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MARIA ANDREA NIETO FOTO KAREN SALAMANCA REVISTA SEMANA BOGOTA COL - Foto: KAREN SALAMANCA

La tormenta perfecta

Retroceder tres décadas para volver a un Estado inoperante no parece ser una buena idea.

Por: María Andrea Nieto

Todo parece indicar que el “cambio” político, económico, social e institucional del Gobierno del presidente Gustavo Petro consiste en retroceder al país a los años ochenta del siglo pasado, en una nostalgia del modelo estalinista de la antigua Unión Soviética. Es decir, un estado gigantesco que se ocupa de controlar el mercado y la prestación de los servicios públicos fundamentales como la salud, la educación, las pensiones y un largo etcétera.

La estrategia, como lo dijo la ministra de Salud, Carolina Corcho, es hacerle creer a la sociedad que todo lo que se ha construido a partir de la Constitución de 1991 no funciona, y que, por eso, hay que cambiarlo por completo. En ese sentido, cada ministro se ha ido encargando de generar caos en incertidumbre en su sector, para luego hacer creer que las reformas del “cambio” son las salvadoras.

En esa lógica, la ministra Corcho no tuvo inconveniente en plantear una reducción en la adición presupuestal para su sector de 5 billones de pesos. El objetivo de crear una crisis es, en extremo, peligroso, porque con la salud no se juega y las equivocaciones se cuentan en muertos. Pero la soberbia pudo más y ni ella ni sus compañeros de gabinete consideraron pertinente ir al primer debate del presupuesto en el Congreso de la República, que fue aprobado a pupitrazo limpio. A la oposición se la pasaron por la faja, porque, al fin y al cabo, las concertaciones ya se hicieron en otro lugar, y la aplanadora del cambio tiene las mayorías parlamentarias para lograr las aprobaciones presupuestales de 2023.

La reforma a la salud, por ejemplo, plantea que sean los 1.103 municipios y los 32 departamentos los que manejen los recursos de la salud, en lugar de las 44 EPS que hoy existen en el régimen contributivo y subsidiado, y que tienen a su cargo garantizar la cobertura y el aseguramiento de los ciudadanos. Eso significa que serán los alcaldes y gobernadores los que estarán al frente de la distribución del dinero de la salud de los colombianos, que al año cuenta con un presupuesto de 70 billones de pesos. ¿Estará bien cuidada esa platica? Si los alcaldes y gobernadores políticamente están ligados a representantes a la Cámara y senadores de la república, ¿quién manejaría esos recursos?, ¿los honorables y voraces congresistas?

Por los lados de la defensa y seguridad del territorio nacional, los vientos huracanados no dejan de soplar. El silencioso ministro Iván Velásquez aún no sabe muy bien cómo es que funciona su cartera. Desmantelaron a las Fuerzas Armadas dando de baja a más de 50 generales, disminuyeron el presupuesto en 800.000 millones de pesos y quieren acabar con el servicio militar. La política de “paz total” parecería tener un fuerte componente de debilitamiento del Ejército y la Policía, y una fe muy grande en las organizaciones criminales, terroristas y de narcotráfico que existen en el país.

Pretende el Gobierno nacional volver a negociar la paz con la Segunda Marquetalia, que ya traicionó los acuerdos de La Habana. Además, propone pagarles 800.000 pesos a los delincuentes para que dejen de cometer crímenes y nombra como garante de las conversaciones con el ELN al narcogobierno de Venezuela, acusado esta semana por Naciones Unidas de cometer crímenes de lesa humanidad en contra de sus ciudadanos y opositores.

Las invasiones de predios se aceleraron desde la llegada del Gobierno de Petro, bajo el argumento de comunidades humildes en muchos lugares del país, de que la tierra les fue prometida y que por eso la están ocupando. La idea de que este Gobierno entregará dinero en efectivo, subsidios y tierras quedó grabada en la memoria colectiva y, desde la base, la gente está actuando. De hecho, el presidente también anunció que tomará los ahorros de más de 18 millones de colombianos en los fondos privados de pensión para entregarles a 3 millones de adultos mayores un subsidio de 500.000 pesos mensuales.

¿Quién va a producir en la economía?, ¿quién va a generar empleos?, ¿quién va a ahorrar y a invertir?

De eso no ha hablado mucho el Gobierno porque está ocupado enmermelando congresistas para lograr aprobar las reformas con las que se encuentra obsesionado.

Retroceder tres décadas para volver a un Estado inoperante no parece ser una buena idea. Pero además de contar con el respaldo en el Congreso, la rama judicial y el Poder Ejecutivo, la narrativa impuesta a través de las hordas de bodegas virtuales hizo efecto. Cómo será, que hasta los sindicatos de las entidades públicas, que por años se opusieron a cualquier reforma tributaria, hoy realizan foros para aclararle a la comunidad los “mitos y mentiras” que hay en contra de la misma.

¿Qué va a pasar? Pues como pinta el corto plazo es que, en efecto, las pensiones ahorradas en fondos privados serán trasladadas a Colpensiones, las EPS se acabarán, la salud quedará en manos de alcaldes y gobernadores, la reforma política será aprobada y las Fuerzas Militares recibirán la orden de un cese de fuego en contra de las organizaciones terroristas y de narcotráfico.

Lo más grave es que la oposición política y civil no logra tener una cara visible y, por el contrario, los hombres fuertes del Gobierno tienen la tarea de decirle al que se oponga al Gobierno que es “bruto”, “torpe”, “paramilitar”, “asesino”, “mentiroso” y una sarta de insultos propios del portafolio matoneador. La gente y los empresarios están arrinconados y cada cual está buscando en silencio qué hacer con lo que tiene: vender rápido, sacar la plata del país y tener, antes de que se desate la tormenta, un plan B.