La debilidad institucional: en contravía del desarrollo económico

Se trata de una noticia muy reciente. El lunes 5 de agosto se dio a conocer un comunicado de la banda criminal ‘Los Rastrojos’ –organización paramilitar rearmada- mediante la cual amenazan a entidades y personalidades de la oposición política en Colombia. 

En ese comunicado se señala a líderes del Polo Democrático Alternativo. Se expone que: “iremos más allá de las amenazas y todo aquel que se interponga será declarado objetivo militar… regresaremos a las actuaciones del pasado sin piedad ni temor alguno… damos por última vez este ultimátum a todos los cómplices de la guerrilla del pasado y del presente”. Las amenazas de muerte se refieren tanto a políticos, profesionales, líderes sindicales y de tierras, como a sus respectivas familias.

Dichas intimidaciones ponen de manifiesto, entre otras cosas, la debilidad institucional de Colombia. En mucho de su territorio sería aplicable el concepto de la “balcanización”. Se hace referencia con ello a un país o gran región donde no existe una fuerza hegemónica legítima que se imponga, hegemonía que normalmente debería ser cubierta por las fuerzas armadas y de policía del territorio.

En Colombia existen varios grupos armados que se disputan los poderes territoriales. Están conformados por la guerrilla, paramilitares, grupos paramilitares rearmados –como es el caso de ‘Los Rastrojos’- grupos de narcotraficantes y fuerzas legales. Dependiendo de la coyuntura, estos grupos han establecido luchas encarnizadas o bien alianzas estratégicas, permanentes o provisionales. 

Si algo se le reconoce al expresidente Álvaro Uribe fue el tratar de establecer la hegemonía en el uso de la fuerza por parte de las entidades estatales, las que legítimamente tiene el Estado colombiano para tales fines, en especial el Ejército. 

Pero el rearme de grupos paramilitares que amenazan y atentan contra la integridad física de dirigentes de oposición y líderes del movimiento popular, resta incluso credibilidad al proceso de paz que se adelanta en La Habana, Cuba. Además, hace que el gobierno del presidente Santos evidencie debilidad institucional y subraye el dato de que Colombia es el país donde se asesinan más sindicalistas en el mundo.

Todo este panorama erosiona la confianza en el país, especialmente en lo relativo a tener condiciones de estabilidad política para la inversión en el sector agrícola o en el ámbito rural. Nótese que es allí donde la inversión productiva se hace cada vez más necesaria para generar oportunidades de empleo y de ocupación en el 62 % de los sectores que viven en condiciones de pobreza (el total de promedio nacional es de 32 %).

Las acciones de control territorial, de pacificación y de desarrollo de las fuerzas armadas que legítimamente deben emplear la fuerza, se deben centrar en evitar este tipo de amenazas y acciones de grupos criminales al margen de la ley. De lo contrario, continuará descendiendo la inversión real con especial incidencia en el campo y se tendrán menos oportunidades de empleo, lo que a su vez garantizará el mantenimiento o agravamiento de la pobreza rural.