La lista Petro

En ejercicio de los instrumentos consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en 2004 ciudadanos opositores decidieron iniciar la recolección de firmas para convocar un referéndum revocatorio del  presidente Chávez. La repuesta del régimen fue solicitar al Consejo Nacional Electoral, con la firma del teniente coronel, que se le entregara copia de las planillas con las firmas y datos personales consignados por los ciudadanos que apoyaban esa iniciativa. (Ver facsímil).

Chávez entregó tales datos al diputado del Movimiento Quinta República, Luis Tascón, quien los hizo públicos en su página web. A partir de ahí, se inició una fuerte persecución y discriminación contra quienes aparecían en lo que llamó la “Lista Tascón”.  El presidente de la Federación Unitaria Nacional de Empleados Públicos (FEDEUNEP) registró 780 casos de personas objeto de medidas de discriminación: hostigados, despedidos y trasladados.

La situación adquirió tal gravedad que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el informe respecto a Venezuela, en 2005, manifestó “preocupación por la existencia de una tendencia dirigida a intimidar, hostigar y estigmatizar a personas u organizaciones que se pronuncian en disenso de las políticas o funcionarios del gobierno”. Según la Comisión, las denuncias señalaban “que “la lista” sigue siendo utilizada para cercenar a los firmantes de servicios básicos y programas de bienestar social y que continúan siendo despedidos o no empleados en empresas privadas así como también en entes del Estado”.

Para evitar, entre otras cosas, situaciones similares y proteger eficazmente los derechos a la participación política, la libertad de opinión, pensamiento y de ser parte de partidos políticos o movimientos ciudadanos de oposición, en Colombia se adoptó la ley de protección de datos personales que limita el acceso, recolección, almacenamiento, uso y circulación de información que “pueda asociarse a una o varias personas naturales determinadas o determinables”.

La ley consagra que aquellos “datos sensibles” que afectan la intimidad o cuyo uso indebido puede generar discriminación, como aquellos que revelen la “orientación política” o las “convicciones religiosas”, no se pueden almacenar, usar o circular sin la autorización explícita de su titular a menos que la situación se encuadre en 5 excepciones, ninguna de las cuales aplica para el caso de la base datos personales que se incorpora en las planillas de “solicitud de convocatoria a pronunciamiento popular para revocatoria de mandato.”

Al entregar el Registrador Nacional, Carlos Ariel Sánchez, copia digital de las planillas que contenían datos personales de los ciudadanos que apoyaron la propuesta de revocar al alcalde, circuló una información que reveló la orientación política de los ciudadanos firmantes y los expuso a ser víctimas de actos discriminatorios. El primer caso ocurrió con un ataque contra Eduardo Gómez, un contratista del distrito que aparece como firmante. La arremetida del que fue víctimas por el propio burgomaestre y algunos medios de comunicación alegaba supuesta “falta de ética”, confundiendo la lealtad en el cumplimiento de su función y de las obligaciones contractuales, con la lealtad a Petro.

Ese ataque, que llevó a pedir a ese ciudadano terminar su relación contractual con el Distrito, no se hubiera producido de ningún modo sino fuera porque en el escritorio del alcalde reposa la lista de los más de medio millón de ciudadanos que manifestaron su apoyo a la revocatoria.

Si bien el alcalde y el movimiento Progresistas tiene derecho a verificar la rigurosidad con la cual la Registraduría certifica el cumplimiento de los requisitos relacionados con las firmas, de ningún modo puede acceder a la lista y datos personales de los firmantes. En un país como Colombia donde los grupos criminales han “capturado” alcaldías y gobernaciones la revelación de la lista puede significar potencialmente la amenaza, asesinato o desaparición de los ciudadanos que se atreven a desafiar el poder establecido. Imagine, por un momento, que se estuviera frente a uno de los mandatarios elegidos por los paramilitares como candidatos únicos en 2003.

La prohibición de circular datos personales que revelan la orientación política de los ciudadanos en el marco de un mecanismo de participación ciudadana, como es la revocatoria del mandato, es una garantía para el ejercicio de los derechos políticos. ¿Cuántos ciudadanos preferirían abstenerse de firmar el apoyo a la revocatoria si en su momento conocieran que su nombre y datos personales terminaría en manos de burócratas que potencialmente podrían discriminarlos?

No es una cruzada contra Petro, sino para defender los mecanismos de participación democrática y los derechos de los ciudadanos. Si llegare avalarse que las bases de datos derivadas de las planillas que la Registraduría ha diseñado para activar dichos mecanismos se entregaran a quienes se afectan con tales iniciativas o son sus enemigos, sería el final de la participación ciudadana como bastión de la Constitución de 1991.

Colombia no puede seguir el ejemplo de la revolución bolivariana de Venezuela. En 2005 persiguieron a quienes impulsaban la revocatoria de Chávez, ahora Nicolás Maduro ha dicho que “900 mil compatriotas, ya los tenemos, con cédula de identidad y todo” fueron los chavistas que votaron por Henrique Capriles: el primer paso para desatar una nueva persecución.