Todo arranca con quienes financian el corte, después vienen los que talan, esos entregan el producto a los que transportan y en las ciudades están los que inmunizan, procesan,  laminan y tallan la madera de origen ilegal. La cadena criminal de la deforestación es larga y sus pilares están más en las ciudades que en las zonas rurales, sin embargo la estrategia gubernamental contra la deforestación (Operación Artemisa) se concentra en el eslabón rural y menos rentable de la cadena. Cualquier parecido con la lucha contra la coca es pura coincidencia.

Quienes primero entendieron y capitalizaron el dividendo de la paz en el Putumayo fueron los ganaderos del Caquetá, compraron a un millón de pesos la hectárea (por carta-venta que no son títulos formales) para hacerse de las vegas que en invierno inundan los ríos. Financiaron la tumbada de los árboles que les estorba el pastoreo de las reses y transformaron para siempre el paisaje y los cauces del San Miguel, el Putumayo y sobretodo del Río Caquetá.

La misma historia se repite en este y en otros departamentos donde llegan los contratados de los “patrones” a tumbar monte y meter coca a gran escala, o los que financian la apertura de trochas en medio de la selva para meter dragas y dragones que chupan oro y escupen mercurio.

Quien financia recibe el producto de la tala, pero no se mete a talar, y quien entra a ganarle el pulso al monte lo hace bajo seguro: tiene inversionista y comprador. El que opera la motosierra es el que en teoría más riesgo asume, sobre estos cae la acción militar que desde la Presidencia coordinan consejeros y ministros. Sin embargo, en la realidad rural como lo señala La Silla Vacía (09.05.2019) los capturados en flagrancia por deforestación quedan libres poco tiempo después de la detención (y del paseo en helicóptero militar).    

Los que transportan vienen aguas abajo arrastrando los largos “chorizos” de maderas atadas que flotan por kilómetros en las erosionadas playas de los ríos, los más cancheros usan bongos de gran capacidad (decenas de toneladas) y frente a los ojos de todos y la preocupación de ninguno, descargan todos los días del año, miles de vigas de madera en la playa de “Hong Kong” en Puerto Asís.

En este punto se conecta la carretera nacional con los más de 1800 kilómetros que le quedan hasta la frontera al río Putumayo, es un embudo natural por el que sí o sí deben pasar la mayoría de quienes agotan la madera de la cuenca baja del Putumayo. Instalar un puesto permanente de control de la Policía Ambiental, la Armada Nacional y Corpoamazonia sobre los embarcaderos de Puerto Asís, sería mucho más útil, efectivo y barato, que andar patrullando en helicóptero la selva buscando agarrar campesinos in fragantis con motosierra en mano.

El paso de la madera como carga fluvial a terrestre es lenta, toma horas y hasta días llenar las tracto-mulas hasta rebosarlas (especialmente de un tipo de madera a la que los coteros llaman polvillo), lo hacen con la confianza que compra la corrupción. Una vez en marcha, el carro que va de mosca (en la avanzada) acuerda una tarifa de 150 mil pesos por camión al paso de los retenes, da lo mismo en estos puntos que la carga de maderas que sale aserrada de Putumayo viaje con guía de transporte y permisos emitidos por la CDMB de Bucaramanga (basado en entrevistas realizadas en 2018).       

En las ciudades la madera ilegal se vuelve sin dificultad pisos de lujo legales, sillas y camas legales, aserrín legal, palillos legales o cucharas de palo legales y elegantes. Las acciones contra la deforestación y el tráfico de maderas ilegales se quedan sin fuerza en las ciudades, alguien puede recordar ¿una acción de extinción de dominio contra un depósito de madera en Medellín o Bogotá?, ¿una captura contra un fabricante industrial e ilegal de aglomerados?, ¿una acción penal de lavado de activos contra un aserradero?, ¿una sanción fiscal o comparendo a un comprador de maderas sin certificación de origen?

Revertir las agobiantes tasas de deforestación (40 hectáreas por hora) requiere de acciones contundentes en todos los eslabones de la cadena criminal, si algo debemos haber aprendido de 30 años de lucha contra los cultivos ilícitos es que capturar campesinos pobres no funciona como mecanismo  disuasivo de las economías criminales.

 Anticipo: Por la vía del Plan Nacional de Desarrollo le metieron un orangután a una de las funciones esenciales de la Policía Nacional.