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Opinión

  • | 2004/08/15 00:00

    La otra seguridad democrática

    Se necesitan con urgencia estrategias civiles para fortalecer el Estado. El saneamiento electoral y la titulación de tierras son dos de ellas. Columna de Maria Teresa Ronderos, editora general de SEMANA.

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Decir que la mayoría de los problemas colombianos se originan en la debilidad del Estado es ya un lugar común. Sin embargo resulta asombroso con qué facilidad se reduce la necesidad de fortalecer el Estado a lo militar y policial. Es una tendencia que viene desde atrás, aunque se ha agudizado bajo los últimos dos gobiernos. El resultado es un Estado con bíceps enormes para dar garrote, parado sobre unas piernas raquíticas para avanzar en la inclusión de los ciudadanos o en la defensa del interés público.

En este objetivo de fortalecer la garra estatal en lo civil, ha habido dos noticias recientes, una buena y otra regular. La alentadora es el nuevo proyecto de código electoral que elaboró el Consejo Nacional Electoral (CNE) para poner al día la normatividad electoral, pues la que existe es anterior a la Constitución de 1991 y a la reforma política de 2003. Es que durante demasiado tiempo los gobiernos colombianos habían dejado corroer el sistema electoral. De aquel orgullo de ser una de las democracias más estables de América, sólo quedó el cacareo, pues a la viga central del edificio democrático le entró el comején, sin que a nadie pareciera preocuparle. El fraude se ha vuelto tan común que lo raro es encontrar unas elecciones donde se respete la voluntad del ciudadano. Casi cualquier votación cumple con alguno, o varios, de los "requisitos" de la falsificación: compra de votos, elección de candidatos inhabilitados, compra de jurados de mesa o de registradores, votos con cédulas falsas, muertos que votan, financiación de campañas con dineros ilícitos, o contribuciones lícitas sin declarar. Ante tal desmadre, las viejas prácticas de poner a votar la clientela a cambio de sancochos parecen ingenuas.

Por eso enhorabuena llega la propuesta del CNE que intenta tapar los huecos legales que facilitan el fraude, por lo menos en el papel. Para empezar haría posible (¡por fin!) evitar que candidatos inhabilitados puedan presentarse a la elección, creando un nuevo mecanismo más ágil de impugnación. Hoy alguien condenado por peculado o por asesinato se puede presentar como aspirante a un cargo, ser elegido y la justicia va tan lenta, que puede que cuando termine su período todavía no haya sido obligado a dejar su cargo. Otro aporte clave del proyecto de ley es que sea la propia Registraduría la que fija el lugar de votación de los ciudadanos cerca de su domicilio y evita así el viejísimo truco del trasteo de votantes. Por último, los magistrados proponen elecciones mucho más transparentes. Se volvería obligación no sólo que el candidato informe públicamente cuánto dinero recibió, sino que el donante diga cuánto aportó. También los medios deben reportar cuánto recibieron de pago por la publicidad política. El proyecto además le da dientes al CNE para verificar si las cuentas que presentan son reales, dándole acceso privilegiado al sistema financiero. Si el Congreso aprueba este proyecto sería un primer paso para evitar que la plaga termine de desmoronar lo que queda de elecciones democráticas.

De otra parte, la discusión del miércoles pasado en la Cámara en la que el alto gobierno se comprometió a financiar los 120 millones de dólares que cuesta darle un documento de identidad nuevo a 41 millones de colombianos, también despierta una esperanza. Más aún, ya se incluyeron en el presupuesto de 2005, 14 millones de dólares para tal fin. Con ello se haría muy difícil la utilización fraudulenta de cédulas en las elecciones y además, se mejorarían infinitamente las posibilidades de las autoridades de identificar a los delincuentes. Más democracia y más seguridad con el fortalecimiento de una entidad puramente civil. Quedan muchos temas por resolver en este campo del sistema electoral, entre ellos, uno enorme que es montar una institución electoral independiente y profesional como lo hizo México con el IFE, con excelentes resultados. Y otro no menos importante, asegurarse de que el contratista haga un sistema eficaz, que se comunique con otros sistemas de registro y que cobre un precio justo.

