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Opinión

  • | 2018/10/17 00:32

    La deuda moral y legal de Santos y María Ángela con Saleh

    Los vejámenes y torturas a que fue sometido el líder estudiantil venezolano Lorent Gómez Saleh, en cuatro años de injusto cautiverio, son responsabilidad directa de las autoridades colombianas que lo entregaran al macabro régimen de Maduro.

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El 4 de septiembre de 2014 Juan Manuel Santos Calderón, presidente de Colombia y María Ángela Holguín, ministra de Relaciones Exteriores, conocedores ambos, en profundidad, de las miserias, excesos, atropellos, arbitrariedades y barbaries del régimen venezolano, desoyeron las advertencias, recomendaciones y súplicas de varias personas y organizaciones defensoras de los derechos humanos y entregaron al siniestro y asesino Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) de Venezuela, a Lorent Enrique Gómez Saleh, entonces de 26 años de edad.

Fueron advertidos de que no existía en su contra ninguna orden de captura, ni código rojo de Interpol, ni solicitud del gobierno de Venezuela a Colombia para que lo expulsaran. Les señalaron igualmente que la Convención Americana de Derechos Humanos establece que los gobiernos no deben entregar a ningún ciudadano a un país donde sepan que será apresado, torturado o donde su vida correrá peligro. El artículo 22.8 de la Convención dice: “En ningún caso el extranjero puede ser expulsado o devuelto a otro país, sea o no de origen, donde su derecho a la vida o a la libertad personal está en riesgo de violación a causa de raza, nacionalidad, religión, condición social o de sus opiniones políticas”.

Gómez Saleh, nacido en San Cristóbal, Táchira, fundador de la ONG Operación Libertad, había sido detenido en varias oportunidades en su país y estaba en la mira de sus autoridades, como miles de estudiantes vinculados con protestas y manifestaciones que denunciaron ante el mundo el derrumbe de la democracia en Venezuela, la entrega de la economía y la seguridad al régimen cubano, la naturaleza criminal, con irrefutables vínculos con el narcotráfico, de la cúpula del gobierno y del poder militar. En la dura represión de ese movimiento Gómez Saleh, como otros líderes estudiantiles, fueron retenidos por delitos como “resistencia a la autoridad, lesiones y ultraje violento contra funcionario público, incitación al odio y obstrucción de vías públicas”. Su vida cayó en la inestabilidad y la zozobra, bajo la persecución y el asedio implacables y constantes del Sebin.

Había venido a Colombia por primera vez en julio de 2013, para el lanzamiento de la Alianza Nacionalista por la Libertad en apoyo de la causa venezolana. Regresó en febrero de 2014 y con la ayuda de políticos locales, defensores de DDHH y líderes estudiantiles participó en múltiples eventos para denunciar los horrores del régimen venezolano. Ese 4 de septiembre alcanzó a lanzar la alerta temprana a familiares y amigos acerca de que un vehículo merodeaba sospechosamente por el lugar en donde estaba. Era gente de Migración Colombia que lo detuvieron con otro activista, Gabriel Valles. Ocho horas después se los entregaron al Sebin en San Cristóbal.

No valieron súplicas, argumentos ni el claro señalamiento que para la fecha tenían salvoconductos vigentes y que a la luz del derecho internacional la detención y deportación era claramente violatoria del principio de no devolución. Tampoco el llamado desesperado del abogado con un argumento de sentido de común, al margen de los códigos: “A esos muchachos los van a torturar y hasta los pueden matar en los calabozos del Sebin en Venezuela”.

Por orden del presidente y de la canciller fueron deportados bajo el inverosímil argumento que constituían un peligro para la seguridad nacional “debido a que incurrieron en actividades proselitistas prohibidas por las normas migratorias de Colombia y que llegaron a la agresión personal contra personajes de la vida pública” (Gómez Saleh tuvo un altercado en un evento con Antonio Navarro Wolf). El abogado del estudiante dejó constancia, días después, de que la extradición se produjo el 4 de septiembre cuando la solicitud de Venezuela se presentó dos días después, con fecha 6 de septiembre.

Cuando llegó a Venezuela, Lorent Gómez Saleh fue acusado de recibir entrenamiento paramilitar en Colombia para realizar atentados en Venezuela y según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue encerrado en un tétrico calabozo de 2x3 metros en “La tumba”, un sótano ubicado cinco pisos bajo tierra en la sede principal del Sebin en aislamiento total, con luz artificial y aire condicionado frío, vigilado las 24 horas a través de cámaras de vídeo y micrófonos, un oprobioso cautiverio que le provocó “crisis nerviosas, problemas estomacales, diarrea, vómitos, espasmos, dolores en articulaciones, dolores de cabeza, dermatitis, ataques de pánico, trastornos musculares y desorientación temporal” sin “presuntamente recibir atención médica adecuada”. Nunca fue acusado formalmente y la diligencia judicial a que tenía derecho fue convocada y suspendida en 52 ocasiones.

“Me metieron en una Tumba fría un poco más de dos años y de ella salí vivo, me llevaron a la Roca Tarpeya y me metieron en una caja de concreto en un lugar llamado el Helicoide. Soy testigo de torturas de mil formas y expresiones; he visto lo más grotesco de lo humano y lo más hermoso en medio de la desgracia”, dijo en una dramática carta divulgada por su madre Yamile Saleh, el pasado mes de agosto.

Santos y su canciller eran en 2014 aliados de Maduro en torno del proceso de paz con las Farc. Por eso entregaron dócilmente a Gómez Saleh y a Valles, al infierno y a las torturas. Fueron liberados en las últimas semanas por mediación del gobierno de España. Impensable que presidentes, premios nobel de paz, como Nelson Mandela u Oscar Arias, entregaran jamás un perseguido a un régimen brutal y sangriento, como el de Venezuela. Lo insólito es que el nuestro y María Ángela Holguín lo hayan hecho pese a ser ellos mismos padres de jóvenes de esa misma generación. Tienen mucho por explicar. Tienen mucho por responder, ante los enormes daños causados a dos líderes estudiantiles y luchadores por la democracia, con esa decisión irracional, precipitada, violatoria de tantas normas y contraria a los más elementales principios de humanidad y de respeto por los derechos humanos.

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