Las Fugas de la Justicia

El pasado 4 de noviembre se fugó de su centro de detención en la Policía Nacional en Bogotá el mayor César Maldonado Vidales. El señor Maldonado Vidales fue condenado por un juez de la República a pena privativa de la libertad de 28 años por el atentado contra la vida del sindicalista Wilson Borja y la muerte de una señora vendedora de tintos.

En el mes de septiembre se voló de las instalaciones del Inpec un guerrillero de las Farc; en el aeropuerto El Dorado se le escapó al DAS el ciudadano puertorriqueño David Vásquez Ríos; del búnker de la Fiscalía General de la Nación en Bogotá se evadió alias 'Julián', al parecer un guerrillero de las Farc o, según otro parecer, un informante del Ejército; hace unos años se escapó alias 'Jorge 39', de la IV Brigada en Medellín, responsable del asesinato de Álex Lopera, asesor de paz del departamento de Antioquia.

Estas son las fugas evidentes de la justicia, en ellas hay habilidad de los prófugos o corrupción de los guardianes. Pero, estas no son las únicas fugas de la justicia, hay otras que demuestran dejadez y abandono.

La extradición es una de ellas. El 8 de noviembre de 2004, en ejercicio de su poder discrecional, el Presidente de la República autorizó la extradición de Gilberto Rodríguez Orejuela a Estados Unidos. Con él son más de 200 colombianos extraditados.

La extradición ha sido el recurso extremo; la última razón contra los peces gordos del narcotráfico. Muchas veces, por la dificultad de juzgarlos y sancionarlos en Colombia, pero también muchas veces para complacer al imperio, para quedar bien con 'los donantes' del Plan Colombia.

La extradición ha sido una alternativa ante la debilidad del Estado colombiano y la enorme amenaza de las mafias del narcotráfico. Ha sido una salida, inicialmente rechazada, y luego nuevamente adoptada para intimidar a los señores de la droga.

Sin embargo, la extradición no tiene metas temporales y en la medida en que se generaliza va perdiendo su impacto y su fuerza disuasoria.

La extradición debe tener límites como política criminal, no puede ser la única respuesta, no puede quedarse como el camino más fácil.

Existen otras fugas no menos graves y escandalosas de la justicia, fugas para no fortalecer la administración de justicia. Por ejemplo, cuando se le asfixia por presupuesto; cuando no se pagan los defensores públicos; cuando se nombran ministros incompetentes, o ministros para que la calumnien o la injurien; o cuando se minimiza desapareciendo el Ministerio que la debe fortalecer; o cuando se nombra un fiscal incompetente, sin conocimientos de derecho penal.

Hay una fuga mayor que es la impunidad. Por un lado, la falta de sanción; como cuando un ciudadano asiste a una Fiscalía y le dicen que denuncie primero en una inspección de policía, o que venga al otro día; y después, a los seis meses, el fiscal precluye los cargos con la excusa de la congestión judicial.

De otro lado, la impunidad se manifiesta cuando el ciudadano no tiene acceso a un tercero independiente para tramitar sus conflictos; o cuando teme formular una denuncia por la corrupción o la infiltración de actores armados que defienden otros intereses distintos a los de la justicia.

La última fuga que se ha presentado ha sido la de tramitar los procesos de paz sin procesos de verdad, sin justicia y sin reparación a las víctimas. Dicen los futuros desmovilizados que la justicia es un obstáculo para la paz, que la cárcel lo inhibe para un cese del fuego.

Colombia necesita una justicia soberana, independiente, fuerte, fundada en la dignidad y el respeto de los derechos humanos.

La administración de justicia es la función pública para hacer efectivos los derechos, las obligaciones, garantías y libertades consagradas en la Constitución y la ley con el fin de lograr la convivencia social. Sin justicia no hay democracia.

* Ex personero de Medellín y coordinador del Programa de Transparencia del IPC