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Opinión

  • | 2019/10/24 15:53

    “La vida es primero”

    Es clave que todos y todas conozcamos y valoremos estos avances jurisprudenciales para transformar esta experiencia y empezar a poner “la vida primero” también para las mujeres.

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Escuché temprano al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, insistir en que la decisión de evacuar a 750 familias de sus hogares por un riesgo detectado en sus viviendas se basaba en la convicción de que “la vida es primero”. El entrevistador le insistía que si era cierto que los edificios se iban a desplomar, que qué información tenía al respecto. El alcalde repetía “la vida es primero”, existiendo el riesgo no podemos esperar a la tragedia, no puedo indicar exactamente cuál es el riesgo pero sí que hay que tomar medidas. Sentí que esta firme convicción sobre el orden propio de las cosas no era común entre los funcionarios públicos, pero también pensé en todas las razones que las personas tienen para no poner sus vidas primero. 

Hace poco escuché un podcast sobre los niños perdidos de Armero en el que se recordaba que existían estudios que indicaban con bastante certeza que la ciudad estaría en riesgo grave cuando el volcán del Ruiz iniciara su actividad. En ese caso, las autoridades prefirieron creer a otro estudio que decía que este riesgo era menor y que no hacía falta evacuar la ciudad.

Cada tanto regreso también al incidente del Palacio de Justicia. Es fascinante el cálculo que se confiesa en torno a la vida: el M-19 convencido de que la institución que había que tomarse era la Corte Suprema de Justicia porque siendo sus magistrados las personas más respetadas del país, era inconcebible que sus vidas no valieran lo suficiente como que el gobierno se sentara a negociar. El gobierno nacional, en realidad las fuerzas militares, invadiendo con tanques el Palacio porque algo tan abstracto como “la democracia” debía preservarse por encima las personas que encarnaban esta democracia. En cualquiera de estos dos casos habría sido crucial tener un funcionario público que dijera que “la vida es primero”. Sobre todo habría sido bueno contar con alguien que dijera ‘vamos a apoyarlos’ y tomara de manera decidida las medidas necesarias, así los costos fueran altos. 

Y es que no basta con anunciar que uno cree que la vida es importante o dar un aviso de evacuación para que puedan salvarse vidas. Hay muchas situaciones recientes en las que las autoridades dieron la información tarde, no fueron precisas en relación con los riesgos, o simplemente no suministraron los medios para que las personas pudieran asumir los costos individuales de dejar sus objetos personales, la seguridad de sus hogares, sus proyectos de vida, y su comunidad. 

El caso de la violencia doméstica contra las mujeres es uno de esos en los que hemos omitido desarrollar información certera de los riesgos, advertencias claras para las personas involucradas y alternativas seguras para poder empezar de nuevo. Si uno se limita a leer los datos sobre feminicidios de manera desprevenida, puede parecerle que los riesgos realmente son mínimos. De los 7602 casos de homicidio que se dieron en Colombia entre enero y agosto de 2019, de acuerdo con información del periódico El Tiempo, solamente el 8,4% de estos casos correspondieron a muertes de mujeres, o sea 638 casos. Este cálculo que minimiza la importancia de los casos, sin embargo, oculta lo que realmente hace valiosa la actitud del Alcalde de Medellín al decir “la vida es primero”. El asunto no es cuántas vidas se van a perder, la cuestión es que si sabemos que hay un riesgo y tenemos conocimientos sobre cómo enfrentar este riesgo, debemos asumir las acciones necesarias. 

En el caso de las mujeres víctimas de violencia de género nos hemos demorado demasiado en entender las razones tras sus muertes y en diseñar mecanismos para salvarlas. Las autoridades llevan demasiados años haciendo caso omiso de madres, hermanas, hijas, que piden que se investigue mejor, que se entienda mejor, que se tomen medidas. También resultan indolentes cuando se les pide protección: no hay nada que hacer es una respuesta frecuente de las autoridades. Lo cierto es que si hay bastante que hacer en materia de prevención y de protección de mujeres. Por ejemplo, existen mandatos sobre la educación sexual de niños y niñas. Parte de lo que debería enseñarse allí es que “la vida es primero”, y claro, que las relaciones amorosas no son de posesión y que los hombres no van a ser más respetados o queridos por ejercer su autoridad de manera violenta contra las personas que los rodean.

Las mujeres deberíamos tener información sobre los riesgos de involucrarnos en relaciones posesivas y de aceptar mínimos actos de violencia en la cotidianidad. Muchas mujeres han sido golpeadas y abusadas en su infancia y tienden a pensar que esto “no es grave”, que ellas pueden sobrevivir esto así como lo hicieron sus madres, o que es más importante que sus hijos tengan seguridad económica. Los funcionarios públicos deberían también tener información precisa sobre los patrones de violencia y sus desenlaces para poder activar las rutas pertinentes. Finalmente, tenemos que trabajar todos y todas en soluciones para quienes tienen riesgos de seguridad. Las soluciones que existen por ahora no siempre son aceptables para quienes están en riesgo. Un elemento clave, por lo que sabemos, es asegurarle a la persona en riesgo que le creemos, que estamos cerca para apoyarla, que puede empezar de nuevo porque allí vamos a estar todos como sociedad haciendo lo posible. 

Vale la pena en este sentido recordar algunas de las sentencias en las que la Corte Constitucional que ha ido construyendo una doctrina clara sobre lo que supone defender de manera decidida la vida de las mujeres. Así, en la sentencia T-878 de 2014 del magistrado Jorge Iván Palacio, la Corte resaltó que un empleador no puede terminar un contrato de trabajo para evitarse las “molestias” que vienen con tener una empleada víctima de violencia doméstica. En la sentencia T-311 de 2018, por otra parte, la corte señaló que frente a la falta de actuaciones decididas de los funcionarios de policía, comisarías de familia y fiscalía, el juez de tutela no puede abstenerse de actuar por detectar un “error” en la demanda o dejar de tomar medidas urgentes por considerar que se “exceden” sus funciones. 

En la sentencia T-338 de 2018, se ordenó a todos los jueces de familia del país tomar capacitaciones en materia de género por considerar que el impedir a una madre tener custodia de su hija por sus actos defensivos frente al agresor implicaba desconocer la realidad de la violencia doméstica y la urgencia de proteger a las mujeres víctimas. En la sentencia T-462 de 2018, el magistrado Antonio José Lizarazo, explicó que la manipulación de los derechos del padre frente al derecho de custodia y visita de sus hijos puede constituir una forma de violencia de género y obligar a la madre a someterse a esta violencia con la amenaza de que no volverá a ver  a su hijo es violatorio de sus derechos a la vida y la integridad personal. Es clave que todos y todas conozcamos y valoremos estos avances jurisprudenciales para transformar esta experiencia y empezar a poner “la vida primero” también para las mujeres.

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