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La pruebita de Samper

Por ahí rondan en torno de Andrés Pastrana dos "fichitas" que debería tratar de mantener alejadas de su campaña presidencial...

Semana
1 de noviembre de 1993

LA PRUEBA QUE SUPERO LA SEMANA PAsada la campaña de Ernesto Samper no fue de poca monta. Muy probablemente no lo reconozcan así sus adversarios, para quienes el juicio político sumario contra "los Turbayes" pudo haberse hecho más rápido y sin la interpuesta persona del doctor Valencia Jaramillo. Pero hasta ellos tienen que reconocer que el Código de Etica impuesto por Samper demostró su valía y su eficacia, y me atrevería a decir que constituye el primer gran acierto de una campaña presidencial que, por momentos, parecía que no arrancaba.
Sin embargo, más allá de los dividendos políticos que este episodio pueda traerle a Samper, hay varias cosas de fondo que la opinión pasó por alto, y que son más trascendentales para el país de lo que aparentan.
Si Samper no hubiera lanzado su Código de Etica, y si tampoco hubiera estado dispuesto a hacerlo funcionar, el asesinato de Rodrigo Lara habría continuado impune. Hace exactamente 10 años, el señor Evaristo Porras era el símbolo perfecto de la convivencia del narcotráfico y de la política, que desencadenó en el asesinato de Lara y en una larga lista de muertes que todavía no acaban y por las cuales, salvo uno que otro sicario, como en el caso de Lara, no existen culpables.
Irónicamente 10 años después se presentó, mediante este episodio, la oportunidad de castigar la convivencia de estas dos fuerzas. Pero para Samper el episodio era tremendamente complejo. No sólo los "Turbayes" no son narcotraficantes, sino que particularmente uno de ellos, Getchen Turbay, es fundador del samperismo, amigo muy cercano y por consiguiente una de las últimas personas a quienes muy probablemente Samper habría querido sacrificar desde el punto de vista personal y político.
Si, como lo dijo Andrés Pastrana a través de una emisora radial, el único límite de una campaña política fueran la Constitución y la ley, ni Porras sería un indeseable, porque no tiene cuentas pendientes con la justicia, ni "los Turbayes" habrían merecido una sanción, por cuenta de una norma constitucional que no incumplieron o de una ley que no violaron. Es el mismo dilema en el que actualmente se encuentra el precandidato David Turbay, a quien adhirieron una larga lista de "indeseables" de la política, hombres que si bien nunca han estado en la cárcel y probablemente nunca lleguen a ella, sí registran lunares en su hoja de vida que ameritan una decorosa sacadita de cuerpo.
Ahí es donde la presencia de Jorge Valencia Jaramillo cobra una importancia inusitada. Valencia no es un hombre especialmente popular, y más bien se le critica, en algunos círculos políticos, por ejercer una extrana capacidad de enervar a los que lo rodean con su rigorismo intelectual. Sin embargo, en su papel de fiscal ético, tiene toda la autoridad moral del caso, pues hay que admitir que es un hombre impoluto. Que se tomara su tiempo para decidir la suerte de "los Turbayes" es apenas lógico. No se estaba al frente de un par de narcos confirmados, sino de dos políticos que cometieron una falla ética, por la que no lo condenan a uno con cárcel. Se trataba de un juicio político para el que no existen metros constitucionales o legales, sino éticos, en los que la medida la pone uno con su conciencia.
Y mientras el fiscal ético se tomaba su tiempo, a Samper debía estarlo carcomiendo su lealtad con el amigo. A los demás colombianos no tiene por qué importarnos ese aspecto del incidente, pero no sobra comentarlo. Se trata de dilemas que a diario deben presentársele a un presidente, y que ponen a prueba la templanza y el carácter, cuya ausencia en un líder es más grave que no saber mucho de economía, ser un mal político o un regular administrador.
Es muy probable que a Andrés Pastrana se le presenten, en un futuro próximo, pruebas semejantes. Por ahí tiene a dos fichitas que tendría que mantener alejadas de su campaña, no por razones constitucionales o legales, todavía, sino por razones éticas y morales. Se trata de don Leovigildo Gutiérrez, investigado actualmente por enriquecimiento ilícito y activo andresista del Meta, y Omar Yepes Alzate, jefe de su campaña en Caldas. Tristemente célebre por el robo a Caldas, y actualmente investigado como miembro de la junta directiva del Senado que aprobó las millonarias indemnizaciones a los empleados de la corporación.
Hay un último punto. Entre la clase política no ha gustado esta primera aplicación práctica del Código de Etica de la campaña samperista. El disgusto incluye a varios de los propios parlamentarios de Samper. Argumentan que el Código podría desencadenar una cacería de brujas, una especie de "macartismo moral", que llevaría a que comiencen a denunciarse unos a otros por enemistades o rivalidades políticas, hasta que el asunto se le vuelva inimaginable al candidato.
He reflexionado sobre este punto, en el que no faltan razones. Pero si hay que escoger entre el riesgo de que se desencadene una cacería de brujas, o el de que se profundice la corrupción, la respuesta es clara: es mejor equivocarse con la moral, que acertar contra ella.

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