a los narcos cuando estos caen en desgracia (a eso se le llama “la recogida” en el lenguaje de la cárcel).  

Los abogansters que tienen aspiraciones como futuros magistrados, ministros, fiscales o de estar en alguna terna que se nombre en la Presidencia, les interesa ganarse la plata fácil de los traquetos pero sin manchar el nombre. Entonces les hacen las vueltas con colegas calanchines que prestan su nombre para llevar los procesos, pero en realidad son ellos quienes desde la penumbra conceptúan, proyectan y asesoran. Esa tipología no tiene castigo ni nombre, pero podríamos bautizarla mientras tanto como testaferrato judicial. 



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