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JEP debe proceder sin dilación

En los últimos días hemos presenciado como simpatizantes del No y exmiembros de las Farc lograron coincidir: ambos afirman que el acuerdo de paz se hizo trizas. Los primeros por condicionar el éxito del mismo al comportamiento de la exguerrilla, y los segundos por pretender que las instituciones debían acomodarse a sus ilegalidades.

Ángela María Giraldo Cadavid.
22 de abril de 2018

En los últimos días hemos presenciado como simpatizantes del No y exmiembros de las Farc lograron coincidir: ambos afirman que el acuerdo de paz se hizo trizas. Los primeros por condicionar el éxito del mismo al comportamiento de la exguerrilla, y los segundos por pretender que las instituciones debían acomodarse a sus ilegalidades. Muchos terminaron sobredimensionando el alcance del acuerdo, por lo que resulta válido reiterar que no se trataba de entregar el país a los exmilicianos, tampoco de lavar sus crímenes, ni mucho menos de transformar el Estado.

Lo consignado en el acuerdo no es nada revolucionario y bien podría ser parte de un Plan Nacional de Desarrollo. Es claro que en Colombia se requiere un mayor compromiso con el desarrollo rural, ampliar la participación en política, fortalecer la lucha contra el narcotráfico, un Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de no Repetición y por supuesto la desmovilización y desarme de las Farc, que nos permitirá pasar la página y ver nuevos horizontes. Decisiones oportunas y severas en contra de quienes incumplan lo pactado, de las disidencias de las Farc y de los corruptos, pueden fortalecer el acuerdo y garantizar la construcción de paz en Colombia.

La JEP debe proceder, sin dilación, a remitir el caso de Santrich a la Justicia Ordinaria, la incertidumbre debilita aún más la confianza en las instituciones y afecta la construcción de paz. Y dado que la JEP actuará en este tema, sería más que acertado, que también lo hiciera para investigar, juzgar y sancionar a los demás exmiembros del Estado Mayor de las Farc, contra quienes existen condenas por crímenes de guerra y lesa humanidad.

En el prontuario de Santrich existen delitos por homicidio agravado, desplazamiento forzado, secuestro, tortura, entre otros, según la respuesta que emitió la Fiscalía General de la Nación al derecho de petición que le dirigí en noviembre del año pasado. Y muchas más condenas existen en contra de los demás ex miembros de la cúpula de las Farc.

La Corte Penal Internacional le ha señalado al Estado colombiano que “la efectividad de las penas de los crímenes más graves conlleva restricciones de libertades y derechos; debe implementarse un sistema riguroso de verificación para impedir que actividades que no forman parte de la sanción, como la participación en los asuntos políticos, frustren el objeto y fin de la pena.”

Por consiguiente una vez la JEP dicte las condenas en contra de los exmiembros de la cúpula, estos al igual que Santrich no podrán ocupar sus curules, pues estas sanciones aunque no son privativas de la libertad, deben ajustarse a los estándares internacionales. Permitir que máximos responsables de crímenes de guerra y lesa humanidad representen a los ciudadanos en el Congreso de la República y sean llamados padres de la patria, es un atentado en contra de la democracia de nuestro país.

Los exguerrilleros de las Farc, que llevaban más de 50 años dedicados a actividades ilícitas, a actuar contra el Estado y sus instituciones, requieren de un acompañamiento psicosocial y un proceso de reintegración que los acerque a la vida legal y al respeto de las leyes y normas, en contra de las que actuaron. Colombia cuenta con una larga experiencia en la implementación del Programa de Reintegración. La técnica y metodología han sido evaluadas, están probadas y son exitosas, se ha logrado transformar la vida de numerosos desmovilizados. Es lamentable que los exmiembros del Estado Mayor se nieguen a ingresar a este proceso y que el Gobierno se los permita.

La etapa de transición de la vida ilegal a la legal no es un boleto directo a consolidar las élites políticas del país, es un camino largo y tortuoso pero necesario, en el que los desmovilizados se desintoxican de las atrocidades a las que estaban acostumbrados y en medio de las que por tantos años vivieron, para adquirir las competencias que les permitan vivir y relacionarse como ciudadanos.