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Lucia Bastidas
Lucia Bastidas. - Foto: SEMANA

La protección de la niñez: asignatura pendiente en el país

La prevención y la socialización es vital y deben apuntar más allá de la formulación e implementación de protocolos. De acuerdo con el Centro de Derechos Reproductivos, el sistema educativo tiene pendiente la asignatura sobre educación sexual, para que estudiantes tengan las herramientas necesarias e identifiquen los delitos de los cuales pueden estar siendo víctimas.


Por: Lucía Bastidas

Con asombro e indignación seguimos viendo cómo en los últimos meses la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes en Colombia ha estado en el ojo público, pero más allá de su posicionamiento en la agenda de opinión e informativa, el balance año tras año es preocupante, sea en una región o en otra, es un tema estructural que requiere soluciones de fondo y el rechazo enérgico de la sociedad.

En Colombia, según cifras de la Defensoría del Pueblo, en el primer trimestre de este año, comparando con el mismo periodo de 2021, el abuso sexual en menores aumentó 9,5 %.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Medicina Legal, a corte de abril de 2022, en el territorio nacional se habían realizado 6.588 exámenes médicos por presunto abuso sexual en niños o niñas, y por lo menos en cinco mil se confirmó este tipo de violencia. Entre las víctimas, la mayoría son mujeres con 4.205 hechos; 429 menores entre cero y cuatro años y 987 entre los cinco y nueve años.

Medicina Legal estableció también que de acuerdo con el tipo de población, por lo menos, 225 menores de comunidades específicas resultaron atacados; entre ellos, 203 niñas. 93 indígenas (ocho niños y 85 niñas), afrodescencientes 140, palenqueros y raizales.

Si hablamos de Bogotá, el panorama no es alentador, según Estadística Delictiva, durante 2021 se reportaron 2.741 casos de delitos sexuales y 1.069 para lo que va de 2022 que relacionan como afectados a menores de 18 años.

Duele que sobre este tipo de hechos solo se manifiesten la institucionalidad, los medios y la ciudadanía mientras dura el calor de la noticia, y a los pocos días, las víctimas y sus familias quedan en el olvido. El más reciente caso en la capital del país, que de nuevo encendió las alarmas, fue el que sacó a la luz el embarazo de seis meses de una niña de tan solo 12 años, según su testimonio, porque su padrastro la violaba repetidamente.

Lo más alarmante es que su familia, profesores y cercanos, únicamente se dieron cuenta de su estado tantos meses después; no notaron conductas extrañas, comportamientos diferentes, cambios físicos evidentes y es lamentable que una niña tan pequeña, coaccionada por amenazas, no tuviera a quién acudir o la confianza para denunciar lo que tuvo que padecer. Y ahora, por su avanzada gestación, debe enfrentarse a tan corta edad a una maternidad que no pidió, por un acto violento que la marcó de por vida.

Adicional a esto, preocupa la situación que se ha venido dando con mayor frecuencia en los colegios del Distrito. En los últimos meses, fueron públicos por lo menos 30 casos de abuso, pero cifras de la Fiscalía General de la Nación revelan que, a marzo 18 de 2022, habían ocurrido 163 casos de violencia sexual, por lo que la entidad destinó un grupo de 22 fiscales para atender e investigar este problema creciente que se vino a disparar con el retorno a la presencialidad.

A la fecha, hay 12 docentes en proceso de judicialización, 18 imputados, un capturado, 75 procesos en investigación y el 86 % de esclarecimiento de las denuncias realizadas; datos de la Secretaría de Educación del Distrito (SED) señalan que el 25 % de los casos de violencia sexual reportados ocurren en el colegio, la mayor parte, son violencia entre pares, y el 56 % tienen lugar en casa.

Aunque la Administración Distrital, así como el Gobierno nacional, han asegurado que existen planes, programas y proyectos para mitigar estos delitos, especialmente cuando involucran a la niñez, lo cierto es que no han dado resultados por la falta de trabajo interinstitucional.

En el más reciente plan de operación, que avanza desde hace un par de meses, de la mano de la Fiscalía y la Alcaldía de Bogotá, se destaca la recolección de información y el desarrollo de instrumentos como un tablero de control para hacer seguimiento a los casos desde un enfoque georreferencial. Algo sumamente necesario para este fenómeno, como parte de una estrategia que puede ayudar, pero que necesita del alcance del Gobierno nacional, de la cooperación y el compromiso real del aparato de justicia para condenar a los responsables, dar respuesta a las víctimas y acabar con la impunidad y la revictimización.

Estrategias que deben ir acompañadas de la garantía de derechos de los menores de 18 años, que en ocasiones están en ambientes propicios para este tipo de violencias, como la explotación laboral o la violencia intrafamiliar. Por ejemplo, para abril de 2022, la tasa de trabajo infantil estaba en 4,9 %, según el Ministerio del Trabajo, con algo más de 508.000 menores en esta condición de vulneración.

La prevención y la socialización es vital y debe apuntar más allá de la formulación e implementación de protocolos, de acuerdo con el Centro de Derechos Reproductivos, el sistema educativo tiene pendiente la asignatura sobre educación sexual, que permita a estudiantes obtener las herramientas para identificar este delito del cual puede estar siendo víctima, qué hacer si se siente amenazado o a dónde acudir dependiendo de la situación o el entorno más cercano.

Proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes debe ser una prioridad para el nuevo gobierno en Colombia, que está a puertas de empezar; los niños y niñas nos necesitan. No más indiferencia, es hora de actuar a su favor.

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