LA CORTE ATACA DE NUEVO

Frente a las angustias de los ahorradores del Upac la Corte Constitucional volvió a hacer
una de las suyas: tumbar el sistema argumentando un vicio de procedimiento. Pero al estilo de las cortes
de Alabama, que condenan a los reos a muerte pero que disponen que su sentencia sólo se ejecute seis
meses después, con el Upac pasará lo mismo: que sólo se morirá dentro de seis meses, aunquelas
consecuencias del fallo comenzaron a sentirse inmediatamente. Y son tan delicadas que cabe analizarlas,
una por una, con la esperanza de que ningún sector perjudicado con la decisión de la Corte se me quede
por fuera.
Los deudores: la forma como la Corte Constitucional viene amenazando con intervenir en el Upac y las
declaraciones 'social-jurídicas' de sus magistrados han producido entre los deudores la equivocada impresión
de que el perdón de sus deudas y la salvación de sus viviendas está solamente pendiente de un fallo. Y que
si ese no fue el de la semana pasada, que declaró el Upac inconstitucional por un vicio de fondo, lo será el
siguiente, en el que la Corte se ocupará de la constitucionalidad de cobrar intereses sobre intereses.
Mientras tanto las obligaciones existentes en el sistema Upac siguen exactamente iguales, pero la
frustración de los deudores va en aumento. Ojalá que de ella no se derive una cultura del no pago que
empeoraría su ya muy gravosa situación.
El Banco de la República: la Corte Constitucional ha anunciado que los miembros de la Junta Directiva del
Banco podrían ser investigados por estar incumpliendo con la orden de amarrar la tasa del Upac a la inflación
y no a las variaciones en las tasas de interés. Lo cierto es que el Banco cumplió la orden de la Corte de
inmediato, pero la corrección se está calculando con base en promedios para evitar que ella se haga
tremendamente volátil. A los magistrados de la Corte eso no les gusta. Parece que en materia de corrección
monetaria saben más que el Banco.
Los ahorradores: la tendencia es a mirar sólo el problema del Upac como una moneda de una sola cara: la
de los deudores. Pero esta moneda tiene dos caras, y la otra es la de los ahorradores, que son los que ponen
los 16 billones de pesos que alimentan a las corporaciones de ahorro y vivienda. ¿Qué sucedería si esos
ahorradores se espantaran por cuenta de la decisión de la Corte? El Banco de la República, por otro lado, ha
acatado la decisión de amarrar el Upac a la inflación, pero con equilibrio entre ahorradores y deudores.
Si el único determinante es la inflación, los ahorradores se verán obligados a escoger entre el 9 por ciento de
interés que les ofrecerán en las corporaciones y el 17 por ciento que obtendrían en un banco. ¿Cree la Corte
que en estas condiciones sobreviviría en Colombia el crédito de vivienda?
Las corporaciones: si ya de por sí estaban en estado de semiparálisis, la incertidumbre que produce haber
condenado a muerte al Upac dentro de seis meses incidirá de manera categórica en la decisión de las
corporaciones de otorgar préstamos, y de los usuarios de solicitarlos. Por lo demás, que sigan prestando
plata para comprar vivienda depende de la liquidez de la economía, que a su vez depende de la claridad de la
política del crédito para vivienda. Después del fallo de la Corte dicha política no puede ser más oscura.
¿Qué entidad se atreverá a otorgar créditos a largo plazo si en pocos meses tendrá que cambiar las
condiciones?
La construcción: lejos de estar cerca la reactivación de este sector, la decisión de la Corte aumenta la
desconfianza de los usuarios en los mecanismos para obtener vivienda, lo que sugiere que si la demanda
sigue frenada la reactivación de la construcción en Colombia se ve cada vez más lejana.
La Corte: nuevamente la seriedad de la Corte Constitucional con base en la certeza jurídica de sus fallos
ha quedado en entredicho. (Ya había sucedido lo mismo en el caso de la senadora Viviane Morales). En más
de 10 fallos anteriores dicho organismo había ratificado la constitucionalidad del Estatuto Financiero, con lo
cual se suponía que ya el asunto había hecho tránsito a cosa juzgada y no admitía nuevas interpretaciones.
Pero ahora resulta que los 16 billones de pesos que los ahorradores tienen en el sistema Upac podrían
comenzar a dar bandazos en la economía colombiana, porque dizque no hubo una ley marco para incorporar
unas medidas del Upac en el Estatuto Financiero.
En conclusión, el 'inciso' que descubrió la Corte para sepultar el sistema Upac tiene consecuencias delicadas
para todo el mundo y ningún beneficio claro para nadie. Y surge entonces la reflexión que corresponde a esta
situación.
De las decisiones de la Corte Constitucional, ¿quién podrá defendernos?