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Opinión

  • | 2018/12/05 00:52

    La desinstitucionalización del país

    He señalado cómo el país está viviendo un proceso de desinstitucionalización que consiste en alejarse de la Constitución y de la ley desafiando el principio democrático universal que dice: nada por fuera de la ley, nadie por encima de la ley.

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Lo anterior es aún más grave cuando involucra derechos constitucionales fundamentales. Por ejemplo:

El a.19 del A.L. No. 1 de 2017 dice en cuanto a la eventual extradición de exguerrilleros que hubieran pertenecido a la extinta Farc-EP: “Cuando se alegue, respecto de un integrante de las FARC-EP o de una persona acusada de ser integrante de dicha organización, que la conducta atribuida en la solicitud de extradición hubiere ocurrido con posterioridad a la firma del Acuerdo Final, la Sección de Revisión del Tribunal‘ para la Paz evaluará la conducta atribuida para determinar la fecha precisa de su realización y decidir el procedimiento apropiado”.

Dice el Diccionario de la Real Academia Española que evaluar es: “Señalar el valor de algo. Estimar, apreciar, calcular el valor de algo”. Es decir, se trata de verificar el valor de la conducta atribuida, para determinar si esa conducta es delincuencial, si es un delito, porque no basta que la DEA le atribuya a un exguerrillero la comisión de un delito para dar por sentado que el delito fue cometido. De ahí surge la necesidad ineludible de probar la existencia del delito, y una vez probado éste, debe probarse que el autor es el exguerrillero acusado. No es posible “determinar la fecha precisa” de la realización de la conducta atribuida, si previamente no se prueba la existencia de la conducta atribuida.

Pues bien, el Centro Democrático quiere desconocer esta norma jurídica con la tesis de que no se necesita probar la existencia del delito que se le atribuye al exguerrillero, menos aún su autoría, es decir, que en el caso de éstos hay que pasar por encima de lo previsto en la norma constitucional que acabo de transcribir y que no opera para todos los colombianos sino única y exclusivamente para quienes se desmovilizaron por cuenta de la paz con las Farc-EP.

Pero, claro, de lo que se trata al pretender pasar por encima de la Constitución, es acabar con el proceso de paz al abrirle a la DEA la posibilidad de que a su solo pedido todos los comandantes guerrilleros terminen extraditados. Es crear una espada de Damocles sobre todos ellos. Son infatigables en la desafortunada tarea de conspirar contra la paz firmada con ese grupo guerrillero.

El a.23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a “Derechos Políticos” señala que todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos: a. Participar en la dirección de los asuntos públicos; b. Votar y ser elegido; c. Tener acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. Y agrega el artículo: La ley puede reglamentar el ejercicio de los anteriores derechos “exclusivamente por razones de edad… o condena por juez competente, en proceso penal”. (Negrillas, mías)

En consecuencia, la limitación a los derechos consagrados en ese a.23 del Pacto de San José no puede hacerse sino como consecuencia de una condena en proceso penal. Pues bien, la Corte Constitucional, en fallo dividido cinco contra cuatro, acaba de ignorar el alcance de esta norma en una sentencia para el olvido, como lo es para el olvido la que autorizó el voto popular respecto de la paz firmada con las Farc, desconociendo que en todos los casos la paz es un derecho constitucional fundamental, que no puede ser desconocido por las mayorías.

Pero no solo violenta este precepto que hace parte del bloque de constitucionalidad. También quebranta los artículos siguientes de la Convención de Viena relativa a los Tratados Internacionales:  

“26. "Pacta sunt servanda". Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe.

27. El derecho interno y la observancia de los tratados. Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado”… Y, desde luego, no hay disposiciones de derecho interno en Colombia que pueda justificar el incumplimiento del a.23 del Pacto de San José.

Se ha dicho que el orden jurídico de un país es lo que las fuerzas políticas y económicas dominantes quieren que sea. En Colombia nos estamos quedando en la práctica sin Constitución y sin el principio de “nada por fuera de la ley, nadie por encima de la ley”. Es la cultura de la ilegalidad abriéndose paso en la sicología de muchos, muchísimos colombianos.  

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