La locura de Iván Márquez y Álvaro Uribe

“Que no haya impunidad para quien llegó a la Presidencia con la ayuda de los fusiles humeantes de los capos paramilitares Carlos Castaño, Mancuso y Jorge 40” le dijo Iván Márquez a Álvaro Uribe. Es la respuesta a las muchas veces en que Uribe ha demandado que los jefes guerrilleros vayan a la cárcel después de firmado el acuerdo de paz. O, como dijo Óscar Iván Zuluaga, candidato del uribismo:

“En caso de ganar la Presidencia no permitiré que Iván Márquez llegue al Congreso sin pagar cárcel”.

Con estas declaraciones como telón de fondo entraremos muy pronto a la discusión sobre la verdad, la justicia y la reparación en la mesa de La Habana. Es un punto de partida muy malo. Es una verdadera locura que quienes han encabezado este confrontación armada tan cruel, tan inhumana, tan sucia, tan adversa a los derechos humanos y al derecho humanitario, estén buscando la cárcel para sus adversarios como colofón de un acuerdo de paz.

Entiendo cuando una víctima en medio de su dolor clama por un castigo ejemplar para su victimario. Entiendo cuando una organización de derechos humanos o una Corte de Justicia se la juegan a llevar a la cárcel a líderes guerrilleros, a militares y a políticos que han promovido, facilitado o ejecutado acciones que vulneraron la dignidad y la vida de la población civil, esa es su misión.

Pero no me cabe en la cabeza que Márquez y Uribe se pongan en esa tarea. Están lanzando una piedra al aire para que les caiga sobre su propia cabeza. Ninguno de los dos podrá salir bien librado si el proceso de paz termina en una judicialización generalizada. Ninguno de los dos se salvará de la cárcel si en vez de una verdad política que contribuya a la reconciliación se impone en estas negociaciones una verdad judicial orientada al castigo con cárcel para los jefes de la guerra. Voy aún más lejos: si la verdad judicial y la cárcel se imponen, la paz y la reconciliación se vienen al suelo.

Contra Iván Márquez se han proferido 30 condenas judiciales, buena parte de ellas por delitos contra la población civil. No es para menos. Las Farc, sobre todo entre 1995 y 2005, se fueron a lo profundo de las montañas a construir un gran ejército y a plantarle una guerra de movimientos al Estado y en ese ejercicio echaron mano del secuestro, ‘limpiaron’ sus territorios de poblaciones que no seguían sus designios lanzando al desplazamiento o a la muerte a civiles indefensos, también segaron la vida de miembros de la fuerza pública por fuera del combate.

Sobre Álvaro Uribe pesan cientos de procesos judiciales en el exterior y en Colombia, muchos de ellos por graves violaciones a los derechos humanos. Es apenas lógico. Uribe estuvo a cargo de la Aerocivil entre 1980 y 1982 cuando el tráfico de marihuana y cocaína empezaba su auge y los narcotraficantes se hicieron a numerosas pistas y a flotillas de aviones y helicópteros; fue alcalde de Medellín en el momento en que, en esa ciudad, personas de su entorno familiar y social, formaron el MAS, muerte a secuestradores, pionero de las grandes estructuras paramilitares; fungió como gobernador de Antioquia cuando, en las cumbres de comandantes de 1997 y 1998, en Urabá, se fundaron las Autodefensas Unidas de Colombia; ejerció como presidente de la República en los días azarosos en que tomaron fuerza inusitada los falsos positivos que colmaron de ignominia al Ejército del cual él era comandante en jefe. Es imposible que todo esto le fuera ajeno.

Con la conciencia plena de esta amarga situación el presidente Santos y el Congreso de Colombia escogieron el camino de la Justicia Transicional como mecanismo para hacer viable la reconciliación y aprobaron el “Marco Jurídico para la Paz”. El otro camino que existe en el mundo es el Tratado de Roma o Corte Penal Internacional al que alude con mucha frecuencia Uribe. Son alternativas legítimas y totalmente distintas consagradas por la comunidad internacional. En la una se juzga y se condena pero se privilegian la verdad, la reparación y el compromiso de no repetición y se acude a penas alternativas a la hora del castigo. En la otra toma fuerza el expediente punitivo y la cárcel es inevitable.

Pero para que se abra paso plenamente la Justicia Transicional es menester que los jefes de la confrontación empiecen por desechar la locura de vengar con cárcel las afrentas de su enemigo.