El miedo de los militares

El discurso de despedida del general Leonardo Barrero, comandante general de las Fuerzas Militares, es una pieza clave para entender lo que ocurre en el interior de la fuerza pública. Refleja una brutal inconsciencia sobre la suprema gravedad de las ejecuciones extrajudiciales, mal llamadas falsos posi-

tivos; refleja también el profundo temor y la desconfianza de los militares con los acuerdos de paz de La Habana.

Dice el general Barrero: “Mi retiro, que obedece a una decisión política, se produce por un infortunado episodio, relacionado con una conversación privada de hace dos años, con un oficial subalterno sindicado, mas no condenado, por el delito de homicidio, quien me manifestó su inquietud por un presunto montaje en contra suya y ante la gravedad de lo comentado, empleé expresiones inapropiadas, por lo cual reitero mis disculpas al ente investigador”.

No es un simple homicidio. Es la ejecución pavorosa de dos campesinos como parte de la inmensa cadena de falsos positivos, quizás el acontecimiento más vergonzoso en toda la historia de las Fuerzas Militares. No son simples “expresiones inapropiadas”. Es un llamado a atacar a la Fiscalía y una exhortación a delinquir: “No dejarse joder de esos hp fiscales y armarse como una mafia para denunciarlos”. No es una decisión política. Es un acto obligado del presidente de la República. Era imposible que el primer mandatario pasara por alto este hecho.

Ahora bien, que un oficial del que no se tienen noticias de grandes desafueros y transgresiones a la ley, que un oficial de gran reputación, se atreva a tener este tipo de conversaciones con un subalterno acusado de cosas tan horrendas, muestra que en la cúpula militar y policial no hay plena conciencia del daño que le han hecho a la fuerza pública los más de 1.000 casos de falsos positivos. Los altos oficiales no han comprendido que es obligatoria una actitud drástica, vertical, preventiva, contra cualquier militar implicado en estos crímenes. No entienden que contemporizar con estas conductas promueve la impunidad y estimula a los subalternos a que continúen golpeando a la población inerme.

Dice Barrero: “Tengo la esperanza de que, con la unión de esfuerzos y el compromiso que nos caracteriza, nuestra institución no será objeto de negociación en escenario alguno, presente o futuro y bajo ninguna circunstancia”. Y agregó: “Invito a los soldados de tierra, mar, aire y río de las gloriosas Fuerzas Militares de Colombia a continuar acompañando la valiosa gestión del señor general de la reserva activa Jorge Enrique Mora Rangel, nuestro representante en la mesa de conversaciones de La Habana, quien con dignidad y carácter afronta un reto que exige pleno compromiso institucional”.

No es una voz aislada. Se sabe que en las filas, en todas, en sus principales mandos y en los subalternos, hay miedo, mucho miedo, a que en La Habana negocien su futuro, a que la paz implique un severo juicio a las conductas de la fuerza pública. No tienen confianza en Santos. No confían en los negociadores civiles de la paz. Solo en Mora Rangel, al que consideran su representante, no un designado del presidente para llevar la voz de todos los colombianos.

El discurso es una campanada de alerta para el gobierno, para todos los dirigentes políticos, para la opinión pública. Tenemos que ponerle mucho cuidado a lo que sienten los militares en esta coyuntura histórica. Tenemos el deber de condenar actitudes o palabras que insinúen la insubordinación o el ataque embozado al sueño de paz de los colombianos. Pero, sobre todo, tenemos la obligación de comprender sus angustias y responder sus inquietudes. Los militares tienen un temor legítimo a que miles de soldados y policías acusados de delitos en medio del conflicto armado sean drásticamente castigados mientras los guerrilleros reciben generosos beneficios jurídicos.

El presidente Santos, en el acto de posesión de la nueva cúpula, ha enviado un mensaje de tranquilidad a las Fuerzas Armadas. Ha dicho que los beneficios judiciales serán iguales para militares y guerrilleros y que cualquier reforma a las instituciones militares y policiales será concertada con los generales del país y por fuera de las negociaciones de La Habana.

No basta con esto. Es necesario abrir un debate público para mostrar que la verdad, la Justicia y la reparación tendrán una connotación eminentemente política, en función de la reconciliación, que no se tratará de un proceso de retaliaciones judiciales contra alguna de las partes en conflicto.