La Esparta contemporánea

Luego de una extenuante fila, un hombre con la mano derecha envuelta en una rústica manta, debe resignarse a que una mujer aislada por una minúscula ventanilla, le diga que a pesar de tener una EPS no le pueden operar su mano casi mutilada hace tres horas, porque no tiene cumplidas las semanas de cotización. Simultáneamente, en un consultorio de provincia una joven mujer no puede comprender cuando la ARS le dice que no le autorizan la cirugía de su hijo con labio leporino, ya que para ellos es un problema estético y no funcional. Mientras tanto un somnoliento ortopedista que lleva 32 horas trabajando, le explica a su paciente que debe instaurar una acción de tutela porque los materiales requeridos para la cirugía no los cubre el POS.

Estos no son tres amarillistas escenarios, sino ejemplos vividos dentro de un sistema de salud donde la vida y la dignidad humana se han convertido en bienes negociables.

Colombia intentó dar un majestuoso salto a la equidad social creando un nuevo modelo en el año 93 con la Ley 100, pero desafortunadamente quienes manejan apócrifamente los hilos del poder, movieron astutamente sus obsecuentes marionetas, engendrando así una reglamentación que le entregó a las EPS y ARS una licencia para convertir a los colombianos y su fisiología en el más lucrativo de los negocios. Sumando los ingresos netos operacionales de las dos EPS más grandes del país en 2004, superarán los tres billones de pesos, pero continuamente estas “empresas promotoras de salud” le argumentan al gobierno que se deben aumentar los porcentajes de cotización de los trabajadores porque “su estabilidad financiera es frágil”. Nuestro país invierte al año 9,8% del PIB en salud, es decir tres veces lo que se gasta en la guerra. Pese a esto algunos manipuladores denuncian que no hay recursos para la salud. Dinero existe, el nudo gordiano aparece en los altos costos de la intermediación y en los descarados desfalcos reportados a diario. El sistema judicial debe hacerles entender a los bandidos que quien roba dineros de la salud es un homicida múltiple y no otro corrupto más de nuestra generosa colección.

Los pacientes ahora llamados usuarios o clientes, no pueden acceder ni siquiera a los medicamentos consagrados en el POS sino a los que el libre albedrío monetario de estas empresas se permite, convirtiendo así al acetaminofén y la loratadina en omnipotentes elíxires. Los profesionales de la salud deben afrontar inhumanos modelos de contratación por el miedo a perder su empleo. Los hospitales públicos han aparecido siempre en la picota pública como dinosaurios burocráticos arruinados por insaciables sindicatos, cuando la realidad nos muestra que han sido víctimas de gobiernos miopes.

El 53 por ciento de los embarazos en nuestro país son no deseados según la ONU y todos los días vemos dramáticos desfiles en los semáforos de fértiles pero miserables familias que nunca se vieron favorecidas de una política nacional del control de la natalidad.

La libertad para un afiliado al sistema es una falacia: Nadie puede ir a la clínica u hospital cercano sino donde la EPS tiene contrato y un afiliado al régimen subsidiado sólo se puede enfermar en el municipio que le indica el carné. Bogotá ha sido llamada la Atenas suramericana, ahora Colombia entera se ha presentado en sociedad como la Esparta americana, donde sólo los niños y adultos sanos tienen derecho a vivir y donde sólo quien tiene holgados bolsillos tiene derecho a una salud digna.

Las EPS y ARS deberían ser un nuevo modelo de cultura empresarial: la de la vida. Lastimosamente la voracidad utilitarista de sus fauces no entiende el dolor humano y su prepotencia mercantilista los mantiene amauróticos y oligofrénicos frente a la salud pública. Sobran dedos de las manos para contar el número de ampollas de suero antiofídico que hay en Colombia, pero faltan programas y voluntad política para prevenir enfermedades como el sida, el cáncer de seno y la depresión. Vivimos en un país que tiene más médicos en el Chicó que en el Chocó y en donde la indignación de los pacientes no ha logrado superar las salas de espera o una rabieta con algún médico de turno.

Es la Nación entera la que al unísono debe exigirle al próximo gobierno y al Congreso una reforma que con valentía defienda la dignidad humana y no un placebo paliativo.


Dr. Camilo Andrés Prieto V es cirujano plástico, miembro de la junta directiva nacional de Assosalud, (Asociación Nacional de Profesiones de la Salud.)