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Opinión

  • | 2006/10/21 00:00

    La judicialización de la política

    El punto es la usurpación por la Corte de funciones propias del legislativo, la ruptura del equilibrio de poderes y la mengua de la democracia

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Algún magistrado de la Corte Constitucional se quejaba en estos días del riesgo de que se intentara una "captura política" de esa corporación por parte de los partidos. Al mismo tiempo, en un estimulante foro de la llamada serie Houston, en el que participaron políticos de todas las tendencias, directores y editores de medios de comunicación y académicos del primer nivel, Néstor Humberto Martínez aseveraba que en Colombia se está dando un fenómeno de judicialización de la política.

Ambos tienen razón. Son dos caras de la misma moneda. De hecho, la judicialización de la política es la causa directa de la politización de la justicia. El asunto es más sencillo de lo que parece. La Corte Constitucional ha venido saltándose sus competencias y reemplazando en sus funciones al Congreso de la República. Ya no se limita a definir si las leyes son o no son acordes con lo que dice la Constitución. Ahora simplemente legisla en sus sentencias de constitucionalidad y, con frecuencia inusitada y mucho más controversial, en las de tutela.

Más grave aun, ha decidido imponerle unos límites inexistentes al poder de reforma constitucional que tiene el Congreso. De manera que ahora es ella, la Corte, la que decide qué es posible cambiar en la Constitución y qué es inmodificable. Fue lo que ocurrió, por ejemplo, en las providencias sobre el referendo y la reelección inmediata. En realidad, esas decisiones de la Corte son la entrada, por la puerta de atrás, de las llamadas cláusulas pétreas, cláusulas que, paradójicamente, fueron en buena parte las responsables de la Constituyente del 91.

Que la Corte, hija de esa Asamblea, haya decidido resucitarlas, es curioso pero no extraño. En la medida que la Corte se reserva la posibilidad de definir qué puede reformar el Parlamento, crea para sí un poder enorme.

En este punto debo aclarar que no soy enemigo de la Corte ni busco su inexistencia o su ineficacia. Los tribunales constitucionales son propios de las democracias contemporáneas y son instrumentos esenciales para asegurar la vigencia de las Constituciones. De paso, reconozco que hay una inevitable sustancia política en las decisiones de una Corte constitucional, en la medida en que la Constitución, además de norma jurídica, es también carta política. Admito que, además, son fundamentales para frenar los abusos del Legislativo.

Pero estos tribunales no deben ser fuente de abuso judicial. Y abusos son los que ocurren cuando las cortes se ven inundadas de activistas judiciales, que deciden hacer de ellas su trinchera política. Y no me refiero siquiera a los saltos de magistrados de la Corte Constitucional a la política partidista con las sentencias en la mano, como ha ocurrido en más de una lamentable ocasión entre nosotros. Lo digo también por la manera más sutil pero no menos dañina de hacer obligatorios para todos, a través de sus sentencias, sus valores y convicciones personales. No otra cosa sucedió, por ejemplo, con ocasión de la famosa providencia sobre la 'dosis personal' o, más recientemente, con el aborto. Esas sentencias están basadas en las opiniones personales y las inclinaciones éticas de algunos magistrados, no en lo que dice la Constitución.

En ambos casos, una breve mayoría de jueces en la Corte ha terminado por decidir, a puerta cerrada, cuestiones que deben ser definidas abierta y públicamente en el Parlamento que, en una democracia, es el lugar donde corresponde evaluar la conveniencia o no de semejantes decisiones. No trato ahora de discutir si el aborto o la dosis personal son o no prudentes. No interesa aquí. El punto es la usurpación por la Corte de las funciones propias del Legislativo, la ruptura del equilibro de poderes que ello supone, y la mengua en la democracia que trae el hecho de que la voluntad de pocos magistrados prevalezca sobre la de la mayoría del pueblo, expresada por sus representantes en el Congreso. Todo ello, además, sin control alguno y sin rendición de cuentas. Y, para rematar, sin la transparencia que necesitan discusiones de este calibre.

Como resultado, los partidos buscarán que sus representantes lleguen a la Corte, porque es allí que se toman las decisiones políticas más importantes de la Nación. Así las cosas, ¿por qué sorprende de la politización de la justicia?
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