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La democracia del rating

Para seguir con el debate sobre la televisión, el investigador Mauricio García cuestiona la adjudicación de espacios y la politización del medio.

Semana
5 de septiembre de 2004

Antes de 1995 la televisión estaba en manos del Gobierno. Los espacios se adjudicaban con criterios políticos que, en el lenguaje del clientelismo nacional, significaban darle a cada hijo de ex-presidente su propio noticiero. A eso se le denominaba pluralismo. Luego del 95, y para evitar el sistema anterior, se creó la Comisión Nacional de Televisión con base en lo establecido por la Constitución de 1991. Pero la mayoría de sus miembros han sido cooptados por el poder político y sirven de fachada para legitimar la apropiación de la televisión por parte de los intereses económicos. A eso se le llama libertad.

La televisión colombiana es un ejemplo claro de lo que el Banco Mundial - no hablo del Foro Social Mundial, ni siquiera de la Internacional Socialista - denomina la "captura del Estado" por parte de los intereses privados. Pero claro el zarpazo de los pulpos económicos nunca es manifiesto. Se camufla con argumentos jurídicos. Las leyes 182 de 1995 y 335 de 1996 que regulan la televisión son razonablemente estrictas cuando se refieren a los canales públicos porque suponen que allí existe un interés fundamental del Estado. Así por ejemplo, la ley prohíbe que los contratos de concesión se prorroguen por más de seis años. Respecto de la televisión privada, en cambio, el criterio que prima es el de la libertad de mercado. Aquí los contratos de concesión se pueden prorrogar de manera indefinida. Además la ley sólo exige que los concesionarios de operación privada sean sociedades anónimas con un mínimo de trescientos (300) accionistas y que inscriban sus acciones en la bolsa de valores. Pero la ley está concebida como si la televisión pública fuera la fundamental y la privada lo accesorio. Eso puede pasar en otro país, uno del cual copiaron esa legislación. Pero no en Colombia donde pasa justamente lo contrario. Aquí es la televisión privada la que concentra el mayor caudal de audiencia. Cuando digo el mayor caudal de audiencia hablo de que Caracol y RCN tienen el 90 por ciento de la participación sobre el total de los televisores encendidos (share). De otra parte, la exigencia de que sean 300 socios poco importa, pues en la práctica, ellos no tienen ninguna ingerencia en la dirección del canal. Pero incluso si la tuvieran, sostener que ella es garantía suficiente para asegurar la participación de todos es tanto como decir - según la célebre ironía de Anatole France - que cualquier persona es libre de elegir entre dormir debajo de un puente o en el hotel Ritz. El obstáculo no está en la constitución de la sociedad anónima sino en los casi 50 millones de dólares que se requieren para pagar la licitación.

Pero bueno, todo esto no sería tan grave si los canales privados estuvieran manejados con responsabilidad social y si la programación contribuyera al desarrollo cultural de los colombianos. Pero no, su única guía es el mercado y para no tener escrúpulos de ninguna clase justifican su voracidad en el "raiting", esa fórmula mágica que asimilan a un medidor democrático: si eso es lo que quiere la gente, pues eso les damos. ¿Acaso no vivimos en una democracia? Por eso venden lo que la mayoría compra, no importa lo que compren: sangre y guerras para los niños los domingos; realities en los horarios tripe A para satisfacer los peores instintos; telenovelas que imitan a los realities; noticieros faranduleros para adobar la realidad nacional todo ello acompañado de sexo grosero y machista a toda hora. Yo no soy de los que cree que la gente sea necesariamente más violenta o más machista porque aprende eso de la televisión. Pero tampoco creo que el hecho de que la gente sólo vea eso sea indiferente para un país que busca desarrollarse -también- cultural e intelectualmente. A falta de referentes culturales fuertes - y este es nuestro caso - la televisión moldea buena parte de la conciencia nacional. Los colombianos carecemos de grandes mitos fundadores. Lo que tenemos es un sentimiento débil de pertenencia nacional, fundado en el consumo de imágenes e ideas originadas en hechos políticos, deportivos y culturales con frecuencia personalizados y efímeros. Bajo estas circunstancias la televisión es un ingrediente esencial de nuestra unidad nacional. No hay que olvidar que la televisión tiene una cobertura del 98 por ciento. ¿Qué otro bien público posee esta influencia?.

Así las cosas la sociedad tiene un interés fundamental en que el Estado intervenga y regule el espectro electromagnético en el cual se origina la televisión y del cual es propietario. La regulación existe, me dirán algunos. Allí está la Comisión Nacional de Televisión. Sin embargo, tal como está concebida, ella es la puerta de entrada de la mercantilización del bien público. La solución es eliminar Comisión y volver al sistema anterior, dirán otros. Pero el sistema anterior es incluso peor que este, lo cual es decir mucho. Pienso que la solución es crear un órgano de control realmente autónomo, tanto en relación con el poder político como en relación con los grupos económicos. Pero quizá una Comisión autónoma sea sólo parte de la receta. Me explico: alguna vez se pensó que los medios de comunicación eran el "cuarto poder" que controlaría a los demás. Hoy vemos con evidencia que eso fue una ilusión que se vino abajo a causa de la vinculación entre los medios y el poder económico y que los medios son hoy en casi todo el mundo un "poder incontrolado", como lo señala Ignacio Ramonet en un artículo reciente. En necesario crear un quinto poder, que Ramonet denomina "poder ciudadano", que sea capaz de imponer un poco de equilibrio en todo esto. Pero el poder ciudadano muchas veces carece de expresión pública y de visibilidad. Por eso es importante que se apoye en uno de los tres poderes originales, en este caso en los jueces constitucionales para lograr sus propósitos de control.

Ya es un drama que en todos los países del mundo la realidad social y política sea en buena parte moldeada y controlada por quienes hacen la televisión. Pero lo es aún más en Colombia cuando sabemos que quienes tienen en sus manos ese poder están dispuestos a moldear esa realidad a su antojo y no hay nadie que se los impida. Quizás lo peor de la situación actual es que no parece tan mala. Son pocos los que protestan y cuando hablan sus palabras se las lleva el viento. Pero claro, quienes pudieran hacer visible el problema resultarían siendo los mismos acusados.

* Profesor de la Universidad Nacional de Colombia y miembro del Centro de Estudios de Derecho Justicia y Sociedad