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Opinión

  • | 2019/11/07 18:00

    La huida a la formalidad

    ¿Cómo así que se las fuerzas militares no pueden enterarse de los resultados de un ataque? ¿Entonces cómo van a planear los siguientes? Peor aún, ¿cómo es que ni el ministro ni el presidente pueden enterarse de lo que ocurre en los ataques?

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En entrevista con uno de los programas de radio de la mañana, el General Navarro, en su calidad de ministro de Defensa encargado, trató de explicar los hechos que finalmente llevaron a la renuncia del ministro Guillermo Botero. El General insistió que la operación cumplió con los estándares del derecho internacional humanitario y  que, por razones de reserva del sumario, no era posible ni enterarse de los rasgos principales de las personas dadas de baja, ni comunicarlos. 

Aseguró que la información sobre la edad y el sexo de quienes fallecieron en el bombardeo no la conocían él, ni el ministro Guillermo Botero, ni el Presidente de la República, de manera que las revelaciones hechas por el Senador Barreras eran completamente sorpresivas. Interesantemente, el general aceptó también que ellos sí tenían información sobre reclutamiento de menores y presencia de menores en los campamentos, pero cuando se le preguntó si ellos consideraban a estos menores como víctimas al momento de planear ataques, se abstuvo de dar una respuesta enfatizando que la operación cumplía con los estándares del derecho internacional humanitario. 

Frente a semejante crisis, esta explicación es problemática al menos por dos razones. En primer lugar, porque nunca se hizo referencia específica a las normas del Derecho Internacional Humanitario que autorizan planear y llevar a cabo ataques con información incompleta sobre las identidades y características de las personas que se encuentran en el lugar. No se dijo cómo es que teniendo información sobre una alta probabilidad de que hubiese menores de edad presentes, no se adoptó ninguna medida para minimizar el impacto que el ataque podría tener sobre ellos. 

Honestamente no veo cómo una interpretación razonada de las normas de Derecho Internacional Humanitario respaldan esta posición. En segundo lugar, acudir a la reserva del sumario como razón para no hacerse responsables de las consecuencias del ataque suena cobarde y hasta peligroso. ¿Cómo así que se las fuerzas militares no pueden enterarse de los resultados de un ataque? ¿Entonces cómo van a planear los siguientes? Peor aún, ¿cómo es que ni el ministro ni el presidente pueden enterarse de lo que ocurre en los ataques? ¿Cómo se supone que tomen decisiones en el futuro sin esta información? Y más allá de la preocupación por la eficacia, es razonable objetar en esta respuesta la huida a la formalidad frente a una legítima pregunta por la manera en la que se están conduciendo las operaciones tendientes a reducir a los grupos armados al margen de la ley. 

Es verdad que las formalidades protegen valores importantes en la democracia. En particular, las formalidades pueden servir para garantizar la presunción de inocencia y el derecho a la intimidad, por una parte, y la eficacia en la investigación, por otra. Así, uno puede reclamar que la información que existe sobre unos hechos particulares no sea pública mientras no se haya corroborado la responsabilidad de los involucrados agotando las etapas necesarias para llegar a conclusiones. Las autoridades también pueden tener interés en que la información no se revele inmediatamente para poder aprovechar la ventaja que dicha información ofrece en la investigación. En contextos en los que las autoridades no han demostrado esta eficacia y los involucrados no perciben que el proceso protege la inocencia, sin embargo, seguir reclamando la formalidad no sirve a la democracia sino a los intereses de quienes no quieren rendir cuentas por sus acciones. 

Creo que la desazón que nos produce este caso puede ser también ilustrativa de cómo nos sentimos muchas personas frente a la manera en la que algunos conducen el debate sobre el acoso sexual. Hay preocupación de que se esté restando valor a la presunción de inocencia y al derecho a la intimidad de los acusados cuando se hace pública la información sobre los hechos y se reclama a las autoridades dar cuenta de sus investigaciones. Se acusa entonces a quien dice ser víctima por no respetar la confidencialidad y se insiste que espere a que terminen las investigaciones para que pueda enterarse.

 En algunos casos se llega al extremo de decir que las personas a cargo de la institución no pueden discutir los resultados de las investigaciones para no vulnerar el buen nombre de los sancionados. ¿Cómo puede uno razonablemente esperar que las víctimas confíen en este sistema lleno de demoras y concesiones con los agresores? Especialmente cuando la conclusión no parece ser que las investigaciones lleguen a sanciones efectivas, que reparen a la víctima y transformen el contexto para que estas situaciones no se repitan, sino a exoneraciones por “falta de pruebas” o porque no se encontró que la conducta fuera “suficientemente grave”. Reclamar que ya es muy grave tener que verse sometido a investigaciones, como lo hizo el general Navarro y como lo hacen muchos que están siendo investigados por acoso sexual, es un nuevo agravio a las víctimas al minimizar el daño que ellas denuncian y defender el privilegio de causar este daño.

 En ambos casos, se espera que los agresores enfrenten el proceso con humildad y lealtad, dando razones sustanciales para explicar su conducta y pidiendo las excusas que las víctimas se merecen. Esta actitud restaurativa es valiosa para recomponer el tejido social afectado por las acciones de agresores y autoridades más allá del caso concreto.

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