La nueva ola celular

La telefonía celular sorprende a diario. Su oferta de servicios novedosos ha permitido que los usuarios mejoren su bienestar y eficiencia laboral. Y, en un futuro, esta contribución será mayor, en la medida en que se concreten valores agregados hasta hace poco inimaginables, como los de conversión de palabras a texto, comercio electrónico, o acceso a videos de alta calidad, para citar unos cuantos. Este dinamismo le impone grandes retos a las empresas operadoras, en la medida en que sólo aquellas que logren ubicarse a la vanguardia tecnológica y de mercadeo podrán competir y ser exitosas.

La presencia de OLA como la tercera operadora celular en Colombia le asigna importancia a estas consideraciones. En efecto, el hecho de que el capital de esta empresa esté conformado por recursos públicos aportados por Bogotá y Medellín ha generado inquietudes que deben ser objeto de debate. ¿Cuenta OLA con los recursos para financiar la inversión requerida para mantenerse en la punta de la tecnología? Si OLA carece de ellos, ¿es aconsejable que se destinen recursos adicionales de los presupuestos de Bogotá y Medellín a estos menesteres, en desmedro de otras responsabilidades sociales? Si OLA cuenta con dichos recursos, ¿está en capacidad de tomar decisiones para responder con agilidad a los cambios tecnológicos y a las movidas de la competencia? Y, en últimas, ¿es procedente asignar recursos públicos a actividades de riesgo?

La respuesta a estos interrogantes parece clara. Primero que todo, la naturaleza y origen público de OLA actúa en detrimento de una rendición de cuentas eficiente (accountability), necesaria para garantizar el buen manejo de toda empresa. Quien lo dude sólo tiene que repasar los abusos en los cuales incurrió su primera administración, destapados a raíz de la exasperación de los usuarios.

En adición, preocupa la desconfianza recíproca que han demostrado sus accionistas, y que se manifiesta en un acuerdo de gobernabilidad que fue diseñado por ellos, más para prevenir la mala jugada del socio, o para sacar ventajas, que para promover el éxito empresarial. El proceso para elegir al presidente de OLA (Medellín postula unos nombres y Bogotá selecciona uno de ellos), o la milimetría en la distribución de los cargos (unos cargos están en Medellín y otros en Bogotá), para citar apenas dos anomalías, reflejan una administración dual y regionalista, para remate mal copiada, que como lo demuestra la historia reciente de la Shell y de Unilever, ya ha probado sus falencias. Desconfianza que, de paso, condujo a la larga interinidad que recientemente padeció la presidencia de la empresa, a pesar de su crisis y de los golpes que le propinaban sus competidores.

Finalmente inquieta el talante de los entes públicos que ejercen control sobre la empresa, que suele ceñirse más a las interpretaciones literales -al auditaje tradicional- que al análisis de la gestión; proclive más al espectáculo que al rigor empresarial.

Estos síntomas sirven para sustentar dos propuestas concretas con respecto a OLA: una, la de reformar cuanto antes el acuerdo de accionistas, acabando con el regionalismo elemental y las prevenciones entre los socios, y ubicando su sede en el sitio que más convenga a su estructura financiera y a la prestación del servicio; y otra, la de (vender o) conseguir cuanto antes un tercer socio, un socio estratégico de primer orden que aporte los recursos, la tecnología y la experiencia necesarias para servir bien a los usuarios y asegurar el futuro de la empresa. Así, de paso, se acabará el protagonismo que a veces muestran los entes públicos de control.

A pesar de que los síntomas son ya preocupantes, los alcaldes de Bogotá y Medellín han preferido evadir una definición al respecto. Sin embargo, aún están a tiempo de asumir el liderazgo y asegurar la viabilidad de una empresa que debería contribuir con creces a nuestro desarrollo.

*mricaurte@cable.net.co