La inevitable alternativa de una constituyente

La crisis de la justicia ha llegado a un punto de no retorno. Esta semana se produjo el hecho que llenó la copa. En medio de una explosión de escándalos de corrupción, la Fiscalía sindicó a un exmagistrado y dos expresidentes de la Corte Suprema de Justicia, de hacer parte de una red de corrupción que manipulaba y direccionaba procesos a cambio de grandes sumas de dinero.  

Ya no estamos ante las acusaciones por los carruseles de pensiones millonarias en las Altas Cortes, ni hablamos de cartel de jueces que negocian fallos, ni se denuncian casos de clientelismo judicial, y cruce de favores. Ni siquiera estamos ante el caso excepcional del magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, sorprendido negociando la instancia que debía juzgar a un coronel del ejército detenido por la muerte de 12 personas dentro de los llamados falsos positivos. Ya ni siquiera se puede decir que se trata de unas manzanas podridas que abusaron de la confianza del Estado y de los ciudadanos.

Ahora estamos ante un problema más complejo: unas redes mucho más sofisticadas de delincuentes que, desde los tribunales, van sembrando la desconfianza y la rabia de los ciudadanos, mientras que se enriquecen traficando con decisiones judiciales (traslado de cárceles, beneficios, libertades, etc) a cambio de grandes sumas de dinero. Lo hacen directamente o a través de terceros. Se trata de redes que, cuando se escarba sobre sus clientes, aparecen –uno tras otro- senadores, representantes, diputados, concejales, alcaldes, gobernadores y altos funcionarios acusados por actos corruptos, que como consecuencia de los negociados están libres o gozando de los beneficios que ofrece el sistema.

¿Qué hacer? ¿Cómo abordar y resolver la crisis de la justicia? En muchos sectores se viene abriendo camino la puesta en marcha de una Constituyente como fórmula de salida. Y, por más que se busquen alternativas, no parece haber un camino diferente.

¿Por qué una Constituyente?

En primer lugar, porque ahora estamos ante un problema endémico, cuyas manifestaciones ya alteran la acción cotidiana de los operadores judiciales. No importa cuántos más, ni qué tan buenos sean los jueces y fiscales que están actuando en derecho. Ni mucho menos, que tan grandes sean sus esfuerzos por impartir correctamente justicia. El entramado de los corruptos ha inundado el sistema de tal manera, que sus interferencias procesales o sus malintencionadas decisiones, cuando no arrastran a jueces y fiscales, abren zanjas en el camino que bloquean la administración de justicia.

Ya no se trata solamente de un problema de comportamientos y cultura judicial en que unos jueces o fiscales, por ambición o torpeza, olvidaron sus valores, y se desviaron del camino correcto. Ahora la corrupción ha adquirido un carácter institucional. Se ha enquistado en las bases mismas del tejido legal y constitucional que sostiene la rama judicial. Y eso implica que las propias instituciones de justicia, que antes estaban a salvo de presiones irregulares del poder presidencial o de la interferencia de los intereses privados, ahora están a sus expensas.

Se preguntarán, ¿por qué el poder presidencial? ¿qué tiene que ver en un asunto tan delicado como el desplome ético de la justicia? La respuesta es simple. Los hechos han demostrado que la interferencia del presidente en las acciones y decisiones de los jueces, ha sido uno de los factores claves en la corrupción del poder judicial.

Basta ver cómo, en los últimos 20 años, las decisiones de las Altas Cortes se han ido politizando tan aceleradamente como la composición de sus miembros. Y el poder presidencial ha sido el principal responsable. En la medida en que sus resultados dependen de trasgredir los límites de la Constitución y las leyes, la elección de jueces independientes e imparciales les ha resultado inconveniente. Para contener los posibles problemas que puedan tener, han preferido interferir en la elección de los magistrados. Y cada vez lo hacen más abiertamente. Incluso llegan a condicionar la elección a la previa expresión de apoyo a sus políticas, como sucedió con las recientes elecciones a la Corte Constitucional.  

Y lo importante es que los propios magistrados no solo definen buena parte de composición de las demás cortes. También la Corte Suprema elige al fiscal, y con el Consejo de Estado participa en la conformación de la terna para elegir procurador y junto con la Corte Constitucional lo hace en la elección del contralor, el auditor general de la Nación, los magistrados del Consejo Electoral y por esta vía del registrador del Estado Civil. Controlar las cortes, significa también tener las riendas de los organismos de control. Aquí está buena parte del problema.

Otra parte está en el hecho de que las decisiones electorales de los jueces afectan un aparato de más de 50.000 funcionarios. Y eso sin contar que son los magistrados de los tribunales los que definen la terna para contralor en departamentos y distritos. Así, expuestos al filtro de los intereses privados de los corruptos, es claro que al poder decisional de los jueces se suma entonces el poder nominador que le confiere un gran poder burocrático. El sistema se completa con la disputa por el control de la instancia que juzga a los jueces. Es el instrumento que permite presionar cuando sea necesario. El Gobierno lo sabe, e incluso presenta como candidatos a aquellos que les son cercanos a sus intereses. Y así permite que todo suceda, por que con ello también se beneficia.

En este escenario, la crisis de la justicia adquiere un carácter orgánico. La rama judicial ha ido perdiendo su lugar estructural en el ordenamiento estatal. Cada vez más, estamos ante un poder más difuso, que no cumple con su papel de instancia que hace valer el orden legal y constitucional. Todo naufraga en una complejidad de acciones y procedimientos que han impedido que funciones el sistema de pesos y contrapesos, que garantice la existencia de un régimen democrático sólido. Sin orden, se pierde lo que los expertos llaman la “equidistancia” entre los organismos de la rama. Por eso la permanente confrontación (choques de trenes) entre las cortes.

Lo que los ciudadanos ven es que grandes porciones de la justicia están capturadas por los particularismos y la primacía de los intereses personales. Y que, detrás de la carrera judicial, se arropan todo tipo de ventajas y prerrogativas. Por qué no pensar en una revocatoria de los términos de magistrados de altas cortes y de los tribunales, de manera que se pueda recomponer la dirigencia de la rama judicial?

Es claro que para resolver el problema de fondo, se requiere una Constituyente. No solo es la justicia la que se debe ordenar, sino los canales de interacción y control con los demás poderes públicos. Si se quiere ir más allá de los pactos de transparencia que nadie cumple y de las invocaciones contra la politiquería y el clientelismo que se elude por la puerta de atrás del servicio exterior, es necesario pensar en soluciones de fondo. Intentar una reforma a la Justicia que resuelva el problema por la vía gubernativa resulta iluso. Y por la vía del Legislativo, se tendría que dos de cada tres congresistas deberían declararse impedidos por tener procesos en la Corte Suprema o en el Consejo de Estado o por tener parientes en la rama. No queda otra alternativa. De las Constituyentes se dice que se sabe como comienzan, pero nunca dónde van a terminar.  Pero lo cierto es que cualquier cosa es mejor a lo que hoy tenemos.