Las víctimas pierden por goleada

Con la muerte de Yolanda Izquierdo, representante de cerca de 600 campesinos que ejercían el derecho a recuperar sus tierras producto del despojo de la acción de sectores de los paramilitares en Córdoba, y la de Carmen Santana en Apartadó, se confirma que en este proceso de sometimiento a la justicia, las víctimas van perdiendo por goleada.

El primer gol fue marcado aun antes de que empezara el partido, cuando el Estado y las instituciones las dejaron solas a merced de los paramilitares quienes, so pretexto de una lucha contra insurgente auspiciada por importantes sectores políticos y sociales, decidieron sembrar el terror con sus sangrientas incursiones, con el resultado de haber disciplinado comunidades enteras en un nuevo imaginario de control social y político. Ese primer gol fue un gol por ausencia primero, y luego por complicidad de sectores del Estado y del sistema político con los paramilitares. Podemos llamarlo gol institucional.

El segundo gol es de naturaleza política y se da en el momento de discusión en el Congreso de la República de la llamada Ley de Justicia y Paz. Las víctimas no estuvieron debidamente representadas, sus demandas no tuvieron eco y todo el debate se definió en términos de ofrecer herramientas al gobierno para darle marco jurídico a la desmovilización de los paramilitares, quienes vieron materializadas prácticamente todas sus pretensiones. Cuando apenas empezaba el partido, ya íbamos 2 a 0. Fue un gol político. Tuvo que intervenir la Corte Constitucional para equilibrar las cargas, y adaptar la Ley de Justicia y Paz a los estándares internacionales, al subordinar los beneficios en justicia a una confesión completa y a una reparación integral de las víctimas. Esa corrección de cargas ha querido atribuírsela el gobierno como parte de su política de paz y reconciliación. No es cierto, si no hubiera sido porque la Corte se atraviesa a la manera como se estaba jugando el partido, sin fair play, las cosas habrían sido peores.

Este descuento en el marcador no fue suficiente para que el gobierno insistiera en seguir jugando sucio. Trató de expedir una serie de decretos y de reglamentaciones que daban al traste con el fallo de la Corte, sin resultado, pues encontró que no existía consenso para que se siguiera desconociendo a las víctimas. Finalmente, tuvo que aceptar que las reglas de juego no sólo se definían en la acción política, sino que la ética y el derecho también contaban.

Cuando se pensaba que el partido se empezaba a equilibrar, en el sentido de conciliar un horizonte sostenible de paz con la reivindicación de la dignidad de las víctimas, ingresó un nuevo jugador: la Comisión Nacional de Reconciliación y Reparación que, en cabeza de su director, Eduardo Pizarro, entró a propiciar un sentimiento anti víctima: que no hay tanta plata, que hay mucho avivato haciéndose pasar por víctima, que este es un proceso ejemplar en el mundo en medio de un conflicto, y que no hay que hurgar mucho en el pasado ni en las reivindicaciones de justicia para no tirarse la negociación. Este nuevo dueño del balón ha dicho, como en los viejos partidos de barrio: o juegan con nuestras condiciones o me llevo el balón.

El segundo tiempo empieza en la Fiscalía, y allí se han dado todas las garantías a los paramilitares, y muy pocas o ninguna a las víctimas. El propio Fiscal General –buen aficionado al fútbol, por lo demás– salió muy tieso y muy majo saludando al volante de armado de los paramilitares –en este caso es literal–, señor Salvatore Mancuso, y no ha tenido el gesto de hacer lo propio con las víctimas, enviando un mensaje equívoco sobre equilibrios procesales que se ha visto reflejado en la forma como se han realizado las audiencias. En su mayoría, las víctimas no han podido ingresar a éstas para controvertir los dichos de los paras y no han logrado su justa demanda de que sean públicas. El árbitro parece haberse vuelto localista, siendo laxo con las exigencias de unos, y riguroso y estricto con las demandas de aquellas. Ahí se produce el tercer gol al proceso. Un gol jurídico-procesal.

Ante la falta de garantías, las víctimas tratan de mirar a la veeduría internacional –algo así como la Fifa–, pero encuentran que un señor Corlazolli, de la Oficina del Alto Comisionado para Naciones Unidas, desde su llegada al país ha tenido al organismo en un mutismo inconcebible, para beneplácito del Vicepresidente, quien finalmente parece haberse quitado un sambenito de encima en el tema de derechos humanos. Es el cuarto gol, porque la OEA tampoco es que haya sido muy activa en exigir que se suban los estándares internacionales en la aplicación de la Ley de Justicia y Paz. El señor Caramagna comparte palco cómodamente con los funcionarios gubernamentales en este doloroso partido, y sólo atina a decir que eso no hace parte de su mandato. La Iglesia, quien debería jugar un rol más activo en defensa de las víctimas, tampoco ha contribuido a desactivar el clima de opinión adverso que se ha ido creando en torno de sus legítimas reivindicaciones.

Las muertes de Yolanda Izquierdo, Óscar Cuadrado, Gustavo Espitia, y ahora Carmen Santana, constituyen una seguidilla de goles al proceso, ante la indolencia y la pasividad de las autoridades. Por hechos menos graves, cuando el partido es con las Farc, por ejemplo, al presidente Uribe se le ve mucho más descompuesto e indignado. La impracticable medida de la congelación de los bienes de los jefes paras como respuesta a la muerte de la señora Izquierdo no se compadece con la gravedad del hecho.

De aquí hasta cuando termine el partido, las víctimas están notificadas: habrá juego sucio y es muy poco lo que se puede hacer, porque, como bien lo señala el analista Alfredo Rangel con su habitual pragmatismo de corto plazo: que las víctimas dejen de joder, que esto es resultado de una negociación política donde ellas no cuentan. Lo demás es fundamentalismo justiciero y maximalismo moral de gente que quiere tirarse el proceso. El partido lo van perdiendo las víctimas por goleada, con un árbitro parcializado, una fanaticada mayoritariamente entusiasta con el modelo de negociación ajeno a las demandas de la gente que venía siendo representada por personas valientes y valiosas como Yolanda Izquierdo, con una comunidad internacional legitimando éste espíritu de juego y una opinión pública adormecida en la defensa de sus intereses.

Este partido local seguramente lo perderán porque prima el cálculo de suma cero: todo lo que se le pueda quitar a las víctimas es leído como un avance en el proceso. El principio es que ellas deben seguir sacrificándose para lograr un horizonte de paz a cualquier precio y cualquier exigencia será leída como un palo en las ruedas. Pero se equivocan si siguen apostando al oportunismo de corto plazo. Este resultado local no será sostenible cuando haya que jugar otros partidos más definitivos en otros escenarios, bien en el nivel mundial con la Corte Penal Internacional, donde las cosas serán a otro precio o, para no ir muy lejos, en el nivel continental, en un torneo que seguramente será patrocinado con gusto por Dea Airlines.

(*)Docente – Investigador de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. jicuervo@cable.net.co