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Opinión

  • | 2006/06/11 00:00

    La necesaria luz pública

    Los ciudadanos que contribuyen a que se sepa la verdad, a través del ejercicio legítimo y valiente de la civilidad, merecen la protección y el respaldo de todos nosotros.

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Tres hechos de las últimas semanas, aparentemente inconexos –las amenazas a tres periodistas barranquilleros, los testimonios de los ganadores del Premio Nacional de Paz, y las reacciones de los jefes de las AUC al fallo de la Corte sobre la Ley de Justicia y Paz– ayudan a entender un poco mejor por qué los violentos y los corruptos le temen tanto a una civilidad bien ejercida. También ponen de manifiesto la importancia de que los colombianos hagamos una mejor y mayor defensa de nuestro derecho a disentir, denunciar y pensar libremente, dondequiera que esté en peligro.

Hace unos días, los destacados periodistas barranquilleros, Ernesto McCausland, Gustavo Bell y Armando Bennedetti, recibieron unas bombas falsas –cajas de cartón con cables con un reloj acompañados de un sufragio– con una amenaza estremecedora: “No te metas en lo que no te importa. La próxima vez te la hago estallar”, según informó la Fundación para la Libertad de Prensa. No se sabe bien el porqué de estas amenazas; si fue por denuncias específicas que hicieron estos periodistas por construcciones irregulares que afectaban la ciudad, o por su actitud crítica frente a la corrupción y la violencia creciente. Lo que sí es claro, y paradójico, es que este acto intimidatorio revela el pavor de sus autores frente a unos ciudadanos indefensos, cuyas únicas armas son sus palabras. ¿Por qué?

Los periodistas tienen lo que más temen los violentos o corruptos que prosperan en la oscuridad: la capacidad de arrojar luz sobre ellos; el poder de hacerlos visibles, responsables públicamente por sus actos. El bajo perfil es el estado ideal de todo violento y corrupto para preservar la imagen y el negocio.

La misma lección emerge del lanzamiento del Premio Nacional de Paz. Fue un homenaje y un llamado a los valientes que cuidan la vida, luchan por la tolerancia y la palabra en medio de quienes sólo se imponen con fusiles y dineros mal habidos. Los violentos también les temen a pesar de que no tienen metralletas; apenas, dignidad. Su poder, sin embargo, radica en que son testimonio vivo que desvirtúa la imagen que venden guerrillas y paramilitares de que “el pueblo” necesita de su protección. Además, todos los ganadores del premio –allí estuvieron los indígenas del Cauca, la comunidad cacaotera del Bajo Cagúan, los pacifistas de Mogotes, el laboratorio de desarrollo del Magdalena Medio, la Diócesis de Quibdó, y el colectivo de comunicación de los Montes de María– dan fe que detrás del supuesto altruismo armado, hay grandes negocios.

Y en un sentido diferente, pero que lleva a una conclusión similar, está la decisión de la Corte Constitucional, un puñado de magistrados de firmes convicciones, de aprobar la Ley de Justicia y Paz, pero modificándola para que realmente otorgara beneficios judiciales solamente a aquellos paramilitares que demostraran su vocación de paz con hechos concretos, como devolver bienes para reparar a las víctimas o contar la verdad de lo que hicieron. Algunos jefes de las AUC, que creyeron que la ley iba a ser un paseo, salieron, en boca de ‘Ernesto Báez’, a acusar a la Corte de “exceder su poder, y de colegislar” y de no querer la reconciliación entre los colombianos. Fue una declaración del mayor cinismo, tratándose de un jefe de una organización responsable de cientos de masacres y de desplazar con su terror a millones de campesinos.

En el fondo lo que temen los jefes paras es que las verdades salgan a la luz pública, y que el país conozca las dimensiones de los negocios que hicieron –y en algunos casos siguen haciendo– detrás de la fachada de la antisubversión: usurpación de tierras, control de rutas de narcotráfico, robo o contrabando de gasolina, etc. Ellos también tienen una imagen y unos negocios en la penumbra qué cuidar.
Periodistas libres, ciudadanos organizados pacíficamente para buscarse un mejor futuro, magistrados que velan por el interés de las víctimas y la reconciliación sostenible, todas expresiones de la civilidad bien ejercida, que es necesario defender y proteger a toda costa. La luz que ellos arrojan es la que impide que en Colombia sigan floreciendo las alimañas que florecen en la oscuridad y que tanto daño hacen.

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