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Opinión

  • | 2007/02/03 00:00

    Las pilatunas de Samper

    Hay que preservar para el estado la posibilidad de adelantar sin interferencias operaciones de rescate

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No ha de ser coincidencia que cuando aparecían nuevas acusaciones en su contra por el nunca bien cerrado incidente de la financiación de su campaña, Ernesto Samper propusiera la presentación de un proyecto de ley de iniciativa ciudadana sobre el llamado acuerdo humanitario. El acuerdo es popular y Samper querrá que de ello algo se le pegue. La propuesta, según informaciones de prensa, estaría dirigida a obligar al gobierno al intercambio de rehenes por guerrilleros. Alfonso Gómez Méndez, que sí sabe de derecho, advirtió que no era posible la presentación de una norma como esa, abiertamente inconstitucional porque es contraria a la facultad presidencial de dirigir las políticas de seguridad y orden público.

Se sugirió entonces que el proyecto tuviera la finalidad de 'interpretar' el alcance del derecho a la vida, en el sentido de impedir los rescates militares y policiales de secuestrados cuando tales operaciones pusieran en peligro su vida. No deja de sorprender que un ex presidente de la República no mida los alcances de semejante despropósito. Resulta obvio que una actividad militar o policial cualquiera, en la cual se usen armas de fuego, acarrea un riesgo para la vida y la integridad física de las personas. Impedir por eso operaciones de la Fuerza Pública sería condenarlas a la parálisis. Por ello la consecuencia inmediata de la propuesta es la de que no se puedan realizar operaciones de rescate, puesto que no es imaginable una hipótesis en que tales operaciones no supongan un riesgo para los rehenes. De manera que, por otra vía, el resultado es el mismo que Gómez Méndez quiso evitar: se deja el intercambio como único mecanismo para conseguir la liberación de los plagiados.

¿Habrá que decir que ese sería el triunfo definitivo de los criminales de las Farc? Conseguirían por vía de ley y con la posibilidad de alegar apoyo ciudadano lo que siempre han querido: una sociedad arrodillada frente al fusil que somete a cautiverio a centenares de compatriotas. Las consecuencias políticas, militares y éticas del despropósito son nefastas. La toma de rehenes quedaría impune, los secuestros se multiplicarían, los guerrilleros sabrían que si los atrapan alcanzarían la libertad por el camino de un nuevo intercambio y si el gobierno se negara al mismo, los secuestrados quedarían condenados a un cautiverio eterno.

Así que hay que preservar para el Estado la posibilidad de adelantar sin interferencias operaciones de rescate. Ello no significa que tales operaciones sean realizadas sin la preparación adecuada. Es obligatorio tomar todas las medidas posibles para preservar la vida de los plagiados.

No sobra recordar que la historia muestra que la realización de estas operaciones no es incompatible con la posibilidad de pagar rescates, como ocurriera con la toma de la embajada de la Republica Dominicana por el M-19, o con modalidades de acuerdos políticos de intercambio, como la operación para conseguir la libertad de Juan Carlos Gaviria. De hecho, el gobierno Uribe ha dicho en múltiples ocasiones que está dispuesto a celebrar acuerdos con algunas condiciones que no cabe ahora examinar.

En fin, es evidente que el Estado ha sido culpable por negligencia o por omisión de que miles de compatriotas hayan perdido su libertad a manos de los bandidos. De manera que es indispensable continuar con el fortalecimiento de los aparatos de seguridad ciudadana y congratularse porque en Colombia en los últimos cinco años los plagios disminuyeron en cerca del 85 por ciento (enero pasó con sólo dos nuevos secuestros). El Estado, pues, tiene su cuota de responsabilidad al no haber podido garantizar el derecho de los secuestrados.

Pero ya va siendo hora de que el ex presidente Samper deje de hacer política pandita con un tema tan delicado y que junto con los franceses entienda que si bien algo de culpa le cabe al Estado, los grandes responsables de los secuestros son los facinerosos de las Farc y que, en consecuencia, es a ellas a quienes hay que presionar para obtener la liberación de todos los rehenes. Castigar al Estado por la conducta de las Farc no sólo invierte el orden de responsabilidad, sino que debilita la lucha contra el terrorismo y les da una invaluable ventaja estratégica a los guerrilleros.
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