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Opinión

  • | 2018/08/09 22:51

    La Paz Ducal

    Coherente con la posición sostenida durante la campaña, al asumir el cargo, el presidente Duque no anunció que haría “trizas” el acuerdo con las FARC.

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Lo que sus primeras palabras permiten concluir es que habrá continuidad en los acuerdos suscritos, que -conviene tenerlo presente- fueron aprobados por el Congreso con importantes ajustes y amplias mayorías, y homologados por la Corte Constitucional. Bien que así ocurra. Muchos de esos compromisos ya han generado derechos adquiridos para personas determinadas y, por tanto, no pueden ser desconocidos por normas posteriores sin violar la Constitución. Es lo que sucede con las amnistías e indultos conferidos y los regímenes punitivos transicionales en favor de quienes hicieron dejación de las armas y cumplan las condiciones bajo las cuales esos beneficios les fueron otorgados.

Queda, pues, atrás la discusión sobre si en todos los casos debería haber penas de cárcel para los integrantes de las FARC.  Incluso los miembros de la cúpula fariana no irán a prisión si aportan verdad sobre sus crímenes, se comprometen a no volver a delinquir (una exigencia puramente retórica), y reparan a sus víctimas, solo que con relación a estas, el presidente hace énfasis en la necesidad de que la reparación sea plena; es decir, incluyendo las indemnizaciones económicas. Sobre este asunto el Acuerdo Final y la legislación de implementación eludieron cualquier precisión.

Esta puede ser una batalla campal. Alentadas por el respaldo del presidente, las víctimas exigirán dinero contante y sonante en cifras que, conforme a las reglas generales de la legislación civil, abarquen la compensación de los daños patrimonial y moral. Los dirigentes farianos dirán que ellos están meramente obligados a realizar todas las ceremonias de perdón que se quiera, con abundancia de discursos, cánticos y sahumerios, pero que no están obligados a aportar dinero, ni tienen la capacidad para hacerlo, entre otras cosas porque los ahorros que habían logrado preservar en el fragor de la guerra los entregaron al Estado. Este es quien, conforme a su criterio, está obligado a indemnizar. La fabulosa fortuna de las FARC quedará, así, convertida en una leyenda parecida a la de Eldorado.   

Durante la campaña todos los candidatos del CD fueron consistentes en rechazar la posibilidad de que los dirigentes de la guerrilla pudieran ir al Congreso sin rendir cuentas previamente ante la justicia. Nada dijo el presidente Duque sobre este punto en su discurso de posesión. Sin duda, tiene claro que esta gabela es irreversible; que es parte del precio que había que pagar para llegar a un acuerdo, así se hubiere negociado de otra manera.  Sin embargo, cuando la JEP algún día comience a dictar sentencias condenatorias surgirá un gran motivo de escándalo proveniente de un “artículito” que se insertó en la Carta Política. Allí quedó escrito que “La imposición de cualquier sanción en la JEP no inhabilitará para la participación política ni limitará el ejercicio de ningún derecho, activo o pasivo, de participación política”. Puede suceder, entonces, que ilustres “padres de la patria”, que a la vez son antiguos guerrilleros condenados por delitos atroces, atiendan cultivos hidropónicos a primera hora de la mañana y asistan al Congreso el resto del día. Será un espectáculo ingrato para las víctimas o personas proclives a la depresión.

Notable, de otro lado, el silencio del presidente sobre la Jurisdicción Especial de Paz que constituye, a mi juicio, clara indicación de que a pesar del rechazo de su partido, acepta que ya es parte del cuadro institucional de Colombia. Su reciente visita a su sede confirma este punto de vista. No obstante, permanece en la incertidumbre una cuestión fundamental: la creación de una sala especial para militares y policías que al cierre de la pasada legislatura el Congreso aprobó quedando pendiente la presentación de la normativa pertinente. ¿Llevará el Gobierno al Congreso una iniciativa de esa índole?; ¿respaldará una propuesta del CD?; ¿cuál será la postura de los partidos que fueron parte de la coalición santista?

El crecimiento exponencial de los cultivos ilícitos ha forzado al restablecimiento de la erradicación forzada. Esa medida nos obliga a trabajar con eficacia en la redención de unas poblaciones campesinas que carecen de otros medios de vida. En este ámbito llevamos años de fracasos.

Dijo también el Presidente que “en adelante” el narcotráfico y el secuestro no podrán ser delitos conexos a los delitos políticos para recibir un tratamiento punitivo benévolo. Reconoce de este modo que “a lo hecho, pecho” pero que se olviden los Elenos de que gozarán de las prerrogativas que obtuvieron las FARC. Quizás su estrategia consista en mandarles un mensaje implícito: “firmen rápido porque después de que esta norma se apruebe ya no habrá negociación posible”.   Estos andan en el ejercicio contrario: intensificando los secuestros para presionar al Gobierno a que mantenga la mesa de la Habana.

Además, ese eventual acuerdo, que el gobierno anterior no pudo concretar, está muerto o casi, por la exigencia que el presidente les ha impuesto para volver a conversar: “cese total de acciones criminales”. Ese fracaso, que percibo inminente, impone a la Fuerza Pública la obligación de redoblar esfuerzos para evitar actos terroristas.

En suma: dejando de lado los asuntos de implementación del acuerdo, que no he analizado esta vez, diré que el acuerdo con las FARC poco a poco se consolida, aunque no sin nubarrones; y que la posibilidad de negociar con el ELN es más remota que nunca.

Briznas poéticas. Retorno a Horacio Benavides, grande de Colombia: “Ah si el alma / pudiere despedirse / amistosamente del cuerpo /. Si le dejara dormido / y saliera en puntillas / como una madre que se aleja / Ah si el alma olvidara / mutuas ofensas / viejos rencores…”

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