Las brechas de género en la industria del fútbol son de las más grandes y notorias en todo el mundo. Son diferencias que trascienden las brechas salariales y se demuestran en los patrocinios, los apoyos de las federaciones o clubes, y hasta las necesidades más básicas para cualquier deportista. Hoy se puede decir que se trata de todo un panorama nocivo, de índole mundial, que no deja de perjudicar el progreso de las jugadoras en un entorno que, desde el principio, debe ser libremente competitivo.

En 2021 la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales ya había denunciado a la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) y la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) por cartelización y prácticas anticompetitivas en el fútbol colombiano, en especial para el mercado de fichajes de los jugadores. Y ahora, la semana pasada, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) abrió finalmente una investigación por presunta cartelización en la liga profesional femenina, en donde se ven implicados la Dimayor, la FCF y 29 clubes del fútbol profesional colombiano.

En su comunicado, algunas de las prácticas que se evidenciaron fue que los implicados habrían estandarizado un número de cláusulas particulares para los contratos laborales de la mayoría de las jugadoras. Uno de ellos fue acordar una vigencia de los contratos por un término igual al de la duración de la liga profesional femenina, una liga que se realiza una vez al año y tiene una duración que varía entre uno y cuatro meses. Lo que significa que las jugadoras sólo tendrían contrato laboral y salario en ese periodo de tiempo.

El otro acuerdo ampliamente reprochable ha sido fijar una tabla de salarios que clasificaba a cada jugadora en una categoría específica de la cual dependía su salario. Bajo dicho acuerdo se manifestaba que la mayoría de las jugadoras recibirían únicamente el salario mínimo, y el tope máximo habría sido fijado en $ 4.500.000 para cierto tipo de casos. Pero ese sería el tope máximo. Y para colmo de males, los clubes podrían explotar su imagen en las campañas publicitarias que estos decidan sin necesidad de dar una contraprestación adicional por ello.

La Federación y la Dimayor han argumentado en diferentes ocasiones que el hecho de que sólo haya una liga femenina al año es por falta de recursos. ¿Entonces por qué en las pruebas de la SIC se evidencia que al parecer se han negado a recibir dinero del Gobierno para promocionar el fútbol femenino en el país? Parece ser que no querían dar motivos para ser auditados y seguir ocultando los acuerdos para sacar provecho de las precarias condiciones laborales que están dando a nuestras jugadoras.

Por lo pronto, se habla de multas de hasta $ 116 mil millones (casi USD$ 29,4 millones) si se comprueba la investigación para las entidades en cuestión. Ante las muchas reacciones que ha tenido la millonaria multa, uno de los equipos que ha mostrado su preocupación ha sido Independiente Santa Fe, dado que podría irse a liquidación si la sanción llega a aplicarse. Pero el que nada debe, nada teme, y lo único que se busca con esto es establecer la protección de los derechos deportivos para las mujeres.

De igual forma, en el mundo son muchos los ejemplos que se tienen de actuaciones que pasan por encima de los derechos mínimos de las jugadoras; se ha sabido de casos en los que las mujeres debían jugar con camisetas antiguas de los equipos masculinos, o situaciones en los que cada jugadora debía costearse sus pasajes para los torneos o tener trabajos temporales por cierres de temporadas de las ligas.

Igualmente, se conocen casos más graves. En 2012, el Santos de Brasil eliminó su equipo de fútbol femenino para cubrir el sueldo de Neymar Jr. y así poder retrasar su venta al FC Barcelona. Un equipo femenino que había creado en 2009 y con el que ganó las dos primeras ediciones de la Copa Libertadores. Pero el rendimiento y las oportunidades de las jugadoras se quedaron muy atrás del millonario aumento salarial que necesitaba el club para mantener a Neymar.

Las reclamaciones por igualdad salarial han ido y venido con el pasar de los años, y si bien se han obtenido mejoras (si uno compara el panorama actual con lo que se tenía hace 10 o 15 años), la desigualdad no cede para las jugadoras, y no sólo de fútbol. Pero actualmente las federaciones y clubes masculinos permiten que los equipos se disputen la contratación de jugadores a través de ofertas competitivas que llegan a ser millonarias para algunos casos. Entonces, generar acuerdos para limitar esta libre competencia hacia las jugadoras de fútbol es un daño en la búsqueda de su bienestar y desarrollo profesional.

La cartelización en la liga de fútbol femenino colombiano no es una novedad; pero hacer algo al respecto para sancionarla, sí. Sacar provecho de las brechas de género en las ligas nacionales por debajo de la mesa, mientras se celebra en redes sociales lo lejos que llegaron las jugadoras de la Selección Colombia en la Copa Mundo Femenina raya en la hipocresía al opacar (e intentar desconocer) todos los desafíos y obstáculos que tuvieron que superar las jugadoras de la Selección para llegar tan lejos. Y si ahora es necesario jugársela en el terreno de lo legal para que la desigualdad de género deje de ser un medio para acumular beneficios, que así sea.