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¿Ven? Teníamos razón

Cuando ganó el No una de las principales cosas que se pidieron era explicitar mejor el hecho de que los expresidentes y presidente no entraban en la Jurisdicción Especial para la Paz. La situación a primera vista no parecía lógica, pues durante toda la campaña se dijo que la JEP se debía acabar porque traía impunidad a los determinadores de los peores crímenes de guerra.

Ariel Ávila, Ariel Ávila
25 de julio de 2018

Si este argumento hubiera sido cierto, lo lógico es que los que cometieron crímenes en el marco del conflicto armado buscarían la JEP, así saldrían impunes. Se avizoraba, por tanto que había algo detrás en la guerra brutal contra la JEP, algo no cuadraba.

Luego, durante el trámite del Acto Legislativo que creaba la JEP y la ley Estatutaria, tanto el Centro Democrático y Cambio Radical, continuaron diciendo que la JEP solo traía impunidad, pero mientras hacían eso y agitaban sus bases populares, que poco leen, por debajo de la mesa y a las 11 de la noche, cuando ya nadie ve los debates en el Congreso, lograron sacar a los terceros de la JEP; se entiende por terceros aquellos civiles, empresarios o políticos que fueron determinadores de crímenes en el marco del conflicto armado. Se veía la misma incoherencia, se acusaba al sistema de justicia transicional de premiar la impunidad, pero se sacaba gente para que nunca pasará por allí.

Luego, hace unas semanas, como lo escribí en mi columna anterior, se desató una brutal ofensiva contra la JEP y la Comisión de la Verdad, se anunció, además un referendo para sacar a los militares de la JEP; es decir, con la salida de los terceros y los militares la Justicia Transicional quedaría solo para las FARC.  

Pero ahora todo es absolutamente claro, la JEP no va a traer impunidad, de hecho traerá mucha justicia: los políticos y empresarios que se beneficiaron de la guerra le tienen pavor. El caso del senador Álvaro Uribe Vélez es el mejor ejemplo, pues el actual debate por su renuncia al senado de la República, tiene de fondo un caso de volteo de testigos, es decir, la presunta intención de voltear testimonios de personas que comprometen a la familia Uribe Vélez con la conformación de grupos paramilitares.

El tema de fondo se refiere a la promoción en la conformación de grupos paramilitares y el epicentro fue la hacienda Guacharacas, además de las masacres del Aro y San Roque. Es decir, hay versiones que indicarían que la familia Uribe Vélez patrocinó grupos paramilitares. De hecho, uno de los testigos estrella, Francisco Villalba, fue asesinado en 2009 y este señor, quien fue jefe paramilitar, había denunciado la presunta participación del expresidente Uribe en la masacre del Aro. Igualmente, al actual testigo, Juan Guillermo Monsalve, lo atacaron con arma blanca en la cárcel y en su celda encontraron agentes venenosos, todo parece indicar que la intención era matarlo. Silenciar la verdad.

De lo que se trata el actual debate no es de la renuncia de Uribe Vélez, sino de la guerra que existe contra la verdad y la memoria. La intención de evadir la justicia y que solo se conozca una parte de la verdad en conflicto armado. Todo lo que dijo el No fue una farsa, una mentira, decían que el proceso de paz traía impunidad, lo cual era falso, pero mientras eso pasaba, la campaña del No sí promovía la impunidad evitando que sectores que participaron en la guerra tuvieran que acudir a la justicia. Como lo he escrito antes, nadie duda que las FARC cometieron crímenes y por eso deben pasar por la justicia, entes caso la JEP, pero la sociedad colombiana debe tener claro que no fueron los únicos que cometieron crimines. Aquí la ecuación que debe defender los demócratas colombianos es sencilla, todo el que fue determinador de hechos de guerra que responda. TODOS y no solo una parte.