La informalidad, una barrera a demoler

La informalidad no puede seguir pasando inadvertida en el debate sobre la recuperación económica del país, sobre todo después de ser identificada como uno de los factores que profundizaron los efectos negativos de la pandemia y que dificulta la intervención del Estado en las poblaciones más vulnerables. Los planes de reactivación requieren que el Gobierno Nacional y las administraciones locales fijen estrategias conjuntas con el sector privado, para recobrar los empleos e ingresos perdidos el año pasado, pero con acciones y un marco legal paralelo que permitan atacar simultáneamente el problema.

Si bien el restablecimiento de las actividades económicas generó optimismo al final de 2020, la caída del 6,8 % en el PIB reportada por el Dane muestra que la recuperación de nuestra economía aún no está para celebraciones, y menos cuando la misma dirección informó que el nivel de informalidad alcanzó el 48,1 % en las 13 ciudades principales y áreas metropolitanas del país en el último trimestre.

En sectores rurales, donde se construye la verdadera paz y nos abastecemos diariamente, reina el trabajo informal en un 86 % de las actividades productivas. Por ello hay que tener especial cuidado para que la reforma tributaria no elimine beneficios tributarios en el sector de alimentos y se termine acabando la poca formalidad que hay en el campo.

De allí la importancia de ligar los apoyos del Gobierno a programas de formalización temprana y de enfoque preventivo que estimulen una inserción laboral que dé tránsito del estar ocupado a realmente tener un trabajo digno y en los que, por ejemplo, grupos focalizados puedan iniciar con sus aportes a seguridad social. Hoy el 62,3 % del total de ocupados del país no cotizan a salud ni pensión; un amplio sector que bien puede contarse dentro de la población que recibe ingresos, pero que viven para solucionar lo del “diario”, sin estabilidad ni un futuro promisorio para su vejez.

Por otra parte, atacar la informalidad supone una inminente actualización de la legislación laboral que dé vía a la flexibilización y elimine las innumerables trabas por las que muchas empresas consideran la formalización engorrosa y difícil de administrar. Es imperante disminuir los costos no salariales (que representan cerca del 55 % del salario mínimo), detener los abusos de la seguridad laboral reforzada, y simplificar los trámites para el emprendimiento; barreras que frenan las dinámicas económicas en entidades como el Invima, el ICA, entre otras.

Urge un acuerdo nacional donde todos los sectores confluyan en la necesidad de dinamizar el mercado laboral. Gobierno Nacional, Gremios y Sindicatos deben entender que nuestras leyes de trabajo fueron hechas con las mejores intenciones, pero están generando rigideces que siguen limitando la marcha de la formalidad en el país. La pregunta es si vamos a asumir el reto para estimular la recuperación económica en este periodo de gobierno, o le dejaremos la tarea a la próxima administración. El debate no es fácil, pero es urgente y necesario.