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¿La libertad de expresión a costa de la libertad de empresa?

El Tiempo podría haber contradicho los argumentos de la columnista López en una actitud democrática, pero optó intempestivamente por forzar su salida.

Semana
16 de octubre de 2009

En su última columna publicada por el periódico El Tiempo “Reflexiones sobre un escándalo”, Claudia López incurrió en lo que algunos critican como “morder la mano que te da de comer”. En ella, López calificó la perspectiva adoptada por ese periódico frente a los subsidios Agro Ingreso Seguro como: “una fabricación inducida para apoyar su interpretación deseada de los efectos políticos del escándalo”, porque en lugar de cubrir la noticia, aquel se conformó con especular sobre las implicaciones políticas de la misma. 

De acuerdo con la columnista, la perspectiva sesgada del periódico le permitió titular, posteriormente, "Indignación y rechazo genera Andrés F. Arias por caso de Agro Ingreso entre lectores de eltiempo.com". López también señaló que los lectores de la edición web fueron invitados a responder a la pregunta de si Arias debería renunciar a su precandidatura presidencial a causa de los AIS, mientras que no sucedió lo propio con Juan Manuel Santos cuando se destapó el escándalo de los falsos positivos.
 
Finalmente, decía López, el sesgo de El Tiempo lo condujo a concluir, injustificadamente, que mientras el escándalo de los AIS debilitaba la carrera a la Presidencia de Arias, la de Santos, a causa del mismo hecho, ganaba ventaja.
 
La reacción del periódico frente a las denuncias de López fue publicar la columna seguida de una nota en que calificaban como “falsas, calumniosas y malintencionadas” sus afirmaciones, las cuales entendían como su carta de renuncia, la cual, dijo la Dirección del periódico, “se acepta de manera inmediata”.
 
La valentía y responsabilidad profesional de López la llevaron a denunciar lo que consideraba un sesgo del periódico a favor de Juan Manuel Santos durante su cargo como Ministro de Defensa y ahora frente a su campaña presidencial. También puso en evidencia un conflicto de intereses que se manifiesta en la forma en que El Tiempo cubre la realidad nacional y su interés comercial en ganarse la adjudicación del tercer canal de televisión que otorgará el gobierno.

Algunos han señalado que la Dirección de El Tiempo ejerció legítimamente su libertad editorial, y en virtud de ella, la decisión de desvincular a una columnista que abiertamente contradice su manera de hacer periodismo y que cuestiona su objetividad y neutralidad.

Pese a que El Tiempo es, en efecto, un medio de comunicación privado, esto no puede restar valor al hecho que los medios masivos de comunicación cumplen una función pública y social cuyo objetivo es promover la libertad de información entre los ciudadanos, ampliar su libertad de decisión a través de la presentación objetiva de los hechos y la deliberación entre ideas, interpretaciones y tendencias opuestas.
 
En fin, existe una relación central y directa entre el ejercicio del periodismo y el respeto y promoción de valores centrales de una democracia como lo son la libertad de expresión y la libertad de información.

Aunque el periódico podría haber reaccionado contradiciendo los argumentos que presentó la columnista en una actitud verdaderamente democrática que reconociera la posibilidad del disenso, optó intempestivamente por forzar su salida, sin asumir seriamente los argumentos de López y sin mostrar su presunta falsedad y maledicencia.
 
Es más, antes de lo que suele hacerlo, el periódico retiró de la página web la columna de López, que acumuló más de 1.000 comentarios la mayoría de los cuales la apoyaba, con el fin de dar su propia versión de los hechos.

El editorial de El Tiempo del día siguiente pretendió hacernos creer que no importa quiénes son los dueños de los medios de comunicación ni qué intereses económicos o políticos defienden porque esos factores no influyen en el formato y contenido de las noticias. Pero estas afirmaciones son contraevidentes.
 
Con ocasión del despido público de López se ha recordado el despido reciente de otra columnista del periódico El Colombiano por escribir una columna en la cual defendía el derecho de las mujeres a interrumpir sus embarazos por cualquier circunstancia. Si estas no son pruebas de los atentados que sufre la libertad de expresión y correlativamente la libertad de información de los colombianos, ¿qué lo es?

Para mostrar la gravedad de la perspectiva de El Tiempo y sus defensores, ¿Qué sería del derecho a la información de los colombianos si un día la ultraderecha católica y sus seguidores compraran los principales medios de comunicación del país? ¿Nos conformaríamos con no conocer los avances de la ciencia en temas como los métodos de control de la fertilidad, o con el hecho que las personas de centro o izquierda no tuvieran la oportunidad de controvertir simplemente porque se les niega el acceso a estos medios?

No es una novedad el que los medios de comunicación son también objeto de pugnas por el poder económico y político, y que quienes disponen de mayores recursos tienen mayores posibilidades de presentar su perspectiva como “la perspectiva objetiva” y guiar así a la opinión pública.
 
Lo que sí es una novedad, -al final de cuentas una afortunada novedad porque contribuye a develar cuestiones centrales sobre la forma en que funcionan los medios de comunicación en Colombia- es que un periódico con las credenciales de El Tiempo incurra en conductas abierta y descaradamente antidemocráticas. Esta era la prueba que estaban esperando quienes han criticado al periódico por gobiernista y sesgado. Parece que ahora quedan pocas dudas.

Finalmente, no sobra recordar que Enrique Santos, quien hace parte del grupo editorial de El Tiempo, es el presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, entre cuyos objetivos se encuentran, entre otros, “defender la libertad de prensa donde quiera que se impugne en las Américas”, “defender la dignidad, los derechos y las responsabilidades del periodismo”, “promover el intercambio de ideas e información que contribuye al desarrollo técnico y profesional de la prensa” y “alentar un conocimiento amplio y un mayor intercambio de información entre los pueblos de las Américas en apoyo a los principios básicos de una sociedad libre y de la libertad individual”.
 
Cualquier lector concedería que todos los anteriores objetivos de la SIP han sido contrariados por la reacción de El Tiempo contra López, o que su presidente tiene una interpretación muy particular de los objetivos de la organización que preside. En virtud de la coherencia entre las ideas que se defienden y lo que se hace ¿no debería la SIP, a su vez, aceptar la renuncia de Enrique Santos?





*Natalia Ramírez es profesora de la Universidad de los Andes y asesora jurídica del Grupo de Derecho de Interés Público de la misma universidad. Las opiniones expuestas en esta columna comprometen únicamente a su autora.
El Grupo de Derecho de Interés Público de la facultad de derecho de la Universidad de los Andes (G-DIP), es un ente académico que persigue tres objetivos fundamentales: primero, tender puentes entre la universidad y la sociedad; segundo, contribuir a la renovación de la educación jurídica en nuestro país; y tercero, contribuir, a través del uso del derecho, a la solución de problemas estructurales de la sociedad, particularmente aquellos que afectan a los grupos más vulnerables de nuestra comunidad.