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Opinión

  • | 2018/04/28 10:56

    Angustia en la frontera colombo-ecuatoriana

    La grave situación por la que atraviesa la región fronteriza colombo-ecuatoriana requiere una acción concertada a grande escala y a largo plazo de los dos países.

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Los Ministros de Defensa y del Interior del Ecuador renunciaron después de que se cumplió el plazo que les dio el presidente para dar con el paradero de un personaje que hace dos meses nadie sabía que existía.

Sin embargo, en una frontera tan permeable como la colombo-ecuatoriana, una las más complejas en el continente, especialmente en sus dos extremos -el del pacífico y el amazónico-, es factible que “Guacho” esté en territorio colombiano.

Es evidente que el execrable asesinato de los periodistas de “El Comercio” y el secuestro de una joven pareja ecuatoriana, son apenas la “punta del iceberg” de la deplorable condición existente de mucho tiempo atrás a ambos lados de la frontera. Las provincias de Sucumbíos y Esmeraldas han registrado tradicionalmente los mayores índices de enfermedades, pobreza y abandono en el Ecuador. Las zonas de Tumaco y del Putumayo no se quedan atrás: la inseguridad y la violencia instaurada por los narcotraficantes es rampante.

Ecuador demandó a nuestro país ante la Corte Internacional de Justicia el 31 de marzo de 2008, un mes después de que un destacamento de las fuerzas armadas colombianas irrumpió en territorio ecuatoriano a 1500 metros de la frontera y destruyó un campamento de las FARC en donde se encontraba a. Raúl Reyes y desde el cual, se ejecutaban acciones contra la población y localidades colombianas, así como contra embarcaciones que navegaban por el río Putumayo.

La demanda no versó sobre la incursión colombiana, sino sobre las aspersiones áreas realizadas sobre los cultivos de coca en la frontera, que supuestamente habían afectado al país vecino.

El presidente Correa envió a la frontera una comisión de notables llamada “De transparencia y la verdad” para verificar la situación en la región. La comisión no hizo otra cosa que confirmar la alarmante situación, así como la presencia de traficantes y de la guerrilla colombiana ante la indiferencia de las autoridades ecuatorianas

En Colombia se luchaba para la erradicación de los cultivos ilícitos, ya que el 46 % de la coca del país se producía en esa zona. Entre 2005 y 2009 fueron erradicadas manualmente 75.577 hectáreas en los municipios cercanos a la frontera con Ecuador, no obstante que los erradicadores, policías, soldados e infantes de marina invariablemente eran atacados por los narcotraficantes. Sólo en el 2008 fueron asesinados en la región 11 erradiadores y 20 más resultaron heridos.

Como la erradicación manual no tuvo mayores resultados, desde el año 2000 el gobierno colombiano inició en todo el país, con la colaboración del gobierno de los Estados Unidos, las aspersiones aéreas con el herbicida glifosato. En la frontera con Ecuador se hicieron hasta el año 2007, cuando fueron suspendidas dentro de una faja de 10 kilómetros del límite binacional, ya que encontraron una fuerte resistencia, no solamente por parte del Ecuador, sino también de las autoridades locales y los pobladores colombianos en el área.

Las aspersiones áreas de todas maneras no constituyen una solución definitiva, ya que deben renovarse cada cinco o seis meses, con las consiguientes críticas sobre los efectos que pudieran tener sobre el medio ambiente, la fauna, la flora y la salud de los residentes.

En Colombia después de los cotidianos actos de terrorismo y de cada masacre, envía funcionarios, policías y unidades militares. El Ecuador se ha demorado en reaccionar en la frontera norte y no puede seguir suponiendo que es inmune al terrorismo que genera el narcotráfico. Los asesinatos, el secuestro y la violencia rampante en la región fronteriza no se arregla “resucitando” un auto proferido por un juez de Sucumbíos contra los comandantes de las fuerzas colombianas que participaron en la Operación Fénix en el 2008.

Las buenas relaciones colombo-ecuatorianas deben llevar de una vez por todas a una acción concertada a grande escala y de largo plazo en la región fronteriza.

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