La vieja fórmula

Mientras el consenso mayoritario impera, la democracia fluye; pero cuando surge la polarización entre contrarios que ya no encuentran una salida común a la contradicción entre sus intereses, el hilo constitucional se rompe para darle paso al más fuerte. Para quienes consideran superadas las ideologías de izquierda y de derecha, la reacción frente a los hechos en Bolivia, deja lecciones.

Un primer tema que debe abordarse es la divergencia de apreciaciones al calificar el carácter de la crisis boliviana. Las izquierdas han caracterizado los hechos como un golpe de Estado. Las derechas, como una transición o proceso de sucesión motivado por la renuncia del presidente Evo Morales.

Al respecto, debe señalarse que dejar de lado la actuación de la fuerza pública, revela un doble rasero difícil de conciliar con la democracia. Tanto la Policía como el Ejército cruzaron la línea entre la legitimidad y la ilegitimidad. La primera, cuando se negó a proteger la sede de Gobierno y las casas de sus funcionarios frente a la turba opositora y el comandante del ejército, al “sugerir” la renuncia del presidente, máxime cuando se alega vacío de poder mientras el ejército se toma las calles y declara un toque de queda fáctico.

Muchos sostienen que hay motivos. Que la OEA encontró serias irregularidades en los escrutinios o que Evo Morales demandó y obtuvo de la Corte Suprema un fallo que le permitió presentarse a un nuevo mandato, en contravía del referendo popular que lo prohibía. Son alegaciones serias que deben conducirse por los canales constitucionales y no por las vías de hecho. En eso consiste el consenso mayoritario que se ha quebrantado, dejando abierta una crisis del sistema demoliberal de gobierno.

El problema es muy de fondo pues afecta las reglas de juego democrático llamadas a saldar los intereses enfrentados. De ahí el interminable peloteo de interpretaciones que confrontan a las izquierdas y derechas continentales. El señor Luis Fernando Camacho, quien con Biblia y bandera se arrodilló a exigir la renuncia del presidente en el Palacio Quemado -sí apodado por sus antecedentes históricos- pertenece a la familia que antes de la nacionalización de los recursos naturales del subsuelo impulsada por Evo Morales, era la dueña exclusiva del gas boliviano. Aquí el llamado a la “democracia” pasa por su reprivatización.

La anterior contradicción nos lleva al segundo gran tema de la crisis: el modelo económico. Bolivia es la otra cara del estallido chileno. En este, la gente se amotinó por la desigualdad en la distribución del producto social generada por el modelo económico impuesto por Pinochet. “No son treinta pesos,” refiriéndose al alza del transporte. “Son treinta años,” alegaba un joven que resumió los dos componentes de la crisis: el económico y el político.

Evo Morales aplicó otro modelo que logró en una década el milagro boliviano, bastante invisibilizado por cierto: reducción, de la pobreza de más del 60 por ciento de la población, a menos del 15 por ciento; multiplicación - por cuatro- del PIB; valoración de la población originaria, secularmente excluida por la élite blanca; crecimiento superior al promedio de América Latina e inflación por debajo.

Como todo el continente, Bolivia se benefició del auge de las materias primas. La diferencia estuvo en que obtuvo crecimiento con distribución. Alguien tendrá que examinar el llamado “milagro chileno”, que sigue figurando como modelo a emular en Colombia, ahora con una tercera ola de flexibilización laboral y privatización pensional. La pregunta es: ¿cuánto se le debe atribuir a las políticas neoliberales y cuánto a la nacionalización del cobre por parte de Allende? ¿No será que el cobre en manos del Estado sirvió de mejor motor al crecimiento que el modelo de la concentración de los beneficios en unos pocos?

En Bolivia se consumó la vieja fórmula golpista. Si el sistema demoliberal se muestra incapaz de garantizar reglas de juego para resolver las contradicciones distributivas, el continente se abocará al regreso de regímenes de fuerza.