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Opinión

  • | 2018/12/04 22:41

    La trompada de la Procuraduría al alcalde de Bucaramanga

    Apartar a Rodolfo Hernández de su cargo por tres meses afecta gravemente la meritoria lucha que libra contra la corrupción política en la región y va en contravía del respaldo mayoritario que los bumangueses dan a su gestión.

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Excesivas e inconvenientes las medidas cautelares que el Procurador General, Fernando Carrillo, acaba de imponer a Rodolfo Hernández Suárez, el septuagenario y temperamental alcalde de Bucaramanga, suspendido durante tres meses de su cargo porque en un momento de ira, -“locura de corta duración” según los italianos-, agredió físicamente a un concejal de esa ciudad.

Hernández es, sin duda, el más vistoso e interesante exponente de la antipolítica en el monótono conjunto de los actuales mandatarios locales del país. Un empresario exitoso y millonario que llegó a la política tarde y sin mucho conocimiento de lo público y está empeñado en la quijotesca empresa de combatir la corrupción en las sucias y muy peligrosas aguas de la política santandereana. No es pequeña ni intrascendental la guerra que ha librado como tampoco lo son el tamaño ni la mala condición de sus enemigos.  

Vista en positivo, Bucaramanga es una ciudad bella, con geografía y clima privilegiados, cuna de gente recta y trabajadora, con uno de los núcleos industriales y comerciales más activos del país. Ya en su conjunto, -como tantos otros lugares de Colombia- es un sepulcro blanqueado, porque en las últimas dos décadas ha recibido una migración constante de ilegales de mediano y gran tamaño, que la escogieron para vivir no para “trabajar”, trastocaron con su presencia las tradiciones y costumbres de los primeros habitantes y sobre todo el orden económico de la región. En Bucaramanga hay ahora comercio de lujo, hedonismo de las grandes ligas y casas y otras propiedades que se cotizan y comercian a precios de Nueva York. Gracias a esa lluvia importante y continua de dineros de todos los orígenes, también crecen y prosperan en las últimas décadas las redes locales del delito, operadas por corruptos de oficio, con todas las manifestaciones de clientelismo, captura del estado y detrimento del erario, típicos y endémicos en la política colombiana.

Se necesitaba un hombre de carácter, con peso propio en la región, ya en el ocaso de su vida, para enfrentar un monstruo de ese tamaño. Llegó en 2016 a destruir inercias en un ambiente dominado por la politiquería de los partidos tradicionales y por el clan de un hombre condenado por vínculos con un bloque paramilitar. El bajo tono moral de la alcaldía se confirma en el hecho de que varios de quienes lo antecedieron enfrentan procesos judiciales y disciplinarios. Iván Moreno Rojas y Héctor Moreno Galvis están la cárcel, Fernando Vargas Mendoza destituido y Luis Francisco Bohórquez, -a quien reemplazó-, también detenido por repartir más de 15.000 millones de pesos en contratos a familiares y allegados pertenecientes, como él, a una secta llamada “Iglesia Manantial de Amor”.

Rodolfo Hernández ganó con un movimiento, enfocado a recuperar “La lógica, la ética y la estética”. El suyo es otro raro caso del mandatario sin experiencia en la política -como Mockus en Bogotá o Armitage en Cali- dispuestos a gobernar con ímpetu y autoridad, sin contratos, ni contraprestaciones, un acto casi temerario en Colombia donde la administración pública, además de tomada por los corruptos, está atrofiada y restringida por una maraña de normas que dificultan las decisiones.  

Desde el comienzo mantiene contacto permanente y directo con la gente. Transmite en Facebook Live el programa “Hable con el alcalde” donde aborda con lenguaje coloquial los temas pequeños y grandes de la administración. Utiliza tácticas como ofrecer 500 mil pesos (de su bolsillo) a quienes denuncien malas prácticas o actos de corrupción. Y ya es extensa la antología de frases duras e ingeniosas, algunas desmedidas, que dice “en santandereano” en casi todas sus declaraciones públicas, que a veces producen carcajadas y titulares, pero también procesos en la Procuraduría y hasta denuncias penales por injuria y calumnia.

Tampoco elude la confrontación directa con sus adversarios. En las elecciones de marzo pasado invitó a los ciudadanos a “derrotar toda esta maquinaria liberal que llevó a Bucaramanga hasta lo más perverso de lo que es la administración pública; derrotemos la politiquería; derrotemos a Serpa”, dijo. Como también expresó su oposición a “…esos que estuvieron en la Gobernación están haciendo campaña, y son clanes, el papá Gobernador, ahora el hijo Gobernador y el otro Senador, y pretenden sacar la mayoría de los votos en Santander, yo no sé si somos así de estúpidos…”.

En el día a día de la administración esta dura confrontación política ha tenido su eje principal en sus relaciones con el concejo municipal que por falta de alicientes ha puesto múltiples obstáculos a su administración. “Todos los días presionándome, todos los días chantajeándome, todos los días pretendiendo arrodillarme”. Sus adversarios lo han atacado sin tregua y hasta intentaron revocarle el mandato en 2017. Y fue por ahí por donde surgió el episodio que terminó en la suspensión, una grotesca emboscada de un concejal que, con el apoyo de un camarógrafo, se concentró a sacarlo de casillas para lo cual le bastó hablarle de las acusaciones a uno de sus hijos, reveladas hace un año, de haber pactado millonarias comisiones en un contrato de tecnificación de las basuras, que no se realizó.   

No hay duda acerca de que el uso de la violencia física es inaceptable, máxime por una autoridad y que el alcalde Hernández tenía que ser sancionado -quizás simbólicamente-. Pero esta vez el procurador Carrillo perdió la perspectiva. Como ocurrió en Neiva o en Cartagena, la mira y la fuerza de sus acciones deberían dirigirse a la lucha contra la corrupción, a investigar a los concejales, lo que hacen y la podredumbre que representan. Apartar al alcalde de su cargo por tanto tiempo podría afectar gravemente su tarea y el equilibrio político en la ciudad, pero sobre todo va en contravía del respaldo que según la última encuesta Gallup más de 70% de los bumangueses dan a su gestión y a su acción contra los corruptos que ha permitido que los recursos públicos de la ciudad se destinen, como corresponde, al bienestar de la población. No se debería desconocer que fue para eso que lo eligieron.

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