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Opinión

  • | 1986/07/28 00:00

    LA RONDA INFANTIL DEL PROCURADOR

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Ato, ato, materilerileró
¿Que quiere usted? Materilerileró
Quiero un culpable, materilerileró
¿Y que nombre le pondremos? materilerileró
Le pondremos Belisario, materilerileró...

Ronda infantil del procurador general de la Nación
Sobre el informe del procurador no se ha dicho lo suficiente. Pero lo que ya se ha dicho es suficiente para afirmar que nadie lo entendió.
Lo prueban, entre otras cosas, dos recientes comentarios periodísticos. Por un lado el que hace Enrique Santos Calderón sobre el paralelo, para mi inadmisible, entre la tragedia de la prisión de Lurigancho en el Perú y la del Palacio de Justicia en Colombia. Para que ambas circunstancias fueran paralelas se habria necesitado que los 40 guerrilleros de Almarales se hubieran rendido, entregando armas y rehenes, y posteriormente hubieran sido fusilados a sangre fría en un paredón. (Aquí entre nos, tampoco me parece tanta gracia de Alan García, como a Enrique, haber denunciado semejante atrocidad. Mucha más gracia sería que sin haberla denunciado, hubiera logrado sostenerse en la Presidencia).
Por el otro lado está la columna de María Teresa Herrán, que, confesando el descubrimiento de la "perspectiva histórica" del informe del procurador, recomienda leerlo "no sólo una sino dos veces". Si María Teresa lo hubiera leido una tercera de pronto habría caído en la cuenta de que no solamente constituye una sinfonía de contradicciones, sino que a diferencia del informe del Tribunal Especial (que logra aclarar por fin las mayores incógnitas de esta controversia, aunque ella equivocadamente lo menosprecia), lo único que logra el del procurador es devolver la discusión a un punto que se creía superado: el de si Belisario debió o no dialogar con los guerrilleros del M-19.
En su informe, el funcionario comienza afirmando que la inmediata reacción que produjo la ocupación del Palacio "indudablemente fue en ambos estamentos del gobierno, el militar y el civil, espontánea, convergente y sincera: no negociación, no al diálogo, mano dura".
Dos cosas se derivan de esta afirmación. Que la no negociación con la guerrilla fue la consecuencia del criterio del Presidente; y que esta decisión fue en todo momento convergente con la reacción militar.
Más he aquí que... ato, ato, materilerileró: acto seguido el procurador afirma todo lo contrario. En la página 15 escribe: "...El criterio civil en el manejo del problema no aparece en parte alguna..." con lo que desvirtúa las conclusiones de su afirmación anterior.
Pero esta es apenas la primera nota de su sinfonía de contradicciones. Más adelante dice: "La Procuraduría no puede cuestionar la decisión gubernamental de negociar o no negociar con los asaltantes, porque ella es arbitrio de la Rama Ejecutiva del poder que escapa a su órbita de control".
Cuando se creía claro que el procurador se declaraba impedido para cuestionar la decisión del gobierno de no negociar, ato, ato, materilerileró: su informe se dedica a cuestionar al Presidente por no haber negociado. Afirma en la página 15: "El interrogante que la ciudadanía se formula acerca de la razón por la cual no hubo intento de negociación en un gobierno y dentro de un proceso de negociación y diálogo resulta fuera de contexto. (...) Sólo que el diálogo hubiera podido servir para buscar una solución".Y en la página 33: "Antes de librar la batalla final las armas del Estado deben esperar a que se haya hecho hasta el último esfuerzo para poner a salvo los derechos de los civiles inocentes". Este "último esfuerzo" necesariamente habría tenido que ser la negociación con la guerrilla.
Esto lo confirma con la afirmación de la página 35, en la que dice que la dirección de la operación rescate de rehenes debio evitar "todo lo que para su vida y su integridad personal sígnificara o pudiera constituir peligro grave" (¿como la decisión de no dialogar, e intentar en cambio el rescate militar?). Y haber adoptado "todas las medidas que fueran necesarias para obtener el rescate de personas sin daño para su vida e integridad". "Todas las medidas" a las que alude el procurador incluyen necesariamente la del diálogo.
Sin embargo, en la página 32, materilerileró, vuelve a contradecirse: "No hubo una política de rescate de rehenes. Mientras no sea evidente que un tal esfuerzo se hizo, subsiste como legítima la hipótesis de que con un mejor manejo de la situación, los rehenes hubieran podido ser salvados, sin necesidad de que el Estado negociara o cediera ninguna prerrogativa". Esta afirmación contiene un pecado jurídico que, en boca del procurador general de la Nación, se vuelve una aberración. La de poner a probar al acusado que no hizo aquello de lo que se le acusa. Es decir, poner al Presidente a probar que si hubo una política de rescate de rehenes.
Independientemente de todo lo anterior, considero que la verdadera torpeza del informe surge del "derecho natural" que tanto parece gustarle al señor procurador: tiene que ser un absurdo que mientras los miembros supérstites del M-19 continúen libres, el presidente Betancur vaya a ser juzgado ante la Cámara de Representantes por la muerte de los rehenes del Palacio de Justicia.
Materilerileró...
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