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Opinión

  • Jesús Ignacio García Valencia* | 1980/12/11 00:00

    La extradición por vía administrativa

    El gobierno quiere agilizar el proceso para la extradición de colombianos, mecanismo utilizado dentro de la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico. El representante Jesús Ignacio García, uno de los cinco ponentes del proyecto, explica por qué considera inapropiada la iniciativa gubernamental que pretende excluir a la Corte Suprema de Justicia del proceso volviéndolo netamente administrativo.

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La extradición como se sabe es un mecanismo de colaboración o ayuda internacional el cual tiene como fin garantizar la acción de la justicia en los casos en los cuales una persona haya cometido un delito en el exterior evitando así que la persona se refugie en un país distinto en el que cometió el delito. Es preocupación legítima de los Estados disminuir al máximo el riesgo que representa la renovada delincuencia internacional que asume diferentes manifestaciones como terrorismo y narcotráfico, siendo esta institución un mecanismo importante para combatir la impunidad.

Por estas hondas implicaciones, la figura de la extradición se encuentra regulada tanto en tratados internacionales de naturaleza bilateral y multilateral y en la normatividad de los países que han adoptado la institución, con lo cual se busca que lo dispuesto en los convenios públicos tengan plena vigencia dentro de los estados partes y garantizar así el cumplimiento de los requisitos necesarios para que proceda la extradición tanto activa como pasiva comprometiéndose de esta manera con el respeto del debido proceso de las personas que se ven involucradas en este trámite especial.

En Colombia actualmente, la extradición es un acto complejo que requiere la intervención de dos ramas del poder público para su consecución final. La rama ejecutiva esta representada en el trámite por los ministerios de Justicia y del derecho y de Relaciones exteriores, los cuales verifican el lleno de los requisitos para iniciar el procedimiento. Por su lado, la Corte Suprema de Justicia a través de su Sala Penal se encarga de realizar un examen en el que se verifica de acuerdo a los documentos, la plena identidad del solicitado, la salvaguarda del principio de la doble incriminación, la existencia y equivalencia de una providencia que tenga efectos análogos a la resolución de acusación y velar porque se cumpla con lo prescrito en los tratados y convenios internacionales. De igual forma la Fiscalía General de la Nación interviene en el proceso para satisfacer el requisito de la captura como medida cautelar que asegure la efectividad de la extradición.

Como puede verse el esquema del instituto obedece al principio de interdependencia por colaboración entre las ramas del poder público que intervienen en el trámite y que responde a un criterio de especialización en la toma de las decisiones. Y es este esquema el que se pretende revisar y reformar de acuerdo a lo dispuesto en el proyecto de Código de procedimiento penal que presento el pasado 20 de julio el Fiscal General de la Nación.

La propuesta tiene su antecedente inmediato en la discusión que en tal sentido se suscitó en la Comisión Constitucional encargada de la Reforma Penal. En el seno de esta Corporación se escucharon voces disímiles al respecto, las cuales conviene tener en cuenta para poder hacer una reflexión ponderada de la extradición.

La posición del Gobierno en las reuniones de la Comisión fue contundente al definirse por una fórmula en la que se excluye por completo a la Corte Suprema de Justicia en el trámite de extradición y en la que se circunscribe la actuación al ámbito exclusivo de las funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores y de Justicia y del Derecho, en lo que se ha llamado extradición por vía administrativa.

Esta posición tiene varios fundamentos, entre los cuales se destaca la demora de la Corte Suprema de Justicia para rendir el concepto que señala la ley, que para el Gobierno no es mas que un análisis estrictamente formal acerca de los requisitos antes señalados (identidad de la persona, providencia análoga a la acusación, etc.) más nunca del aspecto sustancial del proceso representado por el estudio de la cuestión fáctica y la definición de la responsabilidad de la persona que se solicita en extradición. Estas atribuciones son de resorte exclusivo de las autoridades judiciales del país que requiere la extradición, es decir, está completamente proscrita cualquier labor de juzgamiento por parte de la Corte Suprema de Justicia. Además, argumenta el Gobierno, es el ejecutivo el encargado del cumplimiento de los tratados y convenios así como de las relaciones internacionales.

Por su parte la Corporación Excelencia en la Justicia propuso un sistema mixto en el que la Corte Suprema de Justicia pueda conocer del trámite de extradición si la persona involucrada se opone a la decisión del gobierno, esto significa que si hoy la intervención de la Corte es obligatoria, con la reestructuración que formula la C.E.J sería opcional y procedería solo en caso de que la persona solicite ante el alto tribunal la revisión de la extradición proferida por el Gobierno. Además se contempla la posibilidad de aplicar por parte de la Fiscalía General de la Nación el principio de oportunidad.

Por su parte la Corte Suprema de Justicia y la Procuraduría General de la Nación están de acuerdo en que la primera pueda actuar en el trámite cuando se afecte una garantía fundamental, aunque el Ministerio Público sostiene que esta solo sea una competencia residual.

La Defensoría del Pueblo a su vez se opone rotundamente a que la extradición se convierta en un procedimiento netamente administrativo, ya que la misión de la Corte es realizar un control de legalidad de la actuación y servir de contrapeso al poder del ejecutivo.

También se escuchó en la Comisión, la propuesta de que ni siquiera el concepto negativo de la Corte obligaría al gobierno, solución que juzgamos poco práctica pues tornaría en superfluo el control de legalidad.

Como puede observarse los argumentos centrales que se pretenden tener como fundamento para dejar el trámite de extradición completamente administrativo, es decir excluyendo a la Corte Suprema de Justicia, son la dilación para rendir el concepto previo que la ley exige y el restringido poder que tiene esta alta Corporación para entrar a debatir el aspecto jurídico y probatorio sustancial del proceso.

Por esto, pensamos que si bien la Corte Suprema de Justicia no cuenta con una facultad que le garantice un análisis profundo de los elementos sustanciales del trámite de extradición pues no puede estudiar o entrar a valorar el contenido probatorio ni discutir la culpabilidad de la persona que está siendo sometida al procedimiento, no debemos olvidar que el papel de la alta corporación hace parte de la tradición jurídica del país, papel que tiene como fin otorgar a la persona involucrada y a la sociedad misma la seguridad de que todo se realizó respetando los lineamientos legales nacionales e internacionales. Es decir la Corte cumple una función que equilibra los criterios de conveniencia del gobierno y las garantías fundamentales de las personas, con lo que se puede afirmar que es una misión legitimadora de la extradición.

Por otro lado consideramos que si el problema de la figura es el rol formal que juega la Corte Suprema de Justicia, la solución no es excluirla en la adopción de tan importante decisión; podría plantearse al contrario la posibilidad de potenciar su labor señalándose para ello unos criterios básicos que estén a tono con los tratados públicos y que permitan una intervención mas activa de la Corte en el Extradición. Estos lineamientos autorizarían verificar el material probatorio y conceptuar acerca de las garantías y derechos de la persona. Para esto el Congreso debe comprometerse a sacar avante estas propuestas sin obviar los generosos aportes que en la discusión del tema puedan hacer las otras instituciones y organismos involucrados en el asunto.

Por último, se hace necesario señalar que si el gobierno considera oportuno insistir en una extradición por vía administrativa, lo pertinente sería excluir del código de procedimiento penal el trámite respectivo, presentado por parte del ejecutivo un proyecto de ley ante el Congreso asumiendo de esta manera la responsabilidad política que tal reforma implica.

*Representante a la Cámara, profesor de derecho penal universidad del Cauca

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