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Opinión

  • | 2020/01/20 15:00

    Las marchas y el paro, responsabilidad colectiva

    Este “pelarse los dientes” los unos con los bloqueos y los otros con el Esmad golpeando ciudadanos que bloquean vías, trae consecuencias que pueden ser mortales como demuestra el asesinato de Dylan Cruz por parte de un miembro del Esmad.

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La paz de 1990 firmada hace 30 años con el M-19 y continuada con el desarrollo constitucional de 1991, fue una decisión para cerrar los ciclos de violencia política y modernizar la sociedad colombiana. 

Una Constitución para la paz dijimos en aquella época y así ha sido.

Por más de medio siglo hemos vivido violencias armadas e institucionales signadas por la política, que redujeron el debate y la posibilidad de protesta social hasta hacerlas raquíticas, conduciendo a que las movilizaciones ciudadanas, la defensa de los derechos humanos o la búsqueda de un relevo de intereses en el poder, fueran definidas como actividades insurgentes, promoción de la lucha armada, terrorismo etc, en detrimento de la construcción democrática profunda que exige el país.

La persistencia en las armas por parte las Farc hasta 2016, la actual del ELN, sumadas a las poderosas expansiones del paramilitarismo, la economía del narcotráfico y su imbricación en la sociedad y en los poderes institucionales desde mediados de los 80, significaron tres décadas más de dolor y de horrores al igual que la permanencia en el poder de las viejas élites que debieron haber sido reemplazadas por unas con visiones a tono con el cambio constitucional democrático del 91.Pero no. 

Aún seguimos en el tránsito de esta larga violencia a unos procesos parciales de paz que buscan poner fin a la mezcla de armas y política. Continuamos enfrentando la incertidumbre de si lograremos o no, evolucionar a procesos de gobierno que aborden las relaciones sociales, políticas, económicas, atendiendo las demandas del siglo XXI con herramientas de este tiempo 

En este complejo e inestable tránsito es necesario defender la expresión ciudadana, estimular una movilización social que debilite el demonio de las violencias y que encuentre en el gobierno respuestas antes que represión. 

Es necesario que la calle hable para que el poder escuche. Es necesario marginalizar la violencia en las protestas para que se fortalezca la voz de la ciudadanía diversa y activa que viene consolidándose, mucho más, ahora que los dos grandes países, el urbano y el rural confluyen con sus demandas. Es importante escuchar la calle porque las conversaciones impulsadas desde el gobierno son vistas más como un placebo institucional que como solución real a las demandas. 

Enfrentamos expresiones radicales y antidemocráticas desde diversos lados. Desde la afirmación de un agente de policía diciendo “vaya a grabar a esa alcaldesa hp” hasta la negativa de unos manifestantes que se niegan a escuchar el reclamo de suspensión de un bloqueo de vías, la decisión de involucrar al Esmad para forzar el desbloqueo de la vía por la fuerza. 

Decir “se les advirtió: si no desbloquean les damos palo”, no resuelve el reto, todo lo contrario. Los hechos anotados, reflejan visiones que nos atan al pasado. 

Este “pelarse los dientes” los unos con los bloqueos y los otros con el Esmad golpeando ciudadanos que bloquean vías, trae consecuencias que pueden ser mortales como demuestra el asesinato de Dylan Cruz por parte de un miembro del Esmad.

Asimilar bloqueos con violencia es una equivocación. Desde luego que afectan los intereses de quienes no participan de la protesta, causan efectos negativos en la dinámica de las ciudades y del país pero asimilarlos con violencia es tan equivocado como asimilar la presencia del esmad en las calles como represión institucional cuando puede ser una acción de prevención. 

¿El bloqueo de vías que no vandalice bienes públicos ni privados es aceptable?

Las famosas sentadas y las enormes marchas de Martin Luther King en los Estados Unidos de los 60s, las de hoy en Hong Kong y las del año anterior en Colombia, tienen en común haber sido reprimidas violentamente.

¿Podrán Claudia López, en Bogotá, Jorge Iván Ospina en Cali o Daniel Quintero en Medellín pasar a la historia como innovadores en la armonización de la protesta social y los intereses de quienes se oponen a ella? O, se repetirá el libreto de violencias ya conocido  

¿Cómo actuar? 

Una opción es permitir bloqueos escalonados que faciliten a quienes protestan poner en conocimiento de la ciudadanía sus razones.

Parece traído de los pelos pero es preferible un bloqueo escalonado que una buena pelea entre el ESMAD y grupos violentos porque ello deviene siempre en la desmovilización y criminalización de la protesta. En ese escenario perdemos todos.

La responsabilidad de esta jornada de marchas, cacerolazos y demás expresiones el 21 de enero, no está poniendo a prueba a los alcaldes, como dicen sus áulicos y huestes políticas. Tampoco es la visión reduccionista de Mauricio Vargas que lo convierte en una disputa entre Claudia López y Petro. Nada de eso. 

Es una jornada que pone a prueba los avances democráticos de una sociedad que viene transitando un puente anclado en una orilla del siglo XX con sus violencias políticas armadas institucionales y de las insurgencias y la constitución del 91 hasta la orilla del siglo XXI que avanza en  un escenario democrático indefinido en sus formas, sus interlocutores y tiene la certeza de que no cabe en la vieja camisa de representación política de los partidos, el congreso y demás poderes públicos. 

La responsabilidad exigida a todos, ciudadanos y funcionarios públicos, armados y desarmados es enorme. 

No importa si estamos o no de acuerdo con las razones de la protesta o con las marchas. En lo que debemos juntarnos es en que debe excluirse la violencia sin apelar a la misma y eso es tarea de todos.

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