LAS CERTEZAS INTIMAS

HE RECIBIDO MUCHO PALO EN LOS últimos días por la actitud blanda de esta columna frente al presidente Samper y su responsabilidad en todo lo que tiene que ver con el proceso 8.000. Que he sido condescendiente en exceso con los pecados del primer mandatario es la calificación más considerada, al lado de otras menos suaves como las de alcahueta, encubridor, cobarde, cómplive o (la más temida) sapo.
El argumento en contra es siempre el mismo. Para mis contradictores, durante el último año han caído, a cuentagotas pero de manera definitiva, todas las pruebas suficientes sobre la participación de dineros del narcotráfico en la campaña samperista, como para tener la certeza íntima de que estamos ante un caso de corrupción que obliga a quienes orientan a la opinión pública a tomar partido en contra de Ernesto Samper.
De acuerdo con esa tesis, la publicación de elementos irrefutables en contra de la inocencia de Samper, o de su campaña, lleva a la inevitable conclusión de que la responsabilidad de los comunicadores es transmitirle al país esa certeza íntima de que estamos ante un caso de corrupción y que, ante tal seguridad, la única actitud decente es la de deslegitimar al gobierno, o en el mejor de los casos distanciarse de él de manera evidente. Lo demás sería alcahuetería, encubrimiento, cobardía, complicidad o (lo más syrave) sapería.
Pero aun a riesgo de incomodar, considero mucho más peligroso para el país que la certeza íntima de la gente que mueve a la opinión pública se convierta en el elemento decisivo para descalificar, debilitar y tumbar a un presidente. Nadie, por inteligente que sea o por influyente que se crea, puede sustituir a la justicia como mecanismo civilizado de calificar el comportamiento de los ciudadanos frente al delito. Eso no quiere decir que si la justicia lo absuelve, Samper no se vaya a caer. Eso depende. Si la justicia (Fiscalía, Corte o Congreso) hace un retrato repudiable de lo que ocurrió durante la campaña, pero reconoce que la infiltración de plata del narcotráfico en beneficio de una causa política no configura un delito preestablecido, eso solo indica que no habrá cárcel de por medio. Pero no significa que no haya una sanción política que podría llegar hasta pedir la renuncia del Presidente. Ya se verá a su tiempo. (Entre paréntesis, creo que el gran enemigo de Samper no es la Fiscalía sino el Congreso, que se podría dar el gran lavado de imagen de su vida a costillas del primer mandatario).
Lo que no se puede aceptar es que la certeza íntima de unas personas se convierta en el hacha del verdugo, inclusive si esa lúcida certeza íntima de hoy llega a coincidir mañana con las versiones judiciales.
Semejante licencia solo sirve para dársela después a otros sectores -con más o menos razonamientos, con más o menos inteligencia, con más o menos buena fe- para que argumenten sus propias certezas íntimas y dejen caer la guillotina sobre otros pescuezos. Su alegato sería irrebatible: si pudieron otros contra un presidente sin juicio previo, ¿por qué no hacerlo nosotros contra cualquier otro personaje o sector?
Si cae o no cae Samper no tiene, en el fondo, ninguna importancia. Las circunstancias que rodeen es e caso hipotético determinarán si eso es definitivo o no para el futuro del país. Pero la diferencia sería inmensa si esa eventualidad ocurre antes o después de un diagnóstico judicial.
Tumbar a un gobierno dentro de las reglas del juego puede ser, según el caso, un acto de sensatez o de locura. Tumbarlo sin respetar las instancias inventadas para eso desde hace siglos, más que una insensatez, es un acto de barbarie.