Y la noticia preocupante en otro campo tan estratégico como el electoral para el fortalecimiento de la democracia es la dramática caída que ha tenido el programa de titulación de predios estatales a las familias que los ocupan desde antes de 1988, según lo ordenó una ley. El gobierno de Samper creó un ambicioso programa con un crédito del BID para titularizar predios estatales ocupados por familias pobres. Pastrana le bajó el perfil al programa y lo dejó casi sin recursos, como una función más del Ministerio de Desarrollo. Con todo y eso se llegó a titular más de 4.000 predios en 2001. El gobierno Uribe, en su primer año, le imprimió un dinamismo enorme a la tarea, no sólo porque tituló predios de la Nación, sino porque ejerció un liderazgo formidable ante alcaldes y gobernadores para que por fin pusieran la norma en efecto. El resultado fueron 13.400 predios urbanos titulados en 2003. Este año, sin embargo, el programa ha perdido ritmo, en parte, por el cambio de gobiernos locales y algunos problemas legales, pero en parte, por falta de interés de la nueva Ministra, y apenas se han titularizado más de 400 de estos predios.

El asunto, que a simple vista parece menor, es de vital importancia. Darle título de propiedad de su vivienda a una familia pobre significa abrirle enormes oportunidades de progreso, como bien lo señaló el peruano Hernando de Soto, famoso crítico de cómo el Estado hace imposible el desarrollo económico. Con título legal de propiedad, el habitante de un barrio de ladera puede exigir servicios públicos, puede acceder a crédito para un negocio o para educar a sus hijos.

Pero las ventajas no son sólo económicas para la familia beneficiada, también son fiscales, políticas y de seguridad. Un ocupante ilegal es un ciudadano vergonzante que no se atreve a exigir servicios públicos o vías por temor a que se descubra que no es el legítimo dueño, así lleve viviendo allí años e incluso pague sus impuestos. Cuando se vuelve un propietario legal recupera su dignidad ciudadana: figura en los registros de servicios públicos, aparece en el Catastro, no está tan vulnerable a la explotación política, etc. Es más, un proyecto ambicioso de titularización de viviendas subnormales, puede jalonar, como sucedió con el exitoso plan de desmarginalización que montó Enrique Peñalosa en algunas zonas de Bogotá, la ampliación de la cobertura de agua, luz y teléfono y nuevas vías, bibliotecas y escuelas.

Y también, si una entidad del Estado (y no necesariamente el Ejército ni la Policía) sabe quién es el legal propietario de un inmueble, lo puede hacer responsable de lo que allí suceda. Decía hace poco un ex alcalde de un pueblo del Caquetá asediado por la guerrilla, que él había logrado fortalecer el fisco municipal y había mejorado la seguridad de su región, titulando decenas de fincas y lotes del pueblo. Esto, con mucho menor resistencia de la que ha despertado el empadronamiento de los ciudadanos por parte de las autoridades armadas.

Aunque es un pesar que el programa del Ministerio del Medio Ambiente esté ahora de capa caída, no es el único que tiene el gobierno en materia de titulación de tierras. Para los predios rurales está el Incoder , que reemplazó al viejo Incora, con un proyecto agresivo de titulación colectiva de terrenos que en los últimos ocho años ha entregado 132 títulos por casi cinco millones de hectáreas a más de 52.000 familias afrocolombianas. Desde 2002 el gobierno ha entregado terrenos baldíos a casi 15.000 familias, y en otro plan que va más lento, ya ha entregado fincas expropiadas a narcotraficantes a 68 familias.

A pesar de estos esfuerzos subsisten dos problemas de fondo: el primero, que no hay una estrategia ambiciosa, integral que abarque la política de titulación y legalización de predios rurales y urbanos como un objetivo nacional. Por eso los programas son aislados y dependen de los ánimos del funcionario de turno. El segundo, que tener títulos no es suficiente para que éstos sean respetados. Abundan los robos descarados de tierras, bajo la vista gorda de catastros y notarías, y hay denuncias de corrupción en algunas adjudicaciones de tierras baldías y expropiadas.

Quizá si el gobierno, en lugar de vigilar cada minucia, se propusiera alcanzar metas de largo plazo como las dos que se han tratado aquí -sanear y hacer transparente el sistema electoral y poner en práctica una agresiva política de titulación de tierras- estaría complementando su estrategia de fortalecer el Estado democrático. Este es un camino tan necesario como el militar para quitarles el control territorial a los violentos.

*Editora general de SEMANA
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