Ladrones de cuello blanco

El decreto 1444 del 92 tuvo la buena idea de amarrar el sueldo de los docentes universitarios a su calificación y productividad, pero tuvo la mala idea de dejar que los puntajes fueran evaluados por cada institución. El resultado fue escandaloso: la Universidad de Nariño o la de Pamplona tienen ahora más puntos —o sea son “mejores”— que la Nacional o la de Antioquia. Claro que la del Valle está quebrada, pero su ex rector recibe una pensión mensual de 12 millones de pesos. La Distrital tuvo tres rectores en un semestre, para que todos lograran pensionarse. En la del Atlántico andan embolatados 1.500 millones de pesos. Y estos apenas son unos ejemplos recientes.

La consecuencia de la feria es obvia: el costo por alumno de las universidades oficiales es cuatro veces mayor que el de las privadas y 2,5 veces más alto que el de las privadas de excelencia. Así que —pese al aumento anual del presupuesto— el Estado cada vez atiende un menor porcentaje de estudiantes.

Las universidades privadas buenas tampoco logran crecer: necesitan edificios, equipos y docentes bien formados que encarecen la matrícula. Pero la gente quiere educarse. Y esto alimenta las universidades-garaje, que estafan al amparo de la “autonomía” y de la desidia o corrupción de las autoridades. Disfrazados de “fundaciones” o “corporaciones”, estos negocios con dueño han crecido tres veces más rápido que las universidades de verdad en los pasados 20 años.

Usted conoce al dueño. Es un Moreno de Caro, un César Pérez García o un abogado mediocre que tuvo el lamparazo de alquilar una casa vieja, llenarla de pupitres, contratar profesores de 10.000 pesos hora, cobrar matrículas de 900.000 pesos por semestre, poner de síndico al cuñado, irse de juerga con el señor del Icfes, llamarse “rector magnífico”, bautizar el aula máxima con su nombre, enriquecerse hasta la indecencia y posar ahora de benefactor, si no de jefe político, con sucursales en cada ciudad pequeña o intermedia.

Usted conoce a las víctimas. Son la secretaria, el auxiliar contable y el bachiller mensajero que le entregaron sus ahorros y sus sueños al personaje anterior. Son los alumnos de las “universidades” más grandes de Colombia —la Antonio Nariño y la Cooperativa, con más de 50.000 matriculados cada una— igual que la de tantos dizque institutos “técnicos” o “tecnológicos”. Son los ingenuos que pagan por esas 420 “carreras” nuevas con nombre rebuscado y ninguna sustancia que aparecieron en estos 10 años. Son los estudiantes de ingeniería, educación o ciencias de la salud en programas que no cumplen los requisitos mínimos que por fin ha comenzado a promulgar el Ministerio.

Las víctimas somos todos. Porque los títulos de las universidades-garaje apenas cuentan en dos mercados: el de las profesiones liberales (por ejemplo, abogados) en el que dañan el servicio; y el de la burocracia oficial (por ejemplo, maestros), en la que encarecen la nómina sin añadir calidad. Pero no sirven en el mundo productivo: los empleadores encuestados no reconocen como “ingenieros“ sino a los egresados de ocho entre 650 programas existentes. Tampoco sirven para crear ciencia: entre 290 instituciones, apenas 17 tienen grupos de investigación que merezcan el nombre.

Y sin embargo conocemos los remedios. Un sistema nacional de información, en el cual aspirantes, familias y empleadores sepan a qué atenerse frente a cada programa. Un examen de Estado para ejercer las profesiones. Crédito estudiantil masivo en vez de matrícula gratis para los pocos privilegiados de la universidad oficial. Un sistema de becas según mérito. Escalafón nacional administrado por académicos de primer rango y sus pares del mundo. Un Fondo nacional de ciencia y tecnología para girar contra proyectos, en vez de las transferencias automáticas a la universidad oficial. Titulación por competencias comprobadas y no por horas-nalga. Distintos regímenes legales para distintos tipos de “universidad”. Autonomía para crear y no para robar.

O como dice el “compromiso” suscrito esta semana por los universitarios más lúcidos de Colombia: cobertura con calidad, financiamiento con equidad, autonomía con responsabilidad. Sólo así lograríamos entrar al siglo XXI.