La encrucijada del MinTic

El sector de las telecomunicaciones no es fácil. El Estado, que hace 30 años era dueño y señor del sector, no migró fácilmente de su rol de operador a un rol de regulador, deshaciéndose solo parcialmente de la participación en Telecom y muchas de las empresas de telefonía local y manteniendo, por medio de los gobiernos locales, el control de las empresas de las ciudades como Bogotá, Medellín y Cali.

Poco a poco fueron dándose tímidos pasos en la dirección de convertirse en regulador, como la venta a privados de aproximadamente el 15 % de la ETB, la fusión UNE Millicom que permitió que la multinacional adquiriera, con control, el 50 % de la operadora de EPM, y la venta a pedazos de Telecom que hace que el Estado sea dueño actualmente del 32,5 % de la operación de Telefónica en Colombia.

El rol mixto del Estado regulador en las operadoras ha creado históricamente conflictos de interés obvios que desarticulan el mercado. Operadores poco eficientes a quienes su operación ha llevado a problemas de liquidez, han sido sacados de apuros con transacciones en que el Estado ha asumido gran parte de los pasivos. La regulación ha tenido constantes exabruptos en que se beneficia a competidores con participación del gobierno central, que no llegan a los titulares de los periódicos, pero se sienten en los estados financieros de los demás participantes.

Sin embargo, el sector de las telecomunicaciones no es solo los servicios masivos de telefonía, internet y televisión. El MInTic, cuyas funciones incluyen promover el uso de las telecomunicaciones de la tecnología en el país, ha tenido en el tiempo y en este flanco, múltiples iniciativas que han sido blanco de críticas.

En la época del ministro Molano, uno de los esfuerzos para ampliar el acceso a la tecnología fue el de distribuir gratuitamente tabletas a los estudiantes, muchas de las cuales fueron revendidas y otras que nunca pudieron ser utilizadas a cabalidad por no tener acceso a internet. Más recientemente, el ministro David Luna quedó atrapado en la disputa entre la plataforma Uber y el gremio de taxistas que terminó con la salida del operador de vanguardia del país. Incidieron en la renuncia de la ministra Constaín la adjudicación de la operación de los dominios .co y que no se puso en la licitación ninguna condición de cambio de control, lo cual permitió su reventa casi inmediata a la americana GoDaddy y la polémica subasta de espectro que le permitió a WOM entrar al mercado de telecomunicaciones móviles colombiano.

Todos estos escándalos tienen en común la dificultad que ha tenido el Estado en regular el sector. La normativa, desde los principios de regulación pública es clara y concreta, con principios rectores como la transparencia, que a todas luces no ha sido una fortaleza en el MinTic, la economía, de muy dudosa eficiencia en los múltiples procesos y la responsabilidad que requiere a los funcionarios encargados poner por delante los intereses de la nación al de los funcionarios que toman las decisiones.

De los mandatos de los últimos diez años en el ministerio de telecomunicaciones, tal vez el menos cuestionado ha sido el de la ministra Abudinen. Su gestión en el ministerio ha tenido una orientación ejecutiva, pero como a muchos de sus predecesores, le llegó su primer gran dilema con la contratación del internet para las escuelas del país.

Con respecto a este lío, hay que decir antes de todo que el proceso estuvo bien estructurado y prueba de ello es que la asignación de la mitad de los recursos a Claro por medio de licitación no ha tenido problema alguno. El lío estuvo en la segunda mitad de la asignación en la cual el contratista terminó engañando al Estado con documentos falsos en lo que el ministerio fue una víctima, en parte porque los procedimientos de chequeo de documentos, que está a cargo de los mandos medios, no se cumplieron.

Dicen los sabios que cuando se presentan dilemas complejos se requiere acudir a los principios para resolverlos. Como cuando se trata del MinTic, entidad pública, estos principios son los de la contratación estatal.

Desde el punto de vista de la transparencia, el iniciar una nueva licitación express, en que gane el mejor, es el único camino viable. Una negociación privada, en la cual se negocien las condiciones contractuales de manera privada con un operador, sea público, mixto a privado, atraería suspicacias significativas.

Desde el punto de vista de la economía, es claro que por medio de un nuevo proceso competitivo se lograrían mejores condiciones para el Estado que en un proceso a dedo y sin competencia. Es más, si no se tuviesen en cuenta los incumplimientos en documentos de trámite y absolutamente solucionables, es muy probable que el Estado consiga, con el mismo dinero, conectar alrededor de un 20 % más de escuelas.

Por último, y este es el punto crítico, el principio de la responsabilidad indica que los intereses de la nación deben pasar por encima de los intereses particulares. Hacer un arreglo directo con un tercero no garantiza mejores condiciones financieras y tiempos de ejecución, pero sí facilitaría la labor del ministerio en no darle más exposición a un problema que ha impactado la imagen del gobierno. Los colombianos que apoyamos su gestión confiamos en que tomará la decisión correcta.