La emboscada a la protesta

El artículo 37 de la Constitución, en el título II sobre derechos fundamentales, dice: “Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Sólo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho”. Los artículos 18, 20 y 40 lo complementan.

Los apartados 21 y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas la resaltan como una “forma importante de ejercicio de los derechos a la libertad de reunión pacífica y la libertad de expresión establecida” y tratadistas como Gargarella la nominan como primer derecho, pues de él se han derivado los demás.

Investigadores señalan que en Colombia “la protesta es una de las formas principales de participación ciudadana, y que en la gran mayoría de los casos, transcurre de manera pacífica. La gente suele acudir a la protesta en situaciones o momentos límites, cuando se agotan otros canales de participación o expresión del descontento ante situaciones injustas”. Estiman que entre 1975 y 2016 hubo 25.000 movilizaciones, que aumentaron “desde finales del decenio pasado, cuando aún era presidente Álvaro Uribe” y que “la tendencia se mantuvo con vaivenes bajo el Gobierno de Santos, con el que llegamos al pico de 1.037 en 2013” (Archila, García y Cinep).

El número descendió de 800 anuales a 300 entre 1975 y 1995, subió a 600 hacia 2007 y en adelante estuvo entre 800 y 1.000 hasta 2016 (Cinep). En los primeros tres meses del gobierno de Duque hubo 348 protestas, 59 por ciento más frente a igual periodo en 2017, cuando hubo 1,9 movilizaciones por día (FIP). Para 2019, tras el triunfante movimiento estudiantil de 2018, se activó la protesta contra el “paquetazo” de la Ocde que desató el paro iniciado el 21 de noviembre, teñido por el asesinato de Dilan Cruz con réplicas hasta febrero de 2020.

El Gobierno de Duque, fuera de aludir a la protesta con el término policial “vías de hecho”, ostenta una conducta reaccionaria al respecto: su primer ministro de Defensa, Guillermo Botero, previo a posesionarse hablaba no de garantizarla sino de reglamentarla, porque para él son minorías contra mayorías entorpecidas en su diario vivir. El fallecido ministro Trujillo debió presentar disculpas por excesos de la fuerza pública contra los protestantes, como le ordenó la Corte Suprema, y el actual, Diego Molano, es autor de la “genialidad” de confinar la protesta en un “protestódromo”.

Llueven críticas desde la comunidad mundial al Gobierno por su autoritarismo, que no cumple el protocolo acordado a instancias de la Corte de no usar armas letales, quizás orientado por la máxima instigadora de Álvaro Uribe del “derecho de soldados y policías de utilizar sus armas para defender su integridad”.

Luego de 15 días, 2.700 concentraciones y 1.215 marchas en 750 municipios, el balance era 2.110 casos de violencia de la fuerza pública, con 40 presuntos homicidios, 34 con arma de fuego –el modus operandi que el 9 de septiembre de 2020 causó nueve crímenes similares y solo tres decisiones judiciales en Bogotá–, 362 víctimas de violencia física y 17 sexual, incluida Alison en Popayán, 1.055 detenciones arbitrarias y 168 posibles desaparecidos (Defensoría, Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, Indepaz y Temblores).

Deja mucho qué pensar que gatilleros de civil, en distintos episodios, sean vistos al lado de la Policía, la que, a su vez, tuvo 849 uniformados heridos y la muerte del capitán Solano al enfrentar un robo bancario en Soacha por vándalos que aprovecharon la manifestación.

También entrampan la protesta, al dificultar su carácter masivo, el vandalismo y el extremismo ejercido por anarcos, por la delincuencia organizada, gente descompuesta fruto de la misma crisis galopante, y por residuos insurrectos que persisten en suplir a las masas con acciones “heroicas” lanzándose “por el atajo de una insurrección imaginaria”. Estos modos, en lugar del dicho de los corifeos oficiales, no son criaturas de la protesta, son su contrario. Si se proscribiese la movilización civil y desembocara en la devastación, sería el caos.

Conspira contra la resistencia ciudadana la tecnocracia criolla, que no se explica cómo la “masa inculta” no entiende lo bueno de aumentar el IVA y oficia de eco de los mercados financieros, que castigarán la rebeldía justificada con la pérdida del grado de inversión a la economía y atemorizan con las calificadoras de riesgo que arrasaron en Grecia el estado de bienestar para calmar la voracidad de los especuladores. Tecnócratas alejados de la incertidumbre de 3,5 millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan.

Duque procedió al revés. Primero recaudo de impuestos que gasto público eficaz, primero fuerza desproporcionada que negociación abierta, y primero discurso hosco que mensaje de concordia. ¿Seguirá emboscada la protesta?