La tormenta que se avecina por el informe de la CIDH

La oposición y el Gobierno alistan sus estrategias y mensajes para fijar posición frente a las recomendaciones que por estos días dará a conocer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en relación con la visita que tres comisionados realizaron a Colombia con motivo de la presunta violación de los derechos de los manifestantes por parte del Estado colombiano. Las recomendaciones, que solamente pueden estar orientadas hacia la actuación de las instituciones del Estado y no de los manifestantes y sus aliados políticos, alterarán la calma chicha que vivimos tras la decisión del Comité Nacional del Paro de no seguir negociando por la supuesta ausencia de garantías para protestar.

Importante es considerar que las recomendaciones de la controversial CIDH llegarán en un momento de evidente recuperación de la gobernabilidad por parte del poder ejecutivo y en un contexto de creciente deslegitimación del Comité del Paro y de los manifestantes. Por ello es previsible que lo que recomiende la CIDH constituya una importante oportunidad de agitación política e ideológica por parte de quienes alegan la violación de sus derechos de protesta. Es realista esperar nuevamente señalamientos contra el Gobierno por parte de los miembros del comité, manifestaciones públicas con apoyo de partidos políticos de oposición, protestas sindicales, marchas juveniles y declaraciones públicas pro CIDH de algunos centros de pensamiento anti-establecimiento.

Es esperable que las observaciones de la CIDH se concentren en la inconveniencia de la intervención de los militares para controlar el desbordamiento de las manifestaciones; la participación de civiles o de agentes del Estado sin uniforme en las acciones de control de las protestas; la estigmatización a los manifestantes por parte del Gobierno por sus posibles vínculos con organizaciones armadas ilegales; la detención sin orden judicial de manifestantes; los detenidos que permanecieron más del tiempo legal permitido sin ser puestos a órdenes de un juez; y los posibles desaparecidos durante las protestas.

Seguramente el informe no reconocerá la evolución del compromiso del Estado colombiano con la protección y el cumplimiento de los derechos humanos, en general, y del derecho a la protesta en particular. No solamente es un derecho suficientemente establecido en nuestra Carta Magna del 91, sino que hace parte de la tradición de convencionalidad de nuestro Estado. Es decir, está salvaguardado jurídicamente por las convenciones o tratados internacionales suscritos por Colombia. En este orden de ideas, la protesta social no se encuentra penalizada y los manifestantes pueden gozar de todos los demás derechos establecidos en el ordenamiento jurídico colombiano como el derecho a la vida, a la integridad personal, etc. ¡Eso no pasaría en una dictadura!

El caso reciente de Chile, que también recibió una visita -aún más prolongada y rigurosa que la que le correspondió a Colombia- nos sirve para anticipar las recomendaciones que recibirá el Gobierno colombiano. En aquel país -que también vivió intensas y extensas jornadas de sublevación social- la CIDH emitió recomendaciones para que el Estado adoptara las medidas necesarias hacia el cese inmediato del uso desproporcionado de la fuerza por parte de Carabineros de Chile. Y también recomendó llevar a cabo una reforma integral de esta institución, para adecuar la actuación de dicha entidad a los principios de seguridad ciudadana y de respeto a los derechos humanos.

Blanco es y gallina lo pone. Aquí la CIDH, palabras más, palabras menos, pedirá que los órganos judiciales se pronuncien de fondo sobre los casos de desapariciones, y demandará judicialización urgente y sanciones penales para los miembros de la fuerza pública que estén implicados. Y desde luego recomendará agilizar el proceso de reforma de la Policía Nacional -ya anunciado por el gobierno- advirtiendo obviamente que le parece insuficiente. También dirá que las políticas públicas que se adopten en relación con los problemas expuestos por los manifestantes, deben derivarse de un verdadero diálogo social. Y hace total sentido.

Es sano reconocer que es desafortunado para los Estados suscritos a la CIDH que los informes de esta entidad no contengan recomendaciones para instituciones diferentes a las del Estado, por cuenta de las competencias legales que tiene esta Comisión desde sus inicios. El Gobierno en este sentido estará en situación de desventaja porque no contará con un organismo internacional o multilateral, del peso de la CIDH, que denuncie el cometimiento de delitos por parte de los manifestantes, como lo son la perturbación en servicio de transporte público, colectivo u oficial, la obstrucción a vías públicas que afecten el orden público ,el daño en bien ajeno y la asonada, entre otros.

Pero pese a los antecedentes controversiales de la CIDH -claramente alineada con organizaciones como Amnistía Internacional- y la estigmatización que la acompaña por parte de los grupos de derecha, tanto en Colombia como en el hemisferio en general, la oportunidad cuando salgan las recomendaciones no es únicamente para los grupos y partidos de oposición sino para el mismo Gobierno, porque podría demostrar responsabilidad al reaccionar en derecho en lugar de agitar la discusión con señalamientos contra la CIDH o contra la oposición. Así, el comité, los manifestantes y sus aliados políticos se quedarían solos en la tormenta que están planeando armar.