Las reformas de Petro: ¿pan comido?

Ningún gobierno en la historia reciente de Colombia habría dependido tanto del Congreso de la República como el gobierno electo de Gustavo Petro. La razón es clara: su visión de Estado, vocacionalmente reformista, depende en gran medida de la voluntad política del legislativo. Voluntad que hoy parece, y de sobra, asegurada.

El petrismo ha creado exitosamente un ambiente triunfalista en el Congreso que induce a pensar a la opinión pública que las reformas, y prácticamente todas aquellas propuestas desde la campaña, son pan comido. Este ambiente se sustenta en la aparente e inexistente oposición por parte de los partidos políticos que estarían llamados a ejercerla naturalmente, como el Partido Conservador, Cambio Radical y La U. Tiende además a pensarse que el único partido opositor será el solitario Centro Democrático, acompañado de minoritarios sectores cristianos.

Y para asegurar el mayor número de reformas tramitadas, el controversial Roy Barreras, ha anunciado un nuevo modelo de discusión y aprobación de los proyectos reformistas, que obligaría a los legisladores a trabajar más, a darle prioridad a los proyectos que presente el gobierno electo y a sesionar de forma simultánea para que varias reformas avancen al mismo tiempo. Estaríamos entonces ante la inminente aprobación, en tiempo récord, de -por lo menos- la reforma tributaria, la agraria, la política-anticorrupción y la creación legislativa de dos nuevos ministerios: Igualdad y mujer; y Paz, seguridad y convivencia.

Todo parece estar servido entonces para que el gobierno electo logre, con gran efectividad, cumplir varias de sus principales promesas. Pero entre más cerca esté el 20 de julio, y luego el 7 de agosto, cuando se posesione Petro, menos probable será que la expectativa reformista se concrete. Y las razones son variopintas. La naturaleza misma de las reformas priorizadas, el polémico liderazgo de Roy, la resistencia natural de ciertos sectores del Congreso, las fisuras en el mismo partido de gobierno y con sus aliados políticos; la falta de representación en el gobierno de los demás partidos políticos y el desgaste en la gobernabilidad que comenzará a enfrentar Petro.

Seguramente la tributaria avanzará con éxito, pero modulada. El éxito se deberá a la elevada conciencia política, pero también social que existe sobre su necesidad, por cuenta del fracaso de la reforma de Carrasquilla, paradójicamente. Será la principal prioridad de Petro en el Congreso porque es urgente que asegure los recursos económicos para todo o gran parte de lo que prometió. Y eso lo respaldan varios sectores políticos, pero no por los 50 billones que quiere Petro. Lo que terminará siendo aprobado seguramente no alcanzará para todo el paquete social prometido. La pregunta principal es si la reforma será tan estructural como aspira el gobierno electo, para que no solo le de caja al Estado para ejecutar todos los programas sociales, sino que además logre reducir el déficit fiscal de Colombia.

La agraria no tendrá probablemente la misma suerte de la tributaria. No cuenta con el nivel de conciencia política que requiere para un trámite expedito; contiene asuntos muy controversiales como el conflicto armado, la paz, la extracción petrolera y el desplazamiento de la ganadería, sumado al fantasma de la expropiación que tanto se alegó en campaña; requiere un alto consenso con los territorios que tomará tiempo; y se topará con una aguerrida oposición política y, eventualmente, social. Su trámite podría extenderse por más tiempo de lo planeado o podría terminar siendo una “reformita” agraria. Y no es descartable -como no pasará con la tributaria- que se enrede en el camino y termine archivada.

La discusión de los proyectos de reforma, en el primer año de gobierno, se dará en medio de la develación progresiva de la verdadera personalidad de Petro y su equipo. Veremos si se mantienen en la moderación que nos ha sorprendido, si cumplen los acuerdos con sus aliados de centro, si logran mantenerse unidos como fuerza de izquierda, si satisfacen las expectativas de liberales y conservadores de pensamiento económico neoliberal, si mantienen al margen el inminente tufo venezolano sobre la agenda política nacional y si el gabinete moderado, e incluso el de hueso petrista, no colapsa tempranamente. Nada de esto hemos visto hasta ahora, por lo que todo pareciera fluir a favor de las reformas.

El olor a las dificultades legislativas, que son naturales en cualquier gobierno, está llevando al mismo gobierno electo a comenzar, desde ya, a establecer turnos para sus reformas. Por eso quedará para el 2023, y más probablemente para el 2024, la reforma pensional y la reforma al sistema de salud, cuando parecían -desde campaña- prioridades para la primera etapa. Va quedando claro que reformas como estas, fueron mas instrumentos electorales que proyectos reformistas prioritarios. Y la reforma laboral, además de otras prometidas, podrían depender -como la de la salud y la pensional- en un segundo o tercer tiempo, de la gobernabilidad del momento. Empezaría entonces el gobierno de Petro a vivir lo que todos los gobiernos han vivido, o incluso en peores condiciones, si la oposición se fortalece con el paso de los meses, como seguramente ocurrirá.

Sin embargo, no cabe duda de que Petro comienza el juego con una importante ventaja a su favor con una configuración de inminentes mayorías para la primera etapa reformista. Sorprende la alineación de liberales y conservadores con el prometido cambio petrista, en esta primera etapa, pero pronto habrá colisión de intereses. Arriesga así bastante el presidente electo con la prueba piloto que le recomendó Roy: correr en paralelo la reforma más urgente, la tributaria, con la más importante, la agraria. Si la prueba sale bien, pan comido, demos por hecho la reforma a la salud, la pensional, y hasta las demás, incluyendo la no confesada, pero temida reforma constituyente.