La justicia transicional ayudará a Siria, pero no de forma inmediata

La guerra civil iniciada en Siria en marzo de 2011 con el levantamiento contra el régimen represivo de Bashar Al Asad continúa costándole muy caro a los civiles. Según los cálculos de la ONU, ya se ha cobrado unas 60.000 vidas. Mientras las potencias mundiales y regionales siguen debatiendo posibles soluciones, recientemente varios grupos han propuesto que se utilice la justicia transicional para estabilizar el país, proporcionando incluso incentivos a los leales a Asad para evitar una posible "lucha a muerte" en Damasco.

Estas propuestas, inspiradas en las transiciones de Sudáfrica, Ruanda e Irlanda del Norte, pretenden aportar soluciones que "hagan justicia, compensen a las víctimas y muestren compasión con todos". Para mí, que estoy profundamente convencido de la importancia de la justicia como base para la recuperación y el mantenimiento de la paz en cualquier sociedad que, como la siria, afronte un legado de atrocidades y actos de represión masiva. La propuesta confirma que la justicia transicional ha dejado de considerarse un mero conjunto de conceptos idealistas y filosóficos, y que cada vez tiene más credibilidad en los procesos de pacificación.

En todo caso, debemos actuar con gran cautela y analizar qué requisitos son necesarios para que las medidas de justicia tengan el efecto deseado. ¿Qué consultas e infraestructuras serán necesarias para que la justicia determine realmente la recuperación de la confianza entre el Estado y sus ciudadanos? ¿Qué hará falta para que las víctimas perciban que la justicia es algo más que una jugada cortoplacista en la partida de ajedrez de la política de posguerra?

El derecho internacional ha sentado sólidamente las bases del derecho a la justicia, la verdad, la reparación y la no repetición por violaciones graves de los derechos humanos. Pero debemos sopesar con cuidado cómo hacer realidad esos derechos en Siria. Es probable que la justicia transicional no funcione si, en lugar de considerarla la base de una sociedad respetuosa de los derechos, se fomenta como atajo a la paz.

Mientras las facciones sirias y los actores internacionales reunidos en su condición de "Amigos de Siria" sopesan esas propuestas, es absolutamente crucial plantear claramente qué se entiende por justicia transicional.

La justicia transicional se basa en dos principios interconectados: en primer lugar, en que hay que tomarse en serio los derechos humanos: las víctimas de abusos graves tienen derecho a la justicia. Es decir, la justicia transicional no es ni una "justicia blanda" ni una alternativa a la justicia penal. 

En segundo lugar, la justicia transicional pretende hacer realidad la rendición de cuentas en circunstancias especialmente difíciles. Cuando después de crímenes a gran escala se compite por acceder a servicios y recursos limitados ni siquiera un sistema de justicia que funcione correctamente puede encarar todas las violaciones de derechos humanos. El desafío es abrumador y va acompañado de un complejo contexto político, a menudo unido a imponentes desafíos técnicos.

La idea de que la justicia transicional de algún modo supone una especie de "justicia blanda" sigue siendo un malentendido frecuente; algo, por ejemplo, apreciable entre muchos defensores de los derechos humanos de Túnez y otros países de la región inmediatamente después de sus revoluciones. De entrada, muchos rechazaban hablar de justicia transicional, creyendo que, con el fin de alcanzar la reconciliación nacional, ésta propugna amnistías indiscriminadas para autores de crímenes atroces. Cualquiera que postule cosas así demuestra estar bastante desconectado del derecho internacional y de las prácticas de los últimos veinte años.

El derecho internacional prohíbe las amnistías para los autores de crímenes internacionales graves como el genocidio, los crímenes contra la humanidad y la tortura. Además, para los casos en los que las autoridades nacionales incumplen la obligación de investigar y juzgar esos crímenes, se ha creado la Corte Penal Internacional, que interviene para garantizar que por lo menos se haga cierta justicia.

Al mismo tiempo, es importante subrayar que la responsabilidad penal es individual y que no puede imputarse a grupos políticos o étnicos en su conjunto, ni partir del principio de "culpabilidad por asociación". En Siria, ésto juega un papel fundamental, ya que la minoría religiosa alauí (origen de la familia Al Asad y sustento tradicional del régimen) teme las represalias en caso de cambio en el poder. En consecuencia, cualquier propuesta de aplicación de medidas de justicia transicional debe dejar claro que no se juzgará a nadie por sus lealtades políticas o étnicas, sino que los procesos se basarán en la presentación de pruebas fehacientes en sede judicial.

Este mensaje cobra todavía más relevancia en vista de las informaciones sobre crímenes cometidos por el Ejército Libre de Siria, el grupo rebelde mayormente suní que ha tomado las armas contra las tropas de Asad. Para que las propuestas de justicia transicional tengan alguna oportunidad de contribuir al establecimiento de una paz duradera en Siria, no debe aplicarse una justicia de los vencedores y habrá que juzgar a todo aquel que haya cometido crímenes graves.

Este tipo de rendición de cuentas no será posible sin instituciones judiciales sólidas e independientes, libres de injerencias políticas. Hay que tomar medidas contundentes para reformar las instituciones participantes en abusos o incapaces de proteger a la población de los mismos. Sin esas medidas, todas las demás iniciativas de justicia transicional corren el riesgo de marchitarse antes de tiempo.

Los juicios contra Sadam Husein y sus huestes en Irak constituyen una sonora advertencia, y demuestran que las causas penales mal planteadas, en lugar de cicatrizar las heridas causadas por un régimen homicida, pueden agravarlas, siendo por tanto contraproducentes. 

En vista de estos factores, debemos admitir que no todos los autores de crímenes serán juzgados, ya que el número de delitos es enorme. Además, a pesar de la importancia que tiene juzgar a los principales responsables de los crímenes más graves, los juicios no son siempre el mejor vehículo para abordar los aspectos sociales e históricos subyacentes tras las pautas represivas y criminales. En algunas circunstancias, medidas de esclarecimiento de la verdad como las comisiones de la verdad pueden ser una valiosa herramienta para proporcionar otro tipo de rendición de cuentas, también eficaz.

Al mismo tiempo, es preciso recordar que la justicia, si pretende servir para una recuperación global y duradera de la sociedad siria, no puede centrarse únicamente en los victimarios y el castigo. Hay que reconocer a las víctimas y su sufrimiento, proporcionándoles resarcimiento, entre otras cosas mediante programas de reparación.

Y no sólo se trata de compensación material, por importante que ésta sea. Es esencial revelar la verdad sobre los desaparecidos: para que las familias puedan llegar a participar realmente en la reconciliación nacional, es preciso que sepan qué les ocurrió a sus seres queridos. Las medidas de reparación que reflejan el reconocimiento del daño causado pueden adoptar varias formas, pero todas deben centrarse en las víctimas y las comunidades afectadas, reconociendo su dignidad como sujetos de derechos, no como beneficiarios de una generosa caridad.

Todas estas medidas, aplicadas de manera exhaustiva, constituyen la justicia transicional, y ejemplos más o menos exitosos de su aplicación pueden encontrarse en países como Sudáfrica, Argentina, Chile, Alemania y otros.

Sin embargo, sería peligroso creer que esos modelos son fácilmente reproducibles en Siria. Con el tiempo hemos aprendido lecciones de las diversas iniciativas, más o menos positivas, de aplicación de medidas de justicia transicional, pero no existe un modelo "universal". Siria tendrá que encontrar su propio camino. En este sentido, para que haya un proceso de justicia transicional creíble es esencial llevar a cabo una adecuada consulta nacional, prestando especial atención a los más afectados por las décadas de abusos.

Pocos están más comprometidos con la aplicación sobre el terreno de medidas de justicia transicional que quienes trabajamos desde hace tiempo en este campo, defendiendo la puesta en marcha de sus soluciones. Sin embargo, debemos ser conscientes de que la justicia transicional no es una varita mágica ni tampoco una alternativa a la justicia "tradicional".

*David Tolbert es presidente del Centro Internacional para la Justicia Transicional